Tras una visita a la Cárcel Modelo de Bucaramanga, el presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Wilson Ruiz Orjuela, le pidió al Gobierno Nacional hacer uso de sus facultades y declarar la conmoción interior por la crisis del sistema carcelario del país.
Publicado por: JINETH PRIETO
Con el fin de hacerle frente a la crisis carcelaria del país en el corto plazo, desde el Consejo Superior de la Judicatura, CSJ, se le pidió al Gobierno Nacional decretar estado de conmoción interior.
La solicitud fue elevada por el presidente de la Sala Disciplinaria de ese organismo, Wilson Ruiz Orjuela, durante la visita que realizó a la cárcel modelo de Bucaramanga, centro de reclusión que actualmente tiene un 150% de hacinamiento.
“El Gobierno puede decretar el estado de conmoción interior en la crisis carcelaria para dar soluciones prontas mientras se tramitan los proyectos de ley. Es algo necesario dado el número de reclusos que hay”, explicó Ruíz Orjuela.
Y es que según datos oficiales, se estima que mientras mensualmente ingresan 3.500 internos a los centros carcelarios, en ese mismo lapso solo recuperan la libertad cerca de 1.700.
De hecho, durante la visita de los magistrados del CSJ a la cárcel más grande de la capital santandereana, se comprobaron casos en los que en una celda diseñada para una persona, duermen hasta ocho.
“Contrario a lo que mucha gente piensa, a los presos colombianos hay que visibilizarlos, este es un problema de todos los colombianos y es triste ver el estado en que se encuentran”, precisó Ruiz Orjuela.
La petición de la CSJ, además, se eleva en momentos en los que desde ese organismo se está tratando de que los jueces les den prisión domiciliaria a que hayan cumplido las dos terceras partes de su pena, que sean mayores de 65 años, enfermos terminales y madres o padres cabeza de familia, para disminuir el hacinamiento.
Debido a que las medidas que se adoptarían declarando un estado interior de conmoción serían transitorias, desde el CSJ también se anunció que se presentará un proyecto de ley ante el Congreso el próximo 20 de julio, día en que iniciará la nueva legislatura, que buscaría entre otras cosas, que las penas menores a los cinco años sean excarcelables.
Ese proyecto se sumaría a los presentados por el Gobierno Nacional y por el senador Espíndola, y se pedirá que se tramite con mensaje de urgencia.
“Los tiempos de un proyecto de ley son lentos, por eso le pediremos al Gobierno que dé mensaje de urgencia con el fin de que se puedan tomar medidas de fondo para la crisis”, precisó Ruiz Orjuela.
Respecto a las críticas que se han hecho sobre los proyectos de reforma al sistema penitenciario y carcelario, en cuanto a que generarían impunidad, desde el CSJ se descartó esa posibilidad y se aseguró que también será necesario construir megacárceles y adecuar las que existen.
“No podemos arrancar con una impunidad rampante, pero si no hay condiciones para mantenerlos detenidos hay que buscar alternativas”.
Llamado a mandatarios
Debido a que los condenaos son responsabilidad del Inpec, pero los sindicados son responsabilidad de los entes territoriales, también se les hizo un llamado tanto a los alcaldes como a los gobernadores para que ayuden a solucionar la crisis. De hecho la directoria regional oriente del Inpec, María Alexandra García, anunció que se están adelantando reuniones con los mandatarios del área y entes de control para mirar la posibilidad de invertir en la adecuación del pabellón 1 de la cárcel Modelo, cerrado debido a que presuntamente fue construído ocasionándole un daño fiscal al Estado.
La adecuación costaría $3 mil millones y serviría para albergar a 300 internos.
salud de los internos pasó a debate
Ayer la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes pasó a debate la situación en términos de la salud que enfrenta la población carcelaria en el país. Durante la discusión se miró en la posibilidad de tramitar una ley que cambie las condiciones bajo las que se prestan esos servicios en los centros de reclusión y se planteó incluir nuevos artículos ya sea en la reforma a la salud o en el código penitenciario, para lograr esos cambios.
En este sentido, también se planteó la posibilidad de que los internos reciban una atención en salud diferencial debido a sus condiciones, y se planteó que EPS adicionales a Caprecom puedan prestar esos servicios.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ruth Correa, se comprometió a redactar los nuevos artículos, que serán incluidos en cualquiera de los dos proyectos de ley.
El debate fue citado por el congresista santandereano, Holger Díaz.
