miércoles 09 de septiembre de 2015 - 12:01 AM

Contrato del Santísimo es desequilibrado para Santander: Contraloría

Los hallazgos cuestionan las actuaciones de Richard Aguilar Villa, gobernador de Santander, y varios de sus funcionarios, así como del actual candidato a la gobernación del departamento, Carlos Fernando Sánchez Aguirre, en su calidad de director de la Corporación Panachi, y de Arley Anaya, director de la Cdmb. Primera entrega
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Quince hallazgos, 14 de los cuales tendrían alcances disciplinarios, siete fiscales y uno penal, dejó como resultado la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a la inversión de los recursos de regalías que recibió la Gobernación de Santander en cabeza de Richard Aguilar Villa, de 2012 a 2014.

De los 112 proyectos gestionados, que ascendieron a $358 mil millones, el ente de control fiscal estudió y analizó la ejecución de un total de 23 cuyo valor total supera los $230 mil millones, y encontró desde fallas en la planeación hasta presuntas irregularidades en los trámites que se llevaron a cabo para su puesta en marcha.

En la primera entrega de este informe del Ente de Control, Vanguardia Liberal muestra los cuatro hallazgos que estuvieron relacionados con la ejecución del controvertido proyecto Ecoparque Cerro del Santísimo, que fue financiado con $42 mil millones en regalías cuando esos recursos por ley están destinados a cubrir las necesidades más apremiantes de los habitantes del departamento.

Los terrenos

Uno de los principales cuestionamientos que hace el ente de control al Cerro del Santísimo, está por cuenta de la manera en la que se viabilizaron los predios en los que se construyó, debido a que la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, les cambió el uso del suelo sin estudios técnicos de fondo y los sustrajo del Distrito de Manejo Integrado y de zonas de protección, pese a que son cercanos a ecosistemas vulnerables como el ‘Cerro de la Judía’, con miras a darle paso al proyecto.

Se trata de dos terrenos ubicados en la vereda Los Helechales, que pese a que tenían restricciones de uso de suelo, en octubre de 2012 (tres meses después de que se cumpliera la posesión de Ludwing Arley Anaya en la dirección de la Cdmb), fueron declarados de uso recreacional.

“(Los hechos) denotan presuntas vulneraciones a los principios de transparencia, legalidad y moralidad administrativa, puesto que la Cdmb actuó de forma sistemática y presuntamente dolosa al modificar mediante acuerdo la zonificación de los predios… con el fin de facilitar la viabilidad del proyecto Ecoparque Cerro del Santísimo ante el Ocad”, señala el informe del equipo auditor.

Y es que precisamente, la modificación del uso del suelo de esos terrenos fue lo que, según la Contraloría, terminó sirviendo como base para que la Gobernación de Santander y la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, Panachi, terminaran suscribiendo el convenio con el que se inició la relación contractual para la construcción de ‘el Santísimo’ en enero de 2013.

Sin embargo, los cuestionamientos a los terrenos que fueron utilizados para la puesta en marcha de la obra son más y están relacionados con el predio conocido como la finca ‘La Esperanza’, que pese a haber sido declarado en el Plan de Ordenamiento Territorial de Floridablanca como un ‘sitio de interés local arquitectónico’ con tratamiento de conservación, fue utilizado para la construcción del proyecto, con anuencia de la Cdmb, que era la dueña del territorio.

Al respecto, el director de la Cdmb, Ludwing Arley Anaya, explicó: “Tenemos todos los estudios que demuestran que el cambio se podía hacer. De la finca la Esperanza solo vendimos la parte de la casona y nada er suelo de protección”.

“HAY DESEQUILIBRIO CONTRACTUAL”

Otro de los grandes cuestionamientos que la Contraloría General de la República le hace a la inversión de regalías en la construcción del Cerro del Santísimo, está por cuenta de la figura mediante la cual la Gobernación de Santander privatizó los $42 mil millones de pesos a través del convenio que suscribió con la Corporación Panachi, entidad que fue creada en la administración de Hugo Aguilar Naranjo, papá del actual mandatario departamental.

“Para el equipo auditor, entregar el mencionado proyecto una vez terminado con un valor agregado que no se puede medir cuantitativamente, a una corporación privada… es desfavorable económica y socialmente para el país, el departamento, el área y el municipio”, agrega el informe.

En el documento, la Contraloría explica que los millonarios recursos “difícilmente se podrán recuperar por parte de las entidades territoriales” en vista de que los ingresos son de “la entidad privada como el operador del proyecto”.

