sábado 13 de abril de 2019 - 12:00 AM

Un balance gris

Hay áreas en las que el Estado está ejecutando compromisos, pero en otras debe redoblar esfuerzos, pues en su implementación hay retrasos.

En los Acuerdos de La Habana, el Estado contrajo una serie de compromisos para cumplirlos en el postconflicto. De su ejecución depende el desarme de los espíritus en la Colombia profunda y que haya futuro en extensas regiones condenadas desde siempre por el Estado central al abandono y, durante décadas, vapuleadas por la violencia. Implementarlos es difícil, pero es deber y obligación del Estado.

La opinión pública urbana y los medios de comunicación se han fijado, básicamente, en la JEP, en las objeciones a dicho Tribunal presentadas por el Presidente, en el asunto ‘Santrich’, en la oposición de un sector político a lo firmado en La Habana y ha quedado relegado lo más significativo, los compromisos del postconflicto con el sector rural y la Colombia profunda.

El Instituto Kroc, escogido por el Estado y las Farc, para hacer seguimiento a la implementación de tales compromisos, analiza asuntos distintos de aquellos que son foco del debate político y destaca los grises que hay en el cumplimiento de dichos compromisos.

Para tal Instituto, hay áreas en las que el Estado está ejecutando compromisos, pero en otras debe redoblar esfuerzos, pues en su implementación hay retrasos como ocurre con el acceso a tierras, con el proveer de bienes y servicios públicos a los territorios más apartados y el garantizar la seguridad física de los desmovilizados frente a la ola de asesinatos de líderes sociales y las amenazas que sufren las comunidades que aceptaron la sustitución de cultivos ilícitos.

Dos programas fundamentales hay: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que apenas acaba de empezar, y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que funciona a medias. Este debe atender a los 170 municipios más pobres y afectados por el conflicto interno armado.

Desafortunadamente, el Estado ha incumplido con los pagos ofrecidos a algo más de 99 mil familias que participan en la sustitución de cultivos ilícitos; muchas de ellas piensan volver a sembrar coca ante tal incumplimiento. El Instituto Kroc considera crítico definir qué sucederá en agosto con los espacios territoriales y quienes allí viven. A su vez, los procesos judiciales a desmovilizados no avanzan y la JEP luce lenta frente a los requerimientos de verdad, justicia y reparación dentro del marco establecido en el acuerdo.

Así, el panorama de cumplimiento de los acuerdos es gris y las elecciones de octubre serán fundamentales para establecer cómo van las cosas en la Colombia profunda de la democracia.

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