jueves 08 de agosto de 2019 - 12:00 AM

Vuelve el debate sobre el parrillero

los cuatro alcaldes del área han respondido que no piensan prohibir el parrillero en sus respectivos municipios, al menos, claro está, que un juez de la República así lo obligue
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Uno de los problemas que más ha crecido en los últimos años y del que menos ha sido capaz de controlar la administración municipal de Bucaramanga, es el de la piratería, un fenómeno que asfixia al transporte legal, tanto al tradicional, como también a Metrolínea, un sistema que no levanta cabeza, entre otras cosas porque debido a sus deficiencias en el servicio y escaso cubrimiento geográfico, terminó fortaleciendo a quienes ahora prestan irregularmente el servicio de transporte de pasajeros.

Esta semana los taxistas de la ciudad volvieron a poner sobre la mesa el debate de la prohibición del parrillero que, según ellos, está respaldado por un fallo judicial a una acción popular que ordenaría, de sostenerse hasta la última instancia jurídica, la prohibición del pasajero en las motocicletas.

La verdad es que el problema de la informalidad en el transporte, al no haberse controlado oportunamente y, al contrario, al haberse convertido en una actividad sobre la que las autoridades de tránsito y las administrativas actúan con clara permisividad, tiene ahora varias aristas que la hacen aún más compleja.

Los conductores de estos vehículos piratas, carros y motocicletas, son cada vez más numerosos, por lo que su poder de confrontación con la autoridad y la ciudadanía misma, crece preocupantemente; la competencia desleal que, sin lugar a dudas, ocurre entre los ilegales y los legales crea unas condiciones evidentemente injustas, precisamente para quienes sí cumplen con las normas; la saturación de las vías y el aumento de la accidentalidad y la mortalidad, sobre todo de conductores y pasajeros de motos, tiene desde hace tiempo características de epidemia en la ciudad.

Por estas y otras razones, se hace evidente que hay que tomar medidas sobre el transporte pirata en cada una de las ciudades del área metropolitana y una de ellas, quizás la menos deseable, es la que prohibe al parrillero, que sería un golpe de gracia para los transportadores ilegales en moto y es precisamente por esto que ha sido casi imposible tomar tal medida.

Al nuevo llamado hecho por los taxistas y otros representantes de transportadores legales para combatir con firmeza la piratería, los cuatro alcaldes del área han respondido que no piensan prohibir el parrillero en sus respectivos municipios, al menos, claro está, que un juez de la República así lo obligue. Pero, mientras tanto, lo único cierto es que la ilegalidad seguirá ganándole terreno a la autoridad, el transporte público seguirá perdiendo dinero día tras día y los conductores particulares y peatones, usuarios de las vías, seguirán sufriendo la anarquía que en ellas reina por culpa de la guerra del centavo que libran miles de vehículos en la ciudad.

editorial
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