domingo 24 de mayo de 2020 - 12:00 AM

Así se pierden los recursos públicos en época de pandemia en el país

En esta época de emergencia, mientras la mayoría de los ciudadanos permanece en casa para cuidar su salud, los organismos de control (Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría) trabajan de manera conjunta para vigilar la contratación pública en el marco de la emergencia del COVID-19.
Escuchar este artículo

Esta semana, la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría, presentaron un informe conjunto de sus investigaciones, que resulta preocupante, pues por lo menos en 16 de los 32 departamentos del país hay alertas prendidas sobre la posible destinación irregular de los recursos para atender la pandemia.

Además: Alcaldías de cuatro municipios de Santander en la mira de las autoridades por sobrecostos en los contratos para atender el COVID-19

Y aunque se trata de investigaciones que aún están en curso sí dejan en evidencia posibles malos manejos que ya dieron lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias, penales y fiscales contra varios alcaldes y gobernadores.

En alimentación

A pesar que desde el inicio de la pandemia el Gobierno Nacional y las administraciones locales anunciaron anterga de kit humanitarios para afrontar la grave crisis alimentaria, que viven muchos hogares colombianos por la recesión de la economía, los contratos que son necesarios para llevar a cabo este plan, se han convertido en muchos casos en fuente de irregularidades.

En Sincelejo, Sucre, el alcalde celebró dos contratos por más de $1.000 millones, donde se comprometían a entregar kits alimentarios a la población vulnerable. En este caso, el convenio fue directamente con las sociedades de Abastos y Fruver dado que buscaban entregar abarrotes y fruta a la comunidad. El detrimento en este convenio sería de más de $900 millones.

Lea también: Advierten sobrecostos en kits humanitarios de Girón y Barrancabermeja

En Girón, Santander, la historia se repitió, el alcalde celebró dos “negocios jurídicos” por más de $3.400 millones con los que, inicialmente, buscaba adquirir alrededor de 1.200 kits de mercados para la población vulnerable.

En un segundo convenio se pretendía favorecer a estudiantes de colegios distritales que hicieran parte del Programa de Alimentación Escolar, sin embargo, a juicio de los entes de control en ambos pactos se habrían registrado sobrecostos para favorecer a terceros.

En Coveñas, Sucre, por su parte, indagan lo sucedido con el suministro de 6.000 kits alimentarios que le costaron a la alcaldía $1.206 millones. Allí, las autoridades indagan el motivo por el cual se les cobró los productos de manera unitaria cuando estaba incluido en un a “todo costo” en los kits. Además de ello, hallaron irregularidades en los costos de transporte.

En Chocó los más de 4.000 kits de mercados que estaban destinados para familias vulnerables de Quibdó, están bajo la lupa de las ‘ías’, pues tienen pruebas de que hay sobrecostos en el convenio que superó los $300 millones.

En Medellín, Antioquia, hallaron irregularidades en los kits que le entregarían a niños del PAE, lo que llamó la atención de los investigadores, además del elevado costo del convenio por más de $7 mil millones, fue hallar que los mercados que tendrían un costo real de $10.000 a $15.000, la administración los estaba pagando a $32.500.

En salud

En este caso, las irregularidades encontradas incluyen desde incrementos desbordados en los precios de los elementos de protección hasta obligar a los habitantes de un municipio a diligenciar un formato en el que aceptaban no ser atendidos en un centro de salud en caso de contagio.

La lupa la pusieron los órganos de control en la Gobernación del Valle del Cauca, donde hallaron sobrecostos en un contrato que tenía como objeto suministrar 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas tres capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias, por un valor de superior a los $15.132 millones.

Por los mismos sobrecostos en tapabocas, la Armada Nacional también está en apuros. Una relación de costos emitidos por la Contraloría da cuenta que mientras la Policía Nacional compró este elemento de protección convencional en $750, la Armada lo hizo en $1.500.

Le puede interesar: Citan a juicio disciplinario a la Alcaldesa de El Socorro por sobrecostos en la entrega de mercados

Así mismo, los órganos de control investigan el convenio celebrado por la Gobernación de Putumayo, para adquirir 10 ambulancias que superan los $3.460 millones. Al parecer, este pacto careció de planeación.

Si bien el tema monetario llama la atención de los entes, en el sector salud investigan un hecho sin precedentes. Ocurrió en Caquetá, donde la administración de Doncello habría adoptado medidas extremas para evitar que las personas salieran a la calle y resultar contagiados.

Se trata de un formulario que le hicieron diligenciar a los lugareños indicando que si se llegaban a contagiar renunciaban a su derecho a la salud y a ser atendidos en un centro asistencial. Lo que llama la atención de los órganos de control es que con la firma los ciudadanos autorizaban la aplicación de la eutanasia en el evento de ser un paciente terminal.

Socorro, Floridablanca, Girón y Barrancabermeja son los cuatro municipios de Santander que están bajo la lupa de los entes de control por sobrecostos en los contratos.
Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Publicado por
Lea también
Publicidad
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad