jueves 29 de octubre de 2020 - 12:00 AM

Un fallo que debe cumplirse sin excusas

La Alcaldía de Floridablanca debe recuperar el espacio público correspondiente, lo que implica materializar órdenes de restitución y ordenar diligencias de desalojo en terrenos públicos...
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Como resultado de una Acción Popular, el Juzgado Tercero Administrativo Oral de Bucaramanga profirió un fallo de primera instancia que, en pocas palabras, ordena a la Alcaldía de Floridablanca, en un tiempo no mayor a dos meses, restituir para el uso comunitario 28.776 metros cuadrados de terrenos de espacios públicos que, según determinó el juzgado, fueron invadidos y privatizados por más de 20 años por particulares que dieron a tales tierras, que son del Estado, usos indebidos en provecho propio.

Desde hace varias semanas este diario ha hecho varias publicaciones y comentarios editoriales relacionados con la necesidad de que se dé oportunamente la acción de las entidades ambientales municipales y metropolitanas en la contención de invasiones y parcelaciones ilegales, en zonas que pertenecen al Estado y que muchas veces se encuentran en terrenos de alto riesgo, lo que representa un grave peligro para la seguridad y la vida de quienes allí se asientan.

Según los fundamentos de la decisión judicial, la idea de recuperar estos terrenos debe terminar en el uso de ese espacio para la población residente en cercanías de los sectores de Palomitas y El Bosque, principalmente, representado esto en fortalecimiento y cuidado de zonas verdes, parques, senderos, equipamiento para recreación y deporte, escenarios para actividades culturales, sitios de encuentro familiar y comunitario, etc. Es decir, que una vez recuperado, el espacio público cumpla la función debida, como elemento de unidad y uso ciudadano.

La Alcaldía de Floridablanca, entonces, de acuerdo con lo ordenado en el fallo, debe adelantar las actuaciones policivas, administrativas y judiciales que se requieran para cumplir con lo ordenado, es decir, recuperar el espacio público correspondiente, lo que implica tareas complejas como materializar órdenes de restitución y ordenar diligencias de desalojo en donde exista el caso de ocupación de hecho de los terrenos públicos.

Hasta el momento de esta decisión en primera instancia, lo que queda claro es que los procesos que deberían darse naturalmente de protección de los terrenos de uso comunitario y de vital importancia ecológica y ambiental no ocurren de tal forma y solo mediante la organización social y sus voceros auténticos y legales puede lograrse que se respeten derechos que atañen a los vecinos de los predios en disputa, como es este caso, pero que, finalmente, por su impacto ambiental a largo plazo, termina beneficiando a la población metropolitana.

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