Contralor General criticó la extralimitación de funciones de la contralora departamental, Blanco Luz Clavijo

La auditora general de la República, Alma Carmenza Erazo, y el contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, prendieron las alarmas por las presuntas irregularidades en el control fiscal que se estarían presentando en la Contraloría de Santander, en cabeza de Blanca Luz Clavijo, contralora regional encargada, además de los reiterativos retrasos en la red hospitalaria, de movilidad y sanitaria del departamento, que no estarían siendo auditados debidamente.

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Según la Auditora y el Contralor, la infraestructura de la red hospitalaria, los sistemas de acueductos y el transporte, son los sectores más complejos y con mayores hallazgos fiscales en Santander.

Tras la solicitud elevada por la auditora, Alma Erazo, la Contraloría General de la República decretó intervención funcional excepcional al proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría de Santander contra la alcaldesa de Suratá, Ana Francisca Coronado, quien fue suspendida unas horas antes de la asamblea corporativa de la Cdmb, en la que fueron elegidos los delegados del Consejo Directivo de la corporación ambiental.

Para la Auditora, en el proceso de responsabilidad fiscal iniciado en contra de la Alcaldesa de Suratá existió una presunta vulneración de los principios de imparcialidad y objetividad, al aplicar de forma inadecuada e indebida las normas establecidas para los ejercicios de vigilancia y control fiscal.

“En la apertura del proceso de responsabilidad fiscal procedimiento ordinario, la Contraloría General de Santander presuntamente omitió la aplicación de los artículos 39, 40 y 41 de la Ley 610 de 2000, toda vez que no se encuentran reunidos los supuestos de hecho y de derecho para proferir un auto de apertura, ya que no poseen todos los elementos probatorios que soportan el presunto daño patrimonial”, señaló.

El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, hizo un fuerte llamado de atención a los Contralores Territoriales sobre este tema, dado que se han evidenciado situaciones repetitivas de abuso de la figura de suspensión provisional de alcaldes y secretarios. La Contraloría General de la República está dispuesta a intervenir cuando sea necesario, anunció.

“Es muy preocupante lo que está sucediendo en Santander donde la Contraloría Departamental se estaría extralimitando en sus funciones, aplicando de manera incorrecta el principio de verdad y buena fe sabida para suspender a los funcionarios ya gentes fiscalizados, que se prestan para que estas situaciones comiencen a aumentar por todos los factores políticos que se manejan en los territorios. Con mayor autoridad, mayor responsabilidad”, explicó Rodríguez.

Así mismo, los jefes de la Auditoría anunciaron que en los próximos días también ejercerán intervención funcional excepcional a proceso de responsabilidad fiscal iniciado por la Contraloría de Santander en contra del alcalde de Vetas, Hernán Bautista.

El contralor Rodríguez también señaló que si bien no es promotor de la idea de acabar con las contralorías regionales y municipales, acciones como las que se presentan reiterativamente en el ente de control fiscal del departamento de Santander ponen sobre la palestra pública reconsiderar dicha posibilidad, más aún, cuando se tramita en el Congreso a través de un proyecto de Ley para eliminar las contralorías.

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El contralor General, Carlos Hernán Rodríguez, anunció que el ente de control tiene identificados en el departamento de Santander un total de 125 proyectos considerados como ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas y proyectos críticos, por un valor de $838.699 millones.

De estos, 78 proyectos se encuentran categorizados como ‘elefantes blancos’ u obras inconclusas, por $369.896 millones. Y 47 catalogados como Proyectos Críticos, por $468.803 millones.

La vía Curos - Málaga y el portal Papi Quiero Piña, son los proyectos de infraestructura con mayor suma de recursos comprometidos por más de $200 mil millones entre ambos fallidos proyectos.

Actualmente las obras del Portal Norte y portal Metrolínea Girón, cuyo valor total asciende a $68.346 millones, se encuentran terminadas, pero no están en funcionamiento.

El portal Metrolínea Papi Quiero Piña, con un valor total de $98.499 millones, tiene un avance físico de solo 24 % y financiero de 41 %, y es considerado como obra inconclusa.

Además, las autoridades prendieron las alarmas por los retrasos en la infraestructura hospitalaria que actualmente se ejecuta en el departamento.

Según el ente de control, las obras hospitalarias en Bucaramanga, Girón, Floridablanca, San Gil, Los Santos y Mogotes, por valor total de $165 mil millones, presentan incertidumbre sobre su terminación y puesta en funcionamiento.

“Un caso visible en el sector salud es la Central de Urgencias del Hospital Universitario de Santander que está prestando servicios en un 70 %, inició costando $6.061 millones y hoy vale $13.345 millones, más del doble. La causa: falta de planeación. En cuanto a la infraestructura de los hospitales de San Gil y Mogotes, luego de 4 años de iniciada la ejecución de obras, se entregarán en obra gris (la primera fase). Está igualmente la Unidad Materno infantil de Floridablanca, donde después de 11 años de haberse firmado el primer contrato y luego de cuatro fases en las que se han invertido $38.000 millones, a la fecha no presta servicio a la comunidad por falta de habilitación de servicios”, acotó el contralor Rodríguez.

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Del mismo modo, la Contraloría General de la República anunció que 6 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $12.574 millones, por irregularidades en las obras de construcción, adecuación y mejoramiento de los sistemas de acueducto y alcantarillado en los municipios de Barichara, Sabana de Torres, Rionegro, Barrancabermeja y El Guacamayo, en Santander.

El caso más representativo tiene que ver con el fallido acueducto de Barichara, donde el ente de control fiscal comenzó un proceso ordinario de responsabilidad fiscal en cuantía de $3.816 millones por las presuntas irregularidades evidenciadas en el contrato de obra pública No. 2470 de 2011, por valor de $9.540 millones, celebrado entre la Gobernación de Santander y el Consorcio San Jerónimo, para la construcción del acueducto del municipio de Barichara.

Trece años después, las obras contratadas no se han ejecutado.

El ente de control también tiene en la mira otros fallidos proyectos como los acueductos de Landázuri, Los Santos y Vélez, donde los proyectos siguen sin ponerse en funcionamiento.

De la misma manera, el Contralor General anunció el inicio de responsabilidad fiscal por las fallidas obras de mantenimiento del aeropuerto Yariguies de Barrancabermeja;

Se trata del contrato de obra pública No. 19001323 H4 de 2019, celebrado entre la Aerocivil y el Consorcio Yariguíes por un valor de $ 27.081 millones, con el objeto de “Realizar la rehabilitación de la pista y calles de rodaje- adecuación de las zonas de seguridad y mantenimiento rutinario de las áreas lado aire y lado tierra”.

“Las obras realizadas no cumplieron con la finalidad del contrato, debido a que se presentan deficiencias de control de calidad, debilidades en el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas por parte del contratista, lo que ha llevado al deterioro prematuro de la pista y calles de rodaje que presentan fisuras, situación que pone en riesgo la inversión realizada y los niveles de servicio del aeropuerto”, explicó Carlos Rodríguez.

En el mismo sentido, la Contraloría puso la lupa sobre las inconsistencias en la ejecución del proyecto Parque Interactivo Centro Oriente, del Puerto Petrolero.

Según el ente de control, el proyecto se encuentra suspendido desde el 22 de diciembre de 2021, con un plazo de ejecución restante de 245 días y un avance físico del 41,07% según certificación de la interventoría.