Ante un juez de conocimiento la Fiscalía se realizó la audiencia preparatoria en contra de la exsecretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Bucaramanga, Elvia Liliana Sarmiento Osma, investigada por irregularidades en la celebración de un contrato.
Publicado por: REDACCIÓN POLÍTICA / VANGUARDIA.COM
La ex funcionaria y ex directora de Tránsito de la actual administración (Luis Francisco Bohórquez), enfrenta cargos por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y realización de contratos sin el lleno de los requisitos legales.
El contrato, suscrito con el número 526 y en el cual está involucrada, se celebró por el orden de los $15 millones con la Fundación Colombia Mejor, Fundacolme, y la Secretaria de Desarrollo, el 27 de diciembre de 2011.
Con esta fundación se contrató para capacitar a población vulnerable en la elaboración de adornos navideños, lo que requirió dictar talleres a 50 madres cabezas de familia. En este acuerdo se falsificaron documentos para soportar el valor del contrato, cuyo costo real fue de $7 millones.
Las irregularidades en este contrato fueron denunciadas por la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, que obtuvo la confesión de Germán Ríos Moreno, representante legal de Fundacolme y edil de la ciudad, en las que corroboró la falsificación de documentos. Leer la investigación.
Por las irregularidades que se presentaron en el mismo, Elvia Liliana Sarmiento enfrenta cargos por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y realización de contratos sin el lleno de los requisitos legales.
Sarmiento Osma, tiene otras investigaciones en el ente acusador por la celebración de otros contratos durante su gestión en el 2011.
Tanto al exalcalde encargado de Bucaramanga, Héctor Moreno Galvis, y la entonces secretaria de Desarrollo Social, Elvia Liliana Sarmiento Osma, le fueron imputados los delitos celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales, falsedad en documento público y ‘prevaricato. No obstante, a estos dos exfuncionarios no se les dictó medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad.
