miércoles 02 de agosto de 2023 - 6:20 PM

Con proyecto de Ley buscan blindar la contratación del PAE en Colombia

Un banco de oferentes, supervisión de la Superindustria y compra de alimentos a pequeños productores, son algunas de las normas que se incluyen en un proyecto de ley para reformar el PAE.
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Un verdadero revolcón a la forma como opera el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el país, es el que propone el senador del Partido de la U, Antonio José Correa, quien en tal sentido radicó un proyecto de ley en la Secretaría General del Senado.

Además: Acusan formalmente de peculado y contratos sin requisitos al exgobernador Didier Tavera por irregularidades en PAE

Para Correa, este proyecto, que para ser ley requiere de cuatro debates, es ante todo el mecanismo para garantizar los procesos de selección y operación del PAE, pero a la vez también para enfrentar la corrupción que tienen algunos empresarios que roban los dineros de la alimentación de los niños y niñas, tal y como lo han confirmado fallos de la Contraloría y la Fiscalía.

Según Correa, entre los cambios que plantean incorporar está la conformación de un Banco de Oferentes para la selección de proveedores del PAE. Un aspecto más novedoso del proyecto de ley es que en adelante se dará una especial protección al consumidor, es decir los estudiantes, para lo cual esa labor la realizará la Superintendencia de Industria y comercio, en el marco de sus competencias.

Otros cambios

El proyecto, según plantea Correa, busca que la compra de alimentos tengan prioridad los pequeños productores agropecuarios locales y asociaciones campesinas. Se plantea además una interventoría que deberán contratar los departamentos, distritos y municipios, para hacer seguimiento al PAE.

Un artículo más del proyecto es que los departamentos y los municipios contratantes deberán velar por el principio de celeridad en el proceso de contratación oportuna del PAE, antes del inicio del calendario escolar.

Un aspecto más novedoso en este proyecto es que las entidades departamentales, distritales y municipales darán prioridad a proyectos encaminados al acceso y potabilización del agua en los establecimientos educativos; como también que se deberán equipar las cocinas para la modalidad de preparación en sitio del Programa de Alimentación Escolar.

Lea también: Germán Trujillo, el ‘zar del PAE’ en Santander, ya está en libertad condicional

Caso en Santander

La semana pasada, ante el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Ariel Torres Rojas, el Fiscal Cuarto Delegado, Hernán Suárez, presentó la acusación formal en contra del exgobernador de Santander, Didier Tavera Amado, por las presuntas irregularidades contractuales en el Plan de Alimentación Escolar, PAE, por valor superior a los $35 mil millones.

Según la acusación, el exmandatario departamental incurrió en los delitos de peculado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, en el proceso de contratación del PAE en el 2016 que fue adjudicando a la cuestionada empresa Surcolombiana de Inversiones, que terminó como único oferente.

Aunque si bien en la audiencia penal la defensa de Tavera Amado le insistió reiterativamente a la Fiscalía que revelara los pormenores de los hechos por los cuales relaciona al exgobernador con los hechos de corrupción en el PAE del 2016, el ente acusador no quiso ahondar en detalles, ya que eso hará parte de la siguiente fase: las audiencias preparatorias del juicio oral.

“Tengo que dar una respuesta genérica puesta ahondar en detalles no hace parte de esta fase del proceso. Sin embargo, la agencia fiscal insiste en que el mandatario incurrió en fallas en la delegación y supervisión del proceso contractual del PAE durante su administración”, explicó el fiscal del caso.

Tras la diligencia de acusación, ahora el proceso penal en contra del exmandatario de Santander pasa a audiencias preparatorias de juicio oral. Sin embargo, el magistrado del caso no fijó fecha para la realización de dichas actuaciones.

Por este mismo proceso ya fue condeando Germán Trujillo, el ‘zar’ del PAE en Santander, quien en 2019 llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el cual se acogió a la aceptación de cargos de todos los delitos que le imputaba el ente acusador y acordó devolver $2.283 millones del contrato del PAE, el cual costó $35 mil millones.

En contraprestación, Trujillo redujo su pena a solo tres años de condena.

La Fiscalía también incautó seis bienes de Germán Trujillo, avaluados en más de $33 mil millones.

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