Un fallo emitido por el Tribunal Administrativo de Santander sobre la legalidad de un acuerdo aprobado por el Concejo de Bucaramanga en diciembre de 2012, dejó como sujeto activo de la sobretasa ambiental a la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb. Expertos en derecho administrativo estimaron que el artículo que entró a regir con la decisión también estaría viciado.
Publicado por: Jineth Prieto/VANGUARDIA LIBERAL
El Tribunal Administrativo de Santander invalidó el acuerdo aprobado por el Concejo de Bucaramanga en diciembre de 2012 que modificó el estatuto tributario del municipio y estipuló que el sujeto activo de la sobretasa ambiental recaudada en la ciudad era la autoridad contemplada en el ‘Plan de Desarrollo Bucaramanga Sostenible 2012 -2015’.
La determinación del tribunal, que se conoció a un día de que se venciera el plazo para girar los recursos, se dio luego de que el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, pidiera la revisión de legalidad de ese acuerdo, que consideró violaba varios artículos de la Constitución, en vista de que le daba facultades al Concejo de establecer la entidad que administraría los recursos, labor que solo es competencia del Congreso de la República.
De esta manera, la jurisdicción administrativa volvió a darle vida al artículo original contemplado dentro del estatuto tributario de Bucaramanga, que específicamente establece que “el sujeto activo de la sobretasa ambiental es la Cdmb”.
“Con esta decisión se aclara el panorama relacionado con el tema del manejo ambiental de Bucaramanga, que ya ha sido ampliamente debatido y que ratifica a la Cdmb como autoridad en esta materia en la ciudad”, aseguró Luis Alberto Flórez, secretario general de la Cdmb.
No obstante, para expertos en derecho administrativo la decisión del tribunal trasciende la nulidad del artículo y deja abierta la posibilidad de que lo dispuesto en el estatuto tributario de Bucaramanga, aprobado en 2008, también esté viciado de ilegalidad.
“Si el fallo dice que el Concejo no puede determinar el nombre del sujeto activo de la sobretasa, entonces por extensión también se tendría que revisar la legalidad del artículo del estatuto tributario, que claramente expresa que la Cdmb es el sujeto activo”, aseguró el experto.
Adicionalmente, el jurista consideró que aunque el Tribunal Administrativo de Santander no emite concepto respecto al artículo del estatuto tributario porque ese no es el objeto de la revisión, si se diera una demanda contra él también tendría que ser invalidado, según el actual fallo.
Ese mismo argumento lo esgrimió el concejal de Cambio Radical, Édgar Suárez, quien fue ponente del acuerdo que fue invalidado.
“Aquí hay que hacer un salvedad, cuando fui ponente, junto al concejal Uriel Ortiz, presenté un proyecto que no enfocaba hacia ningún lado la sobretasa ambiental, se hablaba de girarle la sobretasa a la entidad que ejerciera autoridad ambiental en la ciudad. Luego de una proposición que ganó por mayorías, se aprobó lo que ahora está invalidando el Tribunal, pese a que eso se advirtió”, señaló Suárez.
En este sentido, el Corporado habló de la necesidad de que la administración radique un proyecto de acuerdo que modifique el estatuto tributario y lo ajuste a la ley.
“Con el artículo que vuelve a regir pasa lo mismo. Ahí se define un sujeto activo y nosotros no tenemos competencia para ello. Entonces es necesario que el Alcalde radique un proyecto de acuerdo similar al que se derogó pero que esté ajustado a la ley con el fin de que eso se pueda subsanar y que sean las autoridades competentes las que determinen la entidad que debe ejercer autoridad ambiental”, agregó.
De tramitarse un nuevo proyecto de acuerdo con esas modificaciones o en caso de que se demande el artículo que está rigiendo, la duda sobre la entidad que deberá ejercer autoridad ambiental en Bucaramanga y su área metropolitana continuaría hasta tanto un Tribunal Administrativo se pronuncie sobre la creación de la subdirección ambiental del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, acto que ya está demandado.
Vanguardia Liberal intentó comunicarse con la directora del AMB, Consuelo Ordóñez, para conocer su posición sobre la determinación pero no obtuvo respuesta.
