Un nuevo aplazamiento sufrió una de las audiencias de imputación y formulación programadas por la Fiscalía por los hechos relacionados con el ‘carrusel’ de contratación de la Alcaldía de Bucaramanga.
Publicado por: Jineth Prieto/VANGUARDIA LIBERAL
En esta ocasión, el turno fue para la diligencia programada contra Germán Ríos Moreno, gerente de la Fundación Colombia Mejor, a quien por tercera vez consecutiva se le aplazó la citación, dos de ellas por excusas presentadas por su defensor Ulises Rincón Restrepo.
Específicamente, en esta oportunidad la dilación obedeció a que el Centro de Servicios Judiciales del Palacio de Justicia argumentó que no se había podido notificar a Ríos Moreno sobre la nueva diligencia.
De esta manera, y argumentando las reiterativas faltas, el fiscal sexto delegado ante el Tribunal Superior, Yesid Mateus Flórez, quien desde hace dos meses tiene a su cargo la investigación, solicitó declarar ‘contumaz’ al contratista, figura jurídica que se aplica cuando un investigado no comparece a las diligencias, con el fin de que se continuara con la audiencia sin la presencia de él o la de su defensor.
No obstante, el juez de control de garantías no concedió la petición, aludiendo a que había “una declaración juramentada por el centro de servicios judiciales” y a que en esta ocasión la inasistencia del contratista obedecía a que no conocía la hora ni el día de la audiencia.
A la diligencia tampoco asistió el defensor, quien ha llevado el caso desde que se inició y quien según conoció Vanguardia Liberal ha tenido el mismo lugar de notificación durante todas las audiencias.
Germán Ríos Moreno le confesó a la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal que falsificó y adulteró los soportes de este contrato, que fue suscrito con el fin de dictar talleres para la elaboración de adornos navideños a 50 madres cabezas de familia.
De hecho, Ríos Moreno le aseguró a esta casa editorial que pese a que el contrato fue firmado por $15 millones, su valor real ascendió a los $7 millones.
Por estos hechos, el ente acusador tiene previsto imputarle los delitos de ‘celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales’ en la calidad de interviniente y ‘falsedad en documento público’.
