Un país cercado por protestas y bloqueos

La protesta social está amparada por la Constitución, tanto por el derecho a la participación, que le es esencial, como por el derecho a la libertad de expresión, que constituye también propósito central de la misma. Es origen constitucional, además de su significado en sí mismo, como necesidad humana de hacer saber de sus malestares o necesidades, han hecho que este periódico, entre otras cosas por las causas propias de su misma fundación, respalde por principio los reclamos de la comunidad.

Todo esto, sin embargo, no es óbice para que, al mismo tiempo y por las mismas constitucionales y obvias razones, exijamos a quienes ejercen sus derechos en esta materia, que lo hagan dentro del marco que la misma ley que reglamenta y regula el derecho, entre otras cosas para que la protesta no se desnaturalice y comience a ser utilizada ya no tanto como expresión espontánea y legítima de un grupo que siente violentados sus derechos, a ser un arma que soterradamente emplean algunos para crear situaciones extremas de caos, que, en realidad, terminan afectando gravemente a miles o millones de personas y levantando hacia los manifestantes y sus causas la oposición de la mayoría de la opinión.

En las últimas semanas se ha dado una cadena de protestas que van desde Nariño hasta la Guajira, pasando por el eje cafetero y los dos santanderes, que, en lo que tiene que ver con nuestro departamento, están causando graves perjuicios tanto a los ciudadanos que han quedado bloqueados en las carreteras intermunicipales, como a la economía, incluso a gran escala, como está ocurriendo con los bloqueos en Barrancabermeja que han producido decisiones en Ecopetrol como la de reducir la producción petrolera de 230 mil barriles diarios a 210 mil y posiblemente a 180 mil.

A todas estas protestas que están ocurriendo en el país hay que darles la atención que merecen y las garantías de ley para que transcurran sin que se violen o recorten los derechos que las cubren, pero, así mismo, es necesario que haya la debida transparencia y honestidad de parte de los organizadores de estas movilizaciones, quienes, además, deben observar las normas existentes, es decir, en términos generales, que sus acciones no terminen por afectar la seguridad pública y los intereses generales, lo que parece estar comenzando a ocurrir con centenares de usuarios de las vías cuyos derechos están siendo afectados y con territorios enteros que están sufriendo desabastecimiento y deterioro de su seguridad.