viernes 27 de noviembre de 2009 - 10:00 AM

Un fiasco llamado Ley de Justicia y Paz

Ayer comenzó en España un encuentro judicial y académico en el que se examina la Ley de Justicia y Paz. En él participan magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General (encargado), quien explicó ante el auditorio el funcionamiento de tal sistema judicial.

La Ley de Justicia y Paz se concibió como un sistema especial y experimental; se anunció como un éxito y despertó muchas expectativas, pero hoy, tras 4 años de vigencia, se sabe que ha sido un gran fiasco porque si bien la Fiscalía ha imputado cargos por más de 90 mil delitos, solo se ha podido proferir una sentencia que fue 'tumbada' en segunda instancia. ¿Por qué ha sido tan ineficaz? Por varias causas. Su texto y las figuras jurídicas que pretende desarrollar tienen grandes vacíos, el Estado no la ha dotado de suficientes recursos económicos, los requisitos exigidos para que contra un acusado se pueda proferir sentencia condenatoria son tantos, que es una utopía pensar que podrá haber una sola condena efectiva o bien, pasará mucho tiempo antes de que se conozca una, pese a que como se dijo, la Fiscalía ha establecido la comisión de más de 90 mil delitos.

La jurisprudencia ha tratado de llenar las falencias de esta Ley, ha permitido las imputaciones parciales, pero exigencias tales como el que antes de proferir una sentencia condenatoria se deben establecer todas las conductas delictivas del procesado y del bloque paramilitar al que perteneció, han impedido que los jueces puedan actuar con eficacia. ¿Puede acaso enumerarse el número exacto de delitos cometidos por una unidad paramilitar en su accionar armado irregular?

Pero ello no es todo ya que entre el momento en que los acusados rinden versión libre y aquel en que se legalizan cargos en su contra, deben mediar solo 60 días. ¿No es eso utópico?

A todo lo anterior hay que sumarle que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, manifestó que para legalizar cargos contra un paramilitar se deben reunir 30 requisitos tales como los antecedentes del acusado y de la totalidad de los miembros del bloque al que perteneció (incluso de quienes no se hayan desmovilizado), los estatutos, las fuentes de financiación de tal unidad, el por qué no coincide el número de armas con el número de desmovilizados, la cantidad de calzado y equipos de campaña del bloque, las operaciones conjuntas que llevó a cabo con otros bloques, organizaciones ilegales u organismos de seguridad del Estado, entre otros. ¿Podrá así ser eficaz una Ley?

A Ramón Isaza se le han formulado cerca de 200 cargos por delitos cometidos pero probablemente ellos queden en la impunidad. Y ese es solo uno de los miles de casos que hay en la Ley de Justicia y Paz, esa que ha sido tan promovida por este Gobierno pero que ha sido un fracaso monumental.

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