sábado 26 de diciembre de 2009 - 10:00 AM

Choque de trenes entre el Ejecutivo y la Rama Judicial

Un nuevo choque de trenes entre los poderes Ejecutivo y Judicial se vislumbra con el anuncio de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial de que el grupo propuesto por el Gobierno, para analizar y proponer una reforma estructural de la Justicia en Colombia, no tiene legitimidad porque ni cuenta con el consenso, ni la participación de la Rama del Poder Público.

El pronunciamiento, hecho el martes pasado por la magistrada María Mercedes López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura y vocera de la Comisión, dejó en claro que 'cualquier iniciativa que pueda eventualmente afectar a la Administración de Justicia, debe contar con la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial (compuesta por los presidentes de las cortes Suprema de Justicia, Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura, del Consejo de Estado, del Fiscal General de la Nación y el representante de los empleados y funcionarios judiciales)'.

Este anuncio va en contra de las intenciones del Gobierno de presentar una propuesta elaborada por un grupo de ex magistrados de las Altas Cortes para lograr, previa aprobación del Legislativo, de una reforma estructural de la Rama Judicial.


Anuncio de el ministro del Interior y Justicia

En el pronunciamiento, el ministro Fabio Valencia Cosio señaló que 'la reflexión hecha por este grupo de ex magistrados estaría enfocada a restablecer el Ministerio de Justicia y en que exista un balance institucional, funcional y técnico que permita, sin sacrificar la autonomía propia del Poder Judicial, que el Ejecutivo pueda contar con una cartera que interactúe de manera más especializada con la Rama Judicial'.

La Comisión Interinstititucional de la Rama Judicial, agregó, en su comunicado, que corresponde a los diferentes órganos y estamentos de esta rama del poder público, en primera instancia, adelantar el inventario, el análisis y la presentación de las iniciativas frente a las situaciones que requieran modificaciones de carácter constitucional y legal.

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