Para determinar si hubo o no responsabilidad disciplinaria al promover y aprobar la exoneración del cobro de la estampilla Proanciano a los contratos del Viaducto de la Novena, la Procuraduría Regional abrió investigación formal contra el alcalde Fernando Vargas y los 10 concejales que aprobaron el Acuerdo 100. El proceso se hallaba en indagación preliminar, etapa en la que el órgano investigador
Publicado por: ANA MARÍA VALENCIA S.
En este caso, la Procuraduría determinó avanzar a la siguiente etapa con la investigación formal, para analizar si en efecto fue violada la Ley 1276 que determina el cobro de la estampilla.
Lo que manda la Ley
El Acuerdo 100 aprobado por el Concejo en Diciembre de 2009, exonera los contratos del Viaducto de la Novena del pago del 1% de la estampilla Proanciano.
Por ejemplo, si un ente territorial (sea alcaldía o gobernación) tiene como presupuesto de contratación mil millones de pesos al año, en esa misma vigencia debe recaudar el 2% de los contratos, es decir, $20 millones, que serán destinados para los Hogares de Bienestar del Anciano y los Centros Vida.
La Ley establece, sin embargo, que procederán algunas exoneraciones siempre y cuando el ente territorial prevea cómo compensará dichas exenciones.
En este punto es que la Procuraduría ha centrado su investigación, pues pretende examinar si hubo o no responsabilidad disciplinaria al generar las exoneraciones y crear la compensación.
La investigación formal que abrió el Ministerio Público se llevará por el proceso ordinario y no será verbal como se ha rumorado en diferentes espacios de la ciudad.
