sábado 25 de julio de 2009 - 10:00 AM

Procederes que sonrojan

Al escudriñar los periodistas las actuaciones y procederes profesionales de aquellos ciudadanos a quienes el Presidente de la República incluyó en la terna para Fiscal General de la Nación, salieron a la luz pública hechos que han ocurrido a lo largo de los últimos años con más frecuencia de lo imaginado y que ponen en evidencia que personas de muy buena reputación incurren en procederes que dejan mucho qué desear.

Es cierto que luego de cesar en sus funciones como magistrados de alguna de las Altas Cortes, un considerable número de juristas enaltecen su prestigio y condición y con ponderación y sensatez  ejercen su profesión de Abogados, guardando respetuosa distancia con quienes administran justicia; pero es una verdad de a puño el que hay quienes luego de salir de alguna de tales Corporaciones de la administración de Justicia, hacen un uso abusivo de sus relaciones con funcionarios de ellas y ejercen censurable presión para defender los intereses económicos de los particulares que contratan sus servicios profesionales.

¿Constituye tal proceder un delito? En torno a ello hay un agudo debate pero más allá del prisma con el que se mire el asunto y la conclusión a la que se llegue, deja qué desear el que se abuse de la condición de ex magistrado para lograr sentencias que son producto no de su sabiduría jurídica, sino de sus influencias y de la telaraña de compadrazgos que tejieron durante el tiempo en el que fueron jueces. Ello choca con la ética y la moral.

Abochorna el oír, a través de medios de comunicación, conversaciones telefónicas en las que se habla de procesos, intereses particulares y el sentido que debe orientar las decisiones de los jueces, como si éstas tuvieran valor de cambio, como si fueran mercancías.

Ello es consecuencia de que en el país se ha caído en la antiética costumbre de ejercer presión a través de abogados de renombre para buscar que se falle un proceso en este o aquel sentido. A eso lo llaman hacer cabildeo.

La forma como en Colombia se procede en tales casos, riñe con la transparencia y está a muy corto trecho de la corrupción.

En los países anglosajones el lobby o cabildeo está regulado, es visible y tiene control y vigilancia estatal. Entre nosotros no está regido por la Ley y altas sumas de dinero corren en forma subrepticia para ello. Un ejemplo es lo que ocurrió al examinar la contabilidad de DMG, al quedar demostrado que más de 600 millones de pesos se le entregaron a un abogado para hacer lobby ante congresistas con el fin de que se convirtiera en ley un proyecto determinado.

La conducta comentada choca con el debido equilibrio que debe haber entre las partes que dirimen una controversia ante los Jueces, no tiene justificación ni excusa y demuestra que quienes así actúan tienen una ética maleable y poco confiable. 

 

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