jueves 21 de mayo de 2020 - 12:00 AM

Pronta y cumplida justicia en caso de doble feminicidio de dos estudiantes de la UIS

En el caso de las estudiantes de la UIS, tenemos una sentencia pronta, una tipificación de feminicidio agravado y una pena muy cercana al máximo posible...
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Una pena de 45 años de cárcel espera a Argemiro Urrego, el hombre que, de manera despiadada, acabó con la vida de dos jóvenes estudiantes de la UIS, Angie Paola Cruz Ariza y Manuela Betancur, un doble feminicidio que sacudió al país y en especial a nuestra ciudad, por el alto grado de violencia y por el dolor que causó la manera como se truncó la vida de dos mujeres que comenzaban su vida. El delito tipificado fue el de feminicidio agravado en concurso homogéneo. El hombre fue detenido la noche del crimen, el pasado 7 de febrero, y esta semana oyó la sentencia que lo llevará casi que lo que le queda de vida a prisión.

El caso de Rosa Elvira Cely, que tocó hasta la última fibra de dolor e indignación de los colombianos, llevó a la detención del responsable, su condena por la justicia y el trámite y posterior aprobación de la Ley 1761 de 2015 (bautizada con el nombre de la víctima), que le dio al feminicidio el reconocimiento como delito autónomo y estableció penas de hasta 50 años de prisión. Pero si bien esto es, sin duda, un avance en la lucha de las mujeres porque se reconociera el grado mortal de violencia a que están sometidas, lo cierto es que en la aplicación de esta figura penal son múltiples las dudas y denuncias que hacen las organizaciones de mujeres, pues consideran que son muchos los casos en los que una mujer es asesinada en virtud de su condición de tal, pero los jueces no califican el delito como feminicidio, creando en ese momento procesal un boquete a la Ley 1761, por el que se da curso a la impunidad o a condenas muy inferiores a las que deben recibir quienes son juzgados.

En el caso de las estudiantes de la UIS, tenemos una sentencia pronta, una tipificación de feminicidio agravado y una pena muy cercana al máximo posible, que debe servir para que se envíe el mensaje a los agresores de que este tipo de crímenes no quedará impune, para reparar moralmente a las familias y como precedente para que los operadores judiciales se propongan superar los condicionamientos machistas que han determinado a nuestra sociedad en todas sus expresiones, incluyendo la justicia, y valoren desde perspectivas más pluralistas y objetivas los hechos de violencia contra la mujer, incluyendo, claro está, la calificación de feminicidio, cuando a ello haya lugar, en aras de llegar a veredictos más ajustados a la realidad de violencia contra la mujer colombiana.

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