sábado 22 de agosto de 2009 - 10:00 AM

Un complot inaudito

Con estupor se enteró anteayer Colombia que oscuras mentes están fraguando letales atentados contra las vidas de Augusto Ibáñez (presidente de la Corte Suprema de Justicia), Jaime Alberto Arrubla Paucar (vicepresidente de la citada corporación de Justicia), Germán Vargas Lleras (candidato presidencial), Rodrigo Lara Restrepo (senador de la República) y Víctor G Ricardo (ex comisionado de paz).Como si lo anterior fuera poco, a la oficina de presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Julio Enrique Socha, a manera de satánica advertencia le enviaron un sufragio.

El país, parece que con candor, consideraba ya superada la etapa de atentados contra las vidas de personalidades de la política y de miembros de la Rama Judicial del Poder Público, pero esta noticia le llegó como una bofetada para que despierte.

Más allá de las medidas de protección que implementen las autoridades competentes para evitar que se vuelva realidad tan siniestro plan, causa dolor de alma que Colombia siga siendo teatro de los designios de la más siniestra delincuencia, aquella que cree que quitando la vida a colombianos notables puede generar en la sociedad miedo en proporción tan alta, que el caos subsiguiente sería el momento ideal para avanzar en sus designios de llevar al caos a nuestra comunidad.

Es una amarga realidad el que en Colombia el asesinar figuras destacadas de la colectividad es una estrategia válida para someter a las instituciones y a la opinión pública, ya que las cortinas de humo que en torno a las investigaciones de tales crímenes se tienden, impiden que ellas avancen efectivamente y esa es la prenda de garantía de la impunidad que buscan para sus crímenes las dantescas mentes que los planean.

Estos días se ha puesto de manifiesto que asesinatos tales como los  de Álvaro Gómez Hurtado y Luis Carlos Galán, fueron unos complejos, siniestros y exitosos complots en los que intervinieron maleantes coaligados con unidades de las Fuerzas Armadas, la Policía y los organismos de seguridad del Estado. Y todo, cubierto por la impunidad.

Así las cosas, el investigar este plan que está saliendo a la luz pública no puede quedarse en maniobras superficiales, ni en golpes de fachada que desvían la atención del país y los medios de comunicación, para que los verdaderos delincuentes evadan la acción de la Justicia.

Organismos estatales como la Policía Nacional, tienen la obligación no solo de frustrar cualquier tentativa de la dimensión de la citada, sino de informarle al país qué oscuros personajes hay tras bambalinas planeando episodios tan siniestros y cuáles son sus móviles verdaderos, es decir, qué es lo que pretenden lograr al producir esos actos de terror.

Colombia no puede seguir siendo escenario de hechos como estos y no hay excusa válida alguna para justificar ese infecundo actuar de los cuerpos de seguridad del Estado. 

 

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