La audiencia de formulación e imputación de cargos que se tenía programada ayer contra el exalcalde (e) de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, fue aplazada por solicitud de la defensa.
Publicado por: JINETH PRIETO
Específicamente la diligencia se dilató luego de que Jorge Iván Ramírez Amorocho, apoderado del cuestionado exfuncionario, argumentara incapacidad médica y en esa medida su imposibilidad para asistir a la audiencia.
En esa diligencia, la Fiscalía General de la Nación tenía previsto acusar a Moreno Galvis por los delitos de ‘celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales’, ‘falsedad en documento público’ y ‘prevaricato por acción’, por hechos que se remontan a cuando se desempeñó como burgomaestre.
Aunque Moreno Galvis es investigado por presuntas irregularidades en la suscripción de varios contratos, el proceso por el que fue citado en esta oportunidad se remite a la celebración del contrato N° 501 del 21 de diciembre del 2011 con la Corporación Social para el Desarrollo Comunitario, Corsoder.
El contrato, cuyo valor ascendió a los $75 millones y cuya vigencia fue de un día, se firmó para que se realizara un encuentro de líderes comunales en el que los capacitarían y les harían un diagnóstico de sus problemas; no obstante, varios de los que serían beneficiados le dijeron a esta casa periodística que no supieron de la realización de esa actividad.
En cuanto a la celebración del polémico contrato, ni el representante legal de la entidad para el momento en que se suscribió, ni la Alcaldía de Bucaramanga, se han pronunciado.
Por este contrato, el ente acusador también les imputará cargos en los próximos días a Ulises Dueñas Villamizar en calidad de supervisor del mismo y a Libardo Jaramillo, gerente general de Corsoder de la época.
Sobre la audiencia aplazada, Vanguardia Liberal también conoció que la Fiscalía no logró notificar a Moreno Galvis debido a que cambió de domicilio y el ente acusador no conoce detalles de su nuevo lugar de residencia.
Debido a que la Fiscalía deberá llamar nuevamente a la audiencia, aún no se conoce la fecha en la que será reprogramada.
El ‘carrusel’ de contratación
El contrato No. 501 es solo uno de los denunciados por la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal y hace parte del presunto ‘carrusel’ de contratación que se dio durante la administración de Héctor Moreno Galvis, en el que en menos de 60 días se le entregaron a fundaciones sin sede, sin idoneidad, y prácticamente desconocidas más de $1.700 millones.
Esta redacción conoció que otro de los contratos en los que actuará la Fiscalía es el No. 526 del 27 de diciembre de 2011, que fue suscrito entre la entonces secretaria de Desarrollo Social, Elvia Liliana Sarmiento Osma, y la Fundación Colombia Mejor, Fundacolme.
Hace más de un año Germán Ríos Moreno, representante legal de Fundacolme, le confesó a la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal que falsificó y adulteró los soportes de un contrato por valor de $15 millones que su organización suscribió con la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga, con el fin de dictar talleres para la elaboración de adornos navideños a 50 madres cabezas de familia
Por estos hechos, en los próximos días la Fiscalía citará a audiencia de formulación e imputación a Sarmiento Osma, a Ríos Moreno y a Ulises Dueñas Villamizar, en calidad de supervisor del contrato.
Aunque el ente acusador tiene en etapa de indagación preliminar tres contratos más denunciados por la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, que sumados ascienden a los $1.000 millones, no se han conocido decisiones al respecto.
Sanción de la procuraduría
El pasado 16 de marzo en fallo de primera instancia la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a Héctor Moreno Galvis por un término de 12 años.
El Ministerio Público le impuso la sanción tras determinar que existieron irregularidades en la celebración de un convenio de asociación suscrito el 22 de noviembre de 2011 por un valor superior a los $900 millones con el fin de instalar el alumbrado navideño en Bucaramanga.
“Se estableció que el señor Moreno Galvis adelantó la contratación a través de un convenio de asociación, sin que se reunieran los requisitos exigidos en el artículo 355 de la Constitución Política y en otras normas que reglamentan este tipo de actos en los que se exige como requisito que el contratista sea una entidad sin ánimo de lucro”, señala la determinación del órgano disciplinario.
La suscripción de este contrato también fue denunciada por la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal y por el columnista de este diario Manolo Azuero, quienes encontraron que el contrato al parecer fue suscrito bajo una figura errónea, con una fundación que carece de idoneidad y que además subcontrató los servicios. Esta redacción también logró establecer que la forma de pago fue irregular.
