lunes 08 de marzo de 2021 - 12:00 AM

Se requieren acciones definitivas en favor de la población asentada en zonas de riesgo

Las particulares características de la tierra, especialmente de Bucaramanga, pero también de vastas zonas en los restantes municipios del área, deben hacernos reaccionar para exigir no solamente acciones serias y de largo plazo para proteger las miles de familias que viven en permanente riesgos.
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Excepto por algunas líneas generales que trazaron a mediados del siglo pasado los planificadores de la ciudad y el área metropolitana, ejecutada con juicio y responsable continuidad por varios alcaldes designados y luego los primeros alcaldes elegidos popularmente en Bucaramanga, la manera como han crecido las ciudades hoy conurbadas no respondió a un criterio de planeación, sino que los municipios se extendieron en todos los sentidos posibles, con anarquía, sobre terrenos deleznables y en procesos de invasiones que crearon centenares de pequeñas comunidades en pobreza extrema y en permanente riesgo.

Hoy esa situación, lejos de detenerse, continúa creciendo a un ritmo muy superior al que puede responder cada municipio, por lo que los pequeños asentamientos se van convirtiendo en grandes barrios que están frente a peligros naturales evidentes que las administraciones no logran controlar o eliminar, hasta que, como acaba de suceder, es la justicia la que obliga las acciones que, por la inconsciencia de los políticos o la tardanza de la administración, no se han acometido.

Es lo que ocurrió en los terrenos que bordean las quebradas La Guayana y Menzulí de Floridablanca, para los que el Tribunal Administrativo de Santander, emitió, en primera instancia, una sentencia que ordena la realización de todas las acciones necesarias para que se pueda salvaguardar la integridad de las decenas de familias en riesgo de ser afectadas por estas corrientes, específicamente las que residen en el barrio El Chino, y aunque la respuesta de la justicia en este caso es consecuente y hasta esperanzadora, la verdad es que su alcance frente al fenómeno es mínimo si pensamos en el interminable inventario de comunidades con riesgos similares en el área metropolitana.

Las particulares características de la tierra, especialmente de Bucaramanga, pero también de vastas zonas en los restantes municipios del área, deben hacernos reaccionar para exigir no solamente acciones serias y de largo plazo para proteger las miles de familias que viven en permanente riesgo sobre terrenos inadecuados, sino para que, lejos de mezquindades y fanatismos regionalistas, tomemos con seriedad el proyecto de la planeación metropolitana dentro del que, necesariamente, entran estos asuntos de reubicación de comunidades, control de la erosión y demás peligros que afrontan hoy los ciudadanos de los cuatro municipios. Planeación, educación, acción gubernamental y control son solo parte de los elementos a tener en cuenta para que podamos superar, por fin, esta vieja y perjudicial problemática de los asentamientos en zonas de riesgo en el área metropolitana.

editorial
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