martes 07 de mayo de 2019 - 12:00 AM

¿Quién está detrás de los atentados a los líderes sociales?

Lejos de tratarse de “hechos aislados”, como en algún momento se quiso decir por parte del Gobierno, existe en el país una constante de violencia contra los líderes sociales

El sábado en la tarde, en zona rural de Santander de Quilichao, en el Cauca, varios líderes de la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca, se encontraban reunidos, preparándose para el encuentro con el Gobierno que sostendrán el próximo miércoles 8 de mayo, en el marco de los acuerdos con la Minga. Sobre las 5:30 pm, el grupo de líderes fue atacado por hombres armados, que dispararon y lanzaron una granada.

La líder social Francia Márquez Mina fue herida, al igual que dos de sus escoltas, miembros de la Unidad Nacional Protección (UNP), que respondieron al ataque. La mujer fue quien denunció en sus redes sociales el atentado.

Francia Márquez es una activista, que obtuvo el Premio Medioambiental Goldman 2018, por su defensa de los derechos de la comunidad afro. En 2014, tuvo que salir de su región por las amenazas de los grupos paramilitares, y este fin de semana logró escapar de nuevo de la muerte.

El de Francia es uno de los cientos de atentados que han sufrido los líderes sociales en los últimos años. Según un informe de la oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en lo corrido del 2019 han sido asesinados 29 líderes y defensores de Derechos Humanos; en el 2018 se presentaron 113 homicidios, que sumados a las cifras que se llevan desde el 2016, el número de muertes ronda los 400 líderes asesinados en el país.

Los departamentos donde más han ocurrido ataques son Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, Putumayo, Nariño, Córdoba, Meta y Caquetá.

Lejos de tratarse de “hechos aislados”, como en algún momento se quiso decir por parte del Gobierno, existe en el país una constante de violencia contra los líderes sociales, que según las investigaciones, ha estado ligada a disputas por el cultivo de coca, la minería ilegal y la restitución de tierras.

Están asesinando a los líderes sociales y sus crímenes están impunes. Además, el Estado está sobrepasado en su capacidad de protección, pues el personal y recursos de la UNP es insuficiente para la cantidad de personas que necesitan protección en el país, mientras otros que no lo requieren ostentan esquemas de seguridad.

Es prioritario que el Gobierno ponga sobre la mesa esta realidad, que el país esclarezca quiénes están detrás del asesinato de líderes, que se garantice su vida y que se condene a todos aquellos que han hecho de la guerra su negocio.

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