Tras comprobar que se violaron los derechos de la exregistradora especial del Estado Civil de Bucaramanga, María Fernanda Gutiérrez Pinzón, al removerla del cargo en enero de 2010 por una persona que tenía un perfil menor, el Tribunal Administrativo de Santander ordenó su indemnización y reintegración inmediata a la entidad estatal
Publicado por: JINETH PRIETO
La determinación se conoció luego de que la Justicia estableciera que el acto administrativo que la declaró insubsistente y que fue expedido por Esperanza Mejía, actual jefe de talento humano de la Registraduría en el ámbito nacional, y por Elizabeth Monsalve, actual registradora delegada, no tenía presunción de legalidad.
Específicamente la decisión obedeció a que quien fue nombrada en su reemplazo, Sonia Sánchez Rueda, estaba por debajo del perfil establecido para ese cargo, que además de un título universitario, exigía al menos un postgrado y experiencia de dos años relacionada con las funciones que se ejercerían.
“... infiere la Sala que el objetivo que pretendió alcanzar el nominador con la expedición del acto acusado no fue la satisfacción del interés público, sino que estuvo inspirado en fines distintos al buen servicio”, reza un aparte del fallo.
Aunque durante la demanda, el apoderado de Gutiérrez, Gustavo Galvis, estimó que el nombramiento de Sánchez Rueda había sido político, en vista de que antes de ocupar ese cargo fue alcaldesa de Sabana de Torres, el Tribunal no estimó esas afirmaciones por falta pruebas.
Con esta decisión, ahora la Registraduría Nacional deberá pagarle a Gutiérrez Pinzón una suma que supera los $500 millones, equivalente a los “sueldos, sobresueldos, primas y demás conceptos laborales” que dejó de devengar de 2010 a la fecha por cuenta de su injustificada desvinculación
