Una tranca a la 'puerta giratoria' entre el sector público y el privado, le puso el Estatuto Anticorrupción que fue aprobado ayer en la Comisión primera de la Cámara de Representantes y que ahora pasa a plenaria.
Publicado por: REDACCIÓN POLÍTICA
Para el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, el proyecto es un paso importante en la lucha contra la corrupción. "El país puede tener la certeza de que los instrumentos por sí solos no terminan generando resultados positivos, pero cuando a quienes tienen el deber de aplicarlos, les asiste toda la voluntad de colocar en el primer plano de la agenda nacional el combate a la corrupción, pueden arrojar muy pronto resultados", dijo el Ministro.
Principales aspectos aprobados en el Estatuto Anticorrupción
1 Genera un estricto régimen para evitar la "puerta giratoria" entre el sector público y el privado.
2 Da lugar a una normatividad que genera más transparencia en la financiación de campañas al obligar a que los contratistas del Estado que hayan sido financiadores de candidatos a la Presidencia, alcaldías y gobernaciones pongan en conocimiento de las entidades públicas tal situación y se exija un seguimiento especial de la Procuraduría.
3 Se crea la figura de las Personas Políticamente Expuestas, que son servidores públicos que tienen injerencia en el manejo de recursos estatales y a los cuales las entidades bancarias deben hacerles un especial seguimiento para conocer el origen de sus bienes.
4 Se dota el Presidente de la República de la posibilidad de nombrar directamente a los responsables de las oficinas de control interno en las entidades nacionales dotando a estos funcionarios de una mayor eficacia.
5 Se establecen importantes medidas administrativas y penales para proteger los recursos del sector salud. En ese sentido, por ejemplo, se crea un sistema de información para el reporte de eventos sospechosos de corrupción y se establecen tipos penales severos como la estafa sobre recursos del sector salud; la especulación y el agiotaje de medicamentos; la omisión de control en este sector; el peculado por aplicación diferente frente a recursos de la salud, entre otros.
6 Se crean nuevos tipos penales para combatir la corrupción en el sector privado y se endurecen las penas en varios de los delitos contra la administración pública. A su turno, se excluye a quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción de beneficios como la casa por cárcel.
7 Se permite la realización de operaciones encubiertas donde agentes del Estado infiltren organizaciones criminales dedicadas a la corrupción facilitando así las investigaciones. A su turno, se da la posibilidad de que en los delitos de cohecho se aplique el principio de oportunidad.
8 Se establece un procedimiento verbal expedito y ágil para las actuaciones disciplinarias y fiscales de manera tal que se disminuya la impunidad en las mismas.
9 Se reglamenta la práctica del lobby o cabildeo obligando a que las entidades estatales lleven un registro público de quienes ejercen tal actividad, generando así más transparencia en la toma de decisiones públicas.
10 Se da lugar a un régimen contractual que garantice un mejor uso de los recursos estatales mediante figuras como la obligación de que los anticipos de contratos públicos se manejen a través de fiducias; un régimen más severo de multas y sanciones para contratistas incumplidos.
