domingo 16 de diciembre de 2018 - 12:01 AM

2019, año trascendental en las decisiones de las altas cortes

Futuro jurídico de la JEP, ‘Cartel de la Toga’, y caso ‘Santrich’, serán algunos de los temas que coparán la agenda de las altas cortes para el próximo año.
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Si bien, las decisiones de las altas cortes en muchas ocasiones pasan desapercibidas por no sentar una jurisprudencia que cause revuelo en todos los sectores del país, el año próximo promete ser “efervescente” a juicio de algunos de los juristas que presiden estas corporaciones.

En la Corte Suprema

Como un año “álgido, efervescente y dinámico”, catalogó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló, el 2019. Para el jurista, la corporación estará activa en materia judicial, debido a los procesos que no culminaron en 2018.

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En ese caso, el ojo del huracán estará sobre las nuevas salas especiales que empezaron a regir en agosto pasado. Por ejemplo, la Sala de Instrucción tiene en su poder el proceso que apenas está empezando en contra del senador Gustavo Petro Urrego por el video en el que recibe $20 millones en efectivo.

Otro proceso que estará bajo la lupa es el que ocasionó un revuelo judicial y político en julio de este año: la indagatoria que se surtirá en la misma sala en contra del senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez y su homólogo Hernán Prada, quienes fueron llamados por el alto tribunal por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno. La determinación de la corporación se dio precisamente luego de archivar la investigación que pesaba en contra de Iván Cepeda, por los mismos hechos.

Inicialmente, el caso de Uribe Vélez fue conocido por el presidente de la corporación y el magistrado Luis Antonio Hernández, actual presidente de la Sala de Casación Penal de la Corte, sin embargo, una vez empezó a regir la doble instancia, el proceso pasó a manos de la magistrada Cristina Lombana Fernández, exmilitar que hace parte de la Sala de Instrucción.

Siguiendo la línea del denominado ‘Cartel de la Toga’, el exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo, quien resultó acusado en el Congreso de la República este jueves, empezará juicio en la Sala de Instrucción, debido a que en la Sala de Casación Penal no puede conocer de su proceso por haber sido miembro de dicha corporación.

En la Corte Constitucional

La puja sobre los bienes no declarados por las Farc fue uno de los titulares de prensa este año.

Si bien, la disputa ha estado entre la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, ahora la pelota rueda en la cancha de la Corte Constitucional.

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Será el alto tribunal el que decida en manos de quién quedan los bienes con los que según el ente acusador se deben reparar a las víctimas del conflicto armado que aquejó al país durante más de 50 años.

En este caso, será el magistrado Luis Guillermo Guerrero el primero en poner su voto para alguna de las dos partes, tras esto la decisión quedará en manos de la Sala Plena, que retoma desde el próximo 10 de enero, una vez culmine la vacancia judicial.

Para Alejandro Linares, presidente de la Corte, en este caso lo que hay que “distinguir es si los bienes fueron declarados en el inventario”. Explicó que los predios y demás propiedades que no fueron declarados tienen un tratamiento jurídico distinto, que tiene que ver con las leyes de extinción de dominio.

Otro de los puntos álgidos que tratará la Corte el próximo año, son las 40 tutelas que han llegado al alto tribunal en contra de la JEP.

Linares explicó que pese a que no han sido revisadas por ningún despacho, lo que se conoce es que son de personas a quienes la justicia transicional les cerró la puerta para conocer sus procesos.

En el Consejo de Estado

Lo que menos se esperaba era que uno de los excombatientes de las Farc pasará por el Consejo de Estado para defender la investidura que le fue otorgada una vez se firmó el acuerdo de paz.

Se trata de ‘Jesús Santrich’, quien permanece recluido en la cárcel La Picota de Bogotá por presuntamente hacer parte de una organización que pretendía enviar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Precisamente, por estar detenido, el excombatiente de las Farc no logró posesionarse el pasado 20 de julio, una vez se conoció la nueva planta del Congreso de la República. En su esfuerzo para que no se decrete su pérdida de investidura, ‘Santrich’ ha interpuesto recursos ante los entes judiciales para poder asistir a su posesión y a las audiencias a las que ha sido citado por el alto tribunal.

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Otro de los procesos de los que se conocerá una decisión durante 2019 es el de pérdida de investidura en contra del senador Antanas Mockus. En este caso, el alto tribunal ha acogido tres demandas donde aseguran que el congresista de la Alianza Verde, en medio de su proceso de precandidatura al Congreso, suscribió un convenio desde la Corporación Visionarios por Colombia (Corpovisionario) para fomentar una asociación con la Agencia de Cundinamarca para la Paz y el Posconflicto.

Otro tema pendiente en la agenda del próximo año es la apelación de pérdida de investidura de la exrepresentante Aida Merlano, quien es procesada por la comisión de delitos electorales en Barranquilla durante el primer semestre del año, una vez se llevaron a cabo las elecciones legislativas y en las que resultó elegida para posesionarse en la curul ante el Congreso.

La pérdida de investidura de Merlano, quien está recluida en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, fue decretada por el alto tribunal, una vez el procurador General, Fernando Carrillo, instauró una acción en su contra, al evidenciar los hechos cometidos en la denominada ‘Casa Blanca’, que además de servir de sede política, era donde -según la Fiscalía- se orquestaban los delitos que hoy la tienen tras las rejas.

Año movido en las cortes

Las altas Cortes cerraron el 2018 con decisiones trascendentales. En la Corte Suprema de Justicia, se nombró al fiscal ad hoc que conocerá tres de los procesos en el caso Odebrecht. Del mismo modo, se conoció el archivo del proceso por falso testimonio en contra del senador Iván Cepeda.

En el Consejo de Estado, se decretó la pérdida de investidura de la exrepresentante Aida Merlano, procesada por delitos electorales en Barranquilla, y se definió también la pérdida de investidura contra la excongresista Luz Adriana Moreno Marmolejo, por inasistencia a las plenarias en el Congreso.

Desde la Corte Constitucional, se recibió la tutela número siete millones, y además culminó el estudio del denominado ‘Fast Track’, en el cual se aprobó la ley estatutaria con la que se definió la administración de justicia de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, además de dar vía libre a la ley de innovación que le apunta al desarrollo agropecuario.

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