Cuando los bumangueses se preparaban para iniciar el nuevo año de la mejor manera, fueron sorprendidos con el incremento excesivo del valor del impuesto predial. Las alzas, que en algunos casos llegan al 100% de lo pagado el año anterior, son consecuencia de la actualización catastral que hace el Instituto Agustín Codazzi, Igac, que se realiza cada cinco años, y que busca que el valor catastral del inmueble refleje su real valor comercial. Para adelantar esta actualización, la Alcaldía de Bucaramanga contrató a la Universidad Distrital. El proceso se llevó a cabo en el 60% de la ciudad.
Si bien esta actualización catastral responde a una instrucción normativa, los valores arrojados no corresponden a la realidad económica de la ciudad. Por eso sorprende la actitud indolente de la Alcaldía de Bucaramanga, que sin importar el incremento excesivo dio como plazo perentorio de pago el 31 de enero de este año. Basta dar un paseo por las calles de la capital santandereana y observar el elevado número de avisos de viviendas en venta o visitar los centros comerciales y ver los locales que han debido cerrar, para entender que la ciudad atraviesa un difícil momento económico, consecuencia de los años más recientes. Muchas empresas han debido disminuir el número de trabajadores, las ventas de inmuebles se han frenado, sectores tradicionalmente fuertes, como el petrolero, han sido golpeados, entre muchas otras realidades, dan cuenta de que ha sido lenta la recuperación económica de la ciudad. Por eso, asumir un pago como el cobrado por concepto de predial hoy es una carga económica difícil para cualquier bumangués.
Por supuesto que no se trata de desconocer lo que por mandato la ley obliga. Pero no puede ser que la Alcaldía asuma una actitud desinteresada ante este incremento desmesurado del impuesto y que este proceso se haya llevado sin escuchar las voces de los gremios y sin prever posibilidades de pago para los ciudadanos. Es necesario que desde la administración se acoja la petición de diversos sectores de otorgar mayores plazos y descuentos para el pago de este tributo y que se dé respuesta rápida desde el Igac a aquellas reclamaciones de ciudadanos que consideran que el nuevo avalúo no se corresponde con el valor real de los inmuebles.
La labor de una administración no puede ser la de simple recaudadora; es su deber también buscar alternativas de solución para sus ciudadanos.
