La Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa destituyó e inhabilitó para ejercer funciones públicas por un término de 12 años al exrector y el exsubdirector financiero de las Unidades Tecnológicas de Santander por irregularidades en su gestión.
Publicado por: JINETH PRIETO
En fallo de segunda instancia la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años para el ejercicio de cargos públicos al exrector de las Unidades Tecnológicas de Santander, UTS, Víctor Raúl Castro Neira, y al exsubdirector financiero de la misma institución, Milton Omar Puentes.
La decisión del Ministerio Público, proferida por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, obedeció a irregularidades en el ejercicio de sus cargos.
Específicamente, los hechos por los que fueron sancionados los dos exfuncionarios se remiten a que se adueñaron de 42 electrodomésticos que les fueron dados a las UTS por una entidad bancaria como incentivo por la constitución de CDT.
Los electrodomésticos, que fueron desde televisores, computadores, impresoras y celulares, hasta un proyector de video beam, según un avalúo realizado por la Contraloría de Santander, tienen un valor comercial de $105 millones.
Por estos hechos, el ente de control disciplinario estableció que la falta fue gravísima y cometida a título de dolo.
“Con esta conducta, los señores Castro Neira y Puentes Herrera transgredieron la confianza en ellos depositada en ejercicio de sus funciones públicas y afectaron a la institución que representaban como rector y director administrativo y financiero”, señala un aparte del comunicado.
Vanguardia Liberal conoció el expediente del proceso que fue llevado en la Procuraduría Regional de Santander por su titular Orlando Pinilla, quien para dar el fallo de primera instancia que ahora fue confirmado, estableció que los dos exfuncionarios incurrieron en una “conducta violatoria del deber funcional”, que repercutió en el patrimonio de la institución educativa.
“Queda confirmado en grado de certeza o de manera indubitable que efectivamente Víctor Raúl Castro Neira y Milton Omar Puentes Herrera, para la época de los hechos sí incurrieron en las conductas de apropiación, el primero de manera directa y el segundo en favor de terceros”, se lee en un aparte de ese fallo.
De hecho, esta casa periodística conoció que los dos funcionarios aceptaron su responsabilidad y aseguraron que se habían apropiado de los electrodomésticos porque desde el banco no se estipuló que era una donación a la institución, pese a que los títulos valores fueron constituidos con recursos públicos.
Pese a que a través de sus defensas tanto Puentes Herrera como Castro Neira refutaron el hecho de que se les hubiera imputado dolo, es decir, conocimiento del delito, en vista de que no fueron informados de que lo que hacían no era permitido, los argumentos no fueron tenidos en cuenta por el Ministerio Público, que señaló que “un Administrador de Empresas y un Economista, (son) personas preparadas y profesionales”, y por lo tanto conocían lo que estaban haciendo.
Los alcances de la sanción de segunda instancia variaron en los proferidos a la de primera instancia en cuanto al tiempo. Pese a que Pinilla inhabilitó a los exfuncionarios de por vida, el fallo final redujo la sanción a 12 años.
Estos hechos fueron denunciados por Vanguardia Liberal el año pasado, cuando se conoció que Milton Omar Puentes había sido nombrado como subdirector financiero de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.
Esta redacción no sólo reveló la vinculación de Puentes Herrera a este episodio, sino que también conoció los testimonios de varios empleados de las UTS quienes denunciaron haber sido víctimas de presuntas estafas en las que él presuntamente habría participado.
Adicionalmente, esta casa periodística logró establecer que durante su gestión como subdirector financiero de las UTS fue separado del cargo por la Contraloría de Santander, ente de control que consideró que podía torpedear el proceso de auditoría que adelantaba en su momento.
De hecho, ese mismo ente de control determinó que la gestión de Puentes Herrera en ese cargo había sido “antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna”.
Sobre esta decisión no existe recurso de apelación.
