La jefe de la cartera de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio, aseguró a Vanguardia.com que el Gobierno Nacional mantiene lo pactado con el sindicato de trabajadores de la justicia.
Publicado por: LUIS ALFONSO CÁRDENAS MATEUS
El cese de actividades de los trabadores de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación suma 41 días y afecta en la actualidad a Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena y Bogotá. Asonal asegura que mantiene su posición de no levantar el paro hasta tanto el Gobierno Nacional no se siente a renegociar el acuerdo, que según ellos, no cumple con las expectativas y acciones concretas sobre la nivelación salarial de la que habla la Ley 4 de 1992.
Debido a esta posición, el Gobierno Nacional instauró una demanda ante el Tribunal Superior de Casanare, a través del Ministerio de Trabajo, para declarar la ilegalidad del paro. Lo mismo hizo la contralora General de la República, Sandra Moreli, ante el Tribunal Superior de Barranquilla.
Por su parte, la Ministra de Justicia y del Derecho, Ruth Stella Correa Palacio, aseguró que se atendieron todas las sugerencias y peticiones de los representantes de Asonal Judicial y se consignaron en el acuerdo. Agregó que el pacto firmado fue legal, conciliado y contó con la representación de la Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, pero aún no entiende “por qué los empleados no lo cumplen”.
VANGUARDIA LIBERAL: ¿Cuál es la posición del Gobierno Nacional frente al paro que aún persiste?
MINISTRA DE JUSTICIA: La posición del Gobierno es que los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación levanten el paro y dejen de afectar a la ciudadanía. No sólo es ilegal sino que adicionalmente ya se logró el objetivo buscado, que era garantizar unos recursos para la nivelación en la remuneración. Esos dineros serán destinados a aproximadamente 45 mil empelados y pagados en el término de cinco años, entre enero de 2013 y el 2018.
V.L.: ¿Por qué el paro es ilegal?
M.J.: Como lo dijo la Corte Suprema de Justicia, en su Sala Laboral, con ocasión del paro del 2008, siendo la prestación del servicio de justicia un servicio público esencial, el cese de actividades que se haga en la prestación de este servicio es ilegal. Recordemos que ya la Corte Suprema de Justicia declaró la ilegalidad de este tipo de paros.
V.L.: ¿Se despedirá a quienes continúen en paro? ¿Se les cancelarán los salarios a quienes están en cese de actividades?
M.J.: Cualquier despido que se haga supone que se declare la ilegalidad del paro, y eso no lo puede hacer el Ministerio sino que es responsabilidad del nominador de cada funcionario. Lo que sí se puede hacer es el no pago de salarios. El Consejo de Estado, de manera reiterada y valiéndose de una decisión de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), señaló que el derecho al paro no es incompatible con el no pago de salarios, en otras palabras, quien deja de trabajar no tiene derecho a ninguna remuneración. El salario sólo se paga con ocasión de la prestación del servicio.
Desde el primero de noviembre como Ministerio de Justicia oficiamos a la Fiscalía General de la Nación y al Consejo Superior de la Judicatura, pidiéndoles que se abstuvieran de realizar los pagos a quienes no están prestando el servicio, sin que para ello sea necesario que se declare la ilegalidad del paro.
V.L.: ¿Los funcionarios deben recuperar el tiempo? ¿Qué pasará con las vacaciones judiciales de diciembre?
M.J.: Cualquier acuerdo en el sentido de compensar el tiempo no laborado es de la órbita exclusiva del Consejo Superior de la Judicatura, es con ellos con quienes suscribieron el acuerdo y no con el Gobierno Nacional en relación con la compensación del tiempo no laborado.
V.L.: ¿Para el Gobierno Nacional, el acuerdo satisface las necesidades de los empleados de la Rama Judicial?
M.J.: Claro que sí. Es que un billón 220 mil millones de pesos pagados en el plazo de cinco años. Es una suma muy importante, que va a afectar directamente de manera positiva los salarios de todos los empleados y funcionarios de la Rama Judicial. A partir del año 2013 esa nivelación empezará por los cargos de funcionarios y empleados de más bajo nivel, tal y como lo estableció la ley de presupuesto. Es un acuerdo beneficioso y que está concebido legalmente.
V.L.: ¿Con el aporte económico del Gobierno Nacional y el que debe hacer la Fiscalía y la Rama Judicial, se afectaría estos presupuestos de funcionamiento?
M.J.: Lo primero que quiero señalar es que revisadas las cuentas de la Fiscalía nos dimos cuenta de que no puede aportar $40 mil millones anuales. Entonces el Gobierno Nacional asumirá ese valor. De esto ya sabe el señor Fiscal. En relación con la Rama Judicial, ellos tienen un muy importante presupuesto para descongestión y es de allí de donde se tomarían esos $40 mil millones que en nada afecta el servicio de administración de justicia. El Gobierno aportaría $160 mil millones anuales y la Rama Judicial $40 mil millones, para un total anual de $200 mil millones.