En este sentido, el ente de control señaló que Carlos Fernando Sánchez, en ese entonces gerente de Panachi y hoy candidato a la Gobernación de Santander, había asegurado que esa corporación “no administra recursos de ninguna entidad pública”, pese a que los proyectos que administra no existirían sin el apoyo de esos dineros; y se refirió a las explicaciones dadas por la Gobernación de Santander en cuanto a que el proyecto activará el desarrollo en la zona, señalando que “hay incertidumbre” sobre los ingresos de Panachi porque están en manos de privados y porque se necesitan obras adicionales, como la construcción de las vías de acceso.

“(Con el convenio entre la Gobernación y Corpanachi) se vulnera el principio de equilibrio económico, poniendo en riesgo los cuantiosos recursos invertidos en el proyecto Ecoparque Cerro del Santísimo provenientes no solo del sistema general de regalías, sino también recursos propios de la Gobernación de Santander y bienes de la autoridad ambiental, Cdmb”, precisa el informe de auditoría.

Vanguardia Liberal intentó obtener la versión del gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, pero fue imposible contactarlo.

Su jefe de prensa señaló que estaba “cumpliendo compromisos de la semana por la paz en la cancha La Juventud”.

Esta redacción también intentó obtener la versión de Carlos Fernando Sánchez, pero no contestó los mensajes para localizarlo.

PANACHI NO ENTREGÓ TODOS LOS DISEÑOS

Los hallazgos sobre la ejecución de las obras que comprendieron todo el ecoparque del Cerro del Santísimo, además se remiten a presuntas irregularidades en la ejecución de las obligaciones que adquirió la Corporación Panachi.

Precisamente, el convenio que se firmó entre Corpanachi y el Departamento se basó en que el primero aportaba los estudios y diseños del proyecto y el segundo se encargaba de financiarlo.

Pues bien, el ente de control estableció que en lo correspondiente a la construcción del teleférico, la Gobernación de Santander pagó al contratista por los estudios y diseños de la obra, y determinó que existió un presunto daño fiscal de $2.090 millones en la ejecución de los recursos.

Aunque la Gobernación fue requerida al respecto, desde la Secretaría de Infraestructura se explicó que los estudios aportados por la corporación servían solo como referencia.

“JUEZ Y PARTE”

Un mes después de que Ludwing Arley Anaya Mendez llegara a la dirección de la Cdmb, el Consejo Directivo de esa entidad ambiental, cuyos integrantes van desde el Gobernador de Santander hasta alcaldes de los municipios que están en la jurisdicción de la corporación, sesionaron y le dieron vía libre al nuevo director para asociarse con la Corporación Parque Nacional del Chicamocha.

En el documento, que fue expedido el 27 de julio de 2012, entre otros, se autorizaba a Anaya a efectuar ajustes contables y financieros, y a suscribir contratos con miras a cumplir con el acuerdo, que busca que la Cdmb tuviera participación en la ejecución de actividades ecoturísticas y de conservación de flora y fauna del lugar.

Así las cosas, la Contraloría cuestiona el hecho de que cuando la Corporación Panachi solicitó a la Cdmb licencia ambiental para la construcción del proyecto, que estaba en zonas que otrora eran de protección, la misma entidad ambiental aseguró que ‘no’ eran necesarias autorizaciones para intervenir esos terrenos.

“Es enfática la Contraloría en determinar que la Cdmb actuó como juez y parte en el desarrollo precontractual del proyecto”, señala un aparte del informe.

Adicionalmente, la Contraloría reveló que la Cdmb tramitó para sí misma una licencia de construcción en la finca La Esperanza, que era de su propiedad, lo que para el ente de control dejaría en evidencia un “presunto caso de conflicto de intereses”.

Aunque finalmente, el convenio entre la Cdmb y la Corporación Panachi fue terminado por mutuo acuerdo en mayo de 2013, en junio de ese año se firmó uno nuevo, esta vez entre esas dos entidades y la Gobernación de Santander, que tenía como propósito hacer efectiva la venta de una porción del lote de La Esperanza.

Sin embargo, la Contraloría estableció que a 22 de abril de 2015 ese predio aún estaba en manos de la entidad ambiental, pese a que según reportes entregados por Panachi ya había sido comprado.

“Cuando se habla de una licencia, es porque nosotros seguimos siendo dueños de la mayoría de la finca La Esperanza, y esa la tramitamos para la construcción del Centro de Fauna. Ese punto ya fue análisis de la Procuraduría y determinó que no teníamos conflicto de intereses ni que fuimos juez y parte al mismo tiempo. Precisamente, para evitar esta situación fue que no ejecutamos el primer acuerdo”, aseguró Anaya.

Por estos hechos, la Contraloría compulsó copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que investiguen tanto al Director de la Cdmb como a los integrantes del consejo directivo, entre ellos al Gobernador de Santander.

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