sábado 13 de junio de 2020 - 12:00 AM

Contratación pública para atender crisis COVID-19 en Colombia, priorizó gastos en mercados que en implementos de salud

De los cerca de $2 billones que han invertido Presidencia, gobernaciones y alcaldías para atender la pandemia del COVID-19, $155 mil millones se destinaron a compras de mercados y solo $91 mil millones para compras de equipos de salud.
Escuchar este artículo

El segundo informe de Ciudadanía Activa, iniciativa en la que participan siete organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones del país para hacerle veeduría a la contratación pública en el marco de la pandemia por el COVID-19, reveló que de los 11.676 contratos por cerca de $2 billones, celebrados tanto por el Gobierno Nacional, como por los entes territoriales (gobernaciones y alcaldías) en los primeros meses de emergencia, se priorizaron recursos para adquirir mercados y ayudas para población más vulnerable.

Además: Le ponen la lupa a contratos por 1,6 billones relacionados con coronavirus

De esta forma, los contratos de adquisición de bienes y servicios para salud representan una proporción menor de inversión de recursos.

“Según la clasificación de contratos usada por SECOP I y II, la principal categoría de gastos de contratación ha sido la de alimentos, por una suma superior a los $155 mil millones. La segunda categoría que agrupa mayor gasto es “servicios políticos y asuntos cívicos”, la cual comprende gastos logísticos, de promoción de políticas de aislamiento, atención especial para adultos mayores, entregas de kits, entre otros, por un valor de $109 mil millones. En tercer lugar, se encuentran gastos administrativos, por un monto de $103 mil millones. En cuarto lugar, se identifican contratos de adecuación y de infraestructura, por $97 mil millones. Solo hasta el quinto lugar aparece la categoría de “servicios de salud”, por un monto de $91 mil millones y en sexto lugar la categoría de “equipo médico, accesorios y suministros” también por un valor de $91 mil millones”, dicta el informe.

Lea también: Alianza anticorrupción en época de pandemia del COVID-19

Persisten sobrecostos en Santander

Aunque en el resto del país Ciudadanía Activa identificó a por lo menos 117 financiadores de campañas territoriales de 2019 que han sido contratados en el marco de la emergencia de COVID-19, en Santander esta tendencia aún no se ha evidenciado, aunque sí continúan los hallazgos de sobrecostos en los contratos firmados en el marco de la pandemia.

“Se evidenciaron grandes inversiones para la compra de elementos de bioseguridad y ayudas alimentarias. Para destacar, se tiene que en el departamento de Santander no presenta irregularidades por concentración de contratos en cabeza de uno o pocos contratistas favorecidos, ni tampoco se evidenció contratación relacionada con financiadores de campañas políticas. No obstante, en la revisión efectuada, se encontraron casos particulares de valores muy por encima de los precios del mercado, aún teniendo en cuenta los costos asociados en la contratación pública”, indicó Marcela Pabón, vocera del Comité de Transparencia por Santander.

“Este ejercicio nos muestra que más allá de la emergencia sanitaria, los recursos públicos están atendiendo problemas de fondo causados por la inequidad, la exclusión y la falta de oportunidades. Sabemos que esta situación hace que la crisis sea aún más aguda. Es necesario mantener los esfuerzos de transparencia y rendición de cuentas tanto para la emergencia como para la solución de estos problemas estructurales”, señaló Andrés Hernández, Director Ejecutivo de Transparencia por Colombia.

El monto de las contribuciones hechas a campañas por estos contratistas es superior a $4,7 mil millones, mientras que el valor de los contratos que reciben es aproximadamente tres veces mayor, ascendiendo a $12,5 mil millones.

Le puede interesar: Le piden al Congreso a no dejar hundir proyecto de Ley para proteger a los denunciantes de corrupción

Contratación directa

Así mismo, en el informe de la red de veedurías se estableció que la contratación directa continúa predominando en época del COVID-19, justificada en la urgencia manifiesta. 46% de los contratos se han justificado bajo esta causal, por un monto superior a 1,2 billones.

En todos los territorios evaluados (Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá), Ciudadanía Activa encontró que la mayor parte de los contratos se han firmado bajo modalidad directa (2.279), principalmente bajo las causales de urgencia manifiesta (1375) y contratos interadministrativos (88).

En los siete territorios analizados, los gobiernos locales han publicado su acto administrativo de declaratoria de urgencia manifiesta, de acuerdo al principio de máxima publicidad de la información de la ley 1712.

dato
Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Publicado por
Lea también
Publicidad
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad