domingo 09 de noviembre de 2008 - 10:00 AM

Cara a cara de la Ley de Víctimas

Esta semana podría aprobarse la Ley de Víctimas, considerada por algunos congresistas, una de las iniciativas más importantes de la última década. La ley busca que se repare a las personas sobre las cuales han ejercido violencia grupos armados ilegales e, incluso, agentes del Estado.

Pero precisamente ese ha sido el escollo que no ha permitido que la ley avance, pues el Gobierno y la oposición están enfrentados sobre la forma como se debe reparar a las víctimas de las fuerzas militares.

El viceministro de justicia, Gilberto Orozco Orozco, y el representante liberal Guillermo Rivera Flores, defienden sus tesis y explican por qué la ley no ha pasado su tercer debate en la Comisión Primera de Cámara.

preguntas y respuestas
FRENTE A FRENTE


¿Por qué tras múltiples reuniones la Ley de Víctimas no ha podido ser conciliada?

Gilberto Orozco Orozco: El Gobierno ha estado atento y ha respaldado la iniciativa. Se adelantó en la expedición de un decreto por vía administrativa. La dilación es particular del trámite legislativo.

Guillermo Rivera Flores: Nosotros defendemos la universalidad de la iniciativa, lo que quiere decir que las medidas de esta ley se extiendan a todas las víctimas que existan en el país, independientemente de los victimarios. Eso requiere tiempo.
Un tema que ha retrasado el trámite es el de los agentes del Estado. ¿Por qué es tan importante negar o aprobar esa reparación?

GOO: Es inapropiado incluir en una ley que regula la reparación de las víctimas de la violencia armada a los agentes del Estado y más inapropiado pretender derivar del ejercicio de las armas una responsabilidad per se, de los agentes del Estado. La Conferencia Interamericana de Derechos Humanos tiene claro el punto.

GRF: En una resolución de Naciones Unidas se establece que las víctimas tienen que ser reparadas independientemente de que el autor de los hechos sea identificado o aprendido. Lo que desencadena el derecho a la reparación es la violación de los derechos humanos que sufre la víctima, no la sentencia que dirime la responsabilidad penal.

¿En la reparación hay un hecho de desigualdad entre las víctimas de los grupos armados ilegales y los de la fuerza pública?

GOO: El derecho de la igualdad se predica respecto de los iguales y es evidente que no se puede equiparar un resultado de un combate entre las fuerzas legítimas del Estado y los grupos irregulares. Al grupo alzado en armas no hay por qué probarle esa responsabilidad, esta emerge de los hechos violentos. En los agentes del Estado no puede pensarse que son por desafueros.

GRF: El principio de igualdad, de no discriminación, es un principio que hace parte del bloque de constitucionalidad en virtud de los tratados que el Estado colombiano ha firmado y hace parte de nuestra propia Carta Política. A las víctimas hay que garantizarles su reparación.

¿Ese es un punto irreconciliable para la aprobación?

GOO: Sí, ese es un aspecto de la ley que se establece en las normas internacionales y además está acorde con el régimen interno del país. Si se piensa en un nuevo proyecto que contenga este tema debe quedar como lo propone el Gobierno.

GRF: Desde nuestro punto de vista hemos defendido la universalidad de la ley y esta iniciativa no puede crear categoría de víctimas, unas con unos derechos y otras con menos. Eso no aguantaría el test de proporcionalidad que hace la Corte Constitucional en su examen a las leyes.

¿Cuál es la salida?

GOO: El Gobierno, en cabeza del presidente Álvaro Uribe, propuso que la ley contemple que los procesos de reparación a las víctimas de agentes del Estado se tramiten de manera preferente y estos no deben ser mayores a los de la acción de tutela. Estos serían rápidos.

GRF: Nosotros no tenemos acuerdos con los parlamentarios, esperamos que exista sensatez y sentido democrático en los miembros de la Comisión Primera para que sea aprobada como los estamos planeando.

¿De aprobarse la Ley con el tema de agentes del Estado la seguridad democrática se afectaría, como lo dijo el Presidente?

GOO: Es lógico que si a las fuerzas militares se les culpara por todas sus acciones, el desestímulo sería enorme. Hay que vigilar su fuerza dentro de los límites de la ley, pero no se les puede maniatar, porque sería renunciar a la capacidad del control del orden público.

GRF: Esta ley favorece la seguridad democrática, porque contribuye a legitimar el Estado, en la medida que les garantiza a las víctimas de la violencia la reparación integral. La Ley no va a maniatar a los militares de ninguna manera.

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