domingo 20 de diciembre de 2009 - 10:00 AM

Un recorte de salario insuficiente

 

Esta semana, se anunció como si se tratara de un gran logro, de una victoria digna de ser aplaudida, un hecho que debería ser cotidiano. La directiva de la Cámara de Representantes informó que se encuentra lista para sancionar a 32 congresistas por no asistir a las sesiones plenarias de la institución, descontándoles de sus salarios las ausencias que han registrado.

Adicionalmente, la Procuraduría también divulgó su decisión de evaluar uno por uno los casos tanto de senadores como de representantes que no han cumplido con una de sus obligaciones mínimas como es presentarse a trabajar.

De hecho, según el organismo investigador, sus pesquisas van a ir más allá para establecer quiénes, como si se tratara de estudiantes vagos en época de colegio, no han cumplido con su asistencia pero se han valido de trampas para ocultarlo. La investigación tratará de determinar quiénes se han aprovechado de excusas médicas que no son válidas, además de los congresistas que acuden al llamado a lista y luego desaparecen del resto de las sesiones.

Sesiones que es lo mínimo con lo que deberían cumplir quienes además de contar con uno de los mejores salarios del país, que sobrepasa los 22 millones de pesos al mes, en contadas ocasiones se caracterizan por un trabajo legislativo serio y concienzudo.

Es más, de comparar el sueldo de los parlamentarios colombianos con los de sus pares latinoamericanos, la desproporción se hace todavía más evidente y llama a la indignación, si se coteja con los escándalos frecuentes y la poca eficacia a la hora de cumplir con su función.

Por esa razón, salta a la vista que una deducción de su sueldo no es suficiente.

Es que de tener en cuenta los argumentos anteriores y sumarles el déficit de compromiso de los congresistas, el descontento ciudadano con ellos así como el ejemplo de responsabilidad que en teoría deberían sentar para el país entero, más que descontarles el sueldo, deberían ser sancionados con una destitución fulminante.

Un país como Colombia, donde el 40% de la población pasa necesidades diarias y en el que un salario como el de los parlamentarios llama a descontento social por ser considerado excesivo para el sector público, no puede permitirse tanta laxitud y demora en las sanciones de quienes deberían ser modelos de comportamiento y decencia para el resto de los colombianos.

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