En los últimos 10 años, por las páginas de Vanguardia han sido publicados decenas de informes sobre presuntos hechos de corrupción, que han involucrado a gobernadores, alcaldes, contratistas e interventores, entre otros. Aquí les dejamos un recuento de qué ha pasado con las investigaciones más destacadas de la última década.
“Aquí no pasa nada, ni ha pasado nada”. Esa es la conclusión al final del relato de Gabriel García Márquez sobre la llamada ‘Matanza de las Bananeras’ en Cien Años de Soledad. No hubo muertos, no hubo injusticias, no hubo nada.
Fue la forma del premio Nobel colombiano de reflejar lo que pasaba en el país y, hasta cierto punto, también refleja el temor de muchos ciudadanos con los hechos de corrupción.
A veces estos casos se denuncian, se hacen públicos, y las investigaciones no avanzan con el ritmo y la rapidez que muchos quieren. Pueden pasar años antes de que haya sanciones (si es que las hay) o una absolución (si es que el implicado es inocente).
A esto se suma la llegada de personajes cuestionados o cercanos a estos en cargos públicos o de control político.
Para establecer qué tan cierto es eso de que “aquí no pasa nada”, Vanguardia hace un balance de las denuncias que se han hecho desde esta redacción y en qué estado se encuentran las investigaciones que han adelantado los entes de control.
A principios de 2012, Vanguardia publicó una serie de artículos denunciando la suscripción de varios contratos con fundaciones u organizaciones sin ánimo de lucro a través de la Secretaría de Desarrollo Social y la Alcaldía de Bucaramanga (cuando Héctor Moreno Galvis fue alcalde encargado), para actividades como el alumbrado navideño, la realización de videos, la capacitación de líderes sociales o la organización de eventos para el adulto mayor.
Esto se hizo sin licitación, es decir, con contratación directa (aprovechando que se suscribieron con fundaciones o entidades sin ánimo de lucro). Además, eran organizaciones sin experiencia comprobada y que en ocasiones recurrieron a subcontratistas. En varios casos se identificaron presuntos sobrecostos, la no presentación de soportes que garantizaran la ejecución del contrato y algunos de ellos fueron presuntamente adulterados.
Por estos hechos, en su momento el exalcalde fue capturado. Luego fue liberado, aunque siguió vinculado a la investigación. El exmandatario falleció en 2021, casi una década después de ocurridos los hechos. Para entonces varios procesos en su contra y de otros funcionarios y contratistas aún se mantenían vigentes.
En 2016, Vanguardia reveló cómo la Alcaldía de Luis Francisco Bohórquez firmó contratos por casi $15 mil millones con empresas cuyos representantes legales eran feligreses de la iglesia cristiana Manantial de Amor, propiedad de su familia.
Dos de las empresas tuvieron entre sus accionistas o representantes legales a familiares del exalcalde, aunque estas pasaron a manos de terceros meses antes de la posesión del exmandatario.
Se trata de contratos que en muchos casos fueron de único proponente, para actividades varias como consultorías, poda de árboles, identificación de postes o modernización del alumbrado público.
Los representantes legales de estos contratistas, además, fueron empleados o tenían vínculos con Paviacom, empresa de Leonardo Luna Escalante, asesor del entonces alcalde y líder de la iglesia cristiana.
En una posterior investigación, en 2018, Vanguardia encontró que dichas empresas también habían contratado con Metrolínea, esta vez con contratos por $4.600 millones, mediante la modalidad de invitación privada, avalada en el marco del manual de contratación del ente gestor del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga.
La modalidad recurrente consistía en que se invitaba a tres empresas en la rama y dos de ellas hacían parte de la red de organizaciones vinculadas a los hechos denunciados.
Actualmente, aunque el exalcalde de Bucaramanga, varios excontratistas y exfuncionarios siguen vinculados en el proceso, las personas señaladas se encuentran libres y a la espera de que se resuelva su situación jurídica.
En relación con el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, hay varios procesos penales y disciplinarios en su contra, pero quizás el más sonado es el llamado caso Vitalogic.
En este se señala al hijo del exmandatario de suscribir un contrato de corretaje y supuestamente favorecer a una empresa en el proceso contractual para adjudicar la nueva tecnología de disposición y tratamiento de los residuos sólidos de la capital santandereana.
Vanguardia ha hecho varias publicaciones, entre las que se incluyen los presuntos chats entre Luis Carlos Hernández, hijo del exalcalde, y su socio de entonces, Luis Andelfo Trujillo, quien ahora es uno de los testigos estrella en el juicio penal.
Cabe recordar que en su momento la invitación pública fue muy cuestionada por los entes de control, particularmente porque el gran favorito, la firma Vitalogic RSU, no presentó en su oferta una póliza de garantía como lo exigía la ley.
El proceso fue declarado desierto y, posteriormente, se anunció que el contrato se iba a suscribir con Vitalogic de manera directa, sin la apertura de un nuevo proceso contractual.
El caso tomó un giro en 2020 cuando la Fiscalía encontró pruebas que demostrarían que el exmandatario intervino para que el contrato consultoría 096 de 2016 le fuera adjudicado al contratista Jorge Hernán Alarcón, uno de los personajes clave en el proceso contractual.
Por estos mismos hechos, en octubre de 2021, la Procuraduría formuló pliego de cargos en contra del exgerente de la Emab, José Manuel Barrera.
Actualmente, ese proceso es investigado por la Fiscalía y el 30 de noviembre de 2021 inició la audiencia preparatoria del juicio. Mientras tanto, Hernández se posiciona como uno de los precandidatos con mayor intención de voto para las elecciones presidenciales de 2022.
Este proceso, en el que hay señalamientos de un presunto direccionamiento de contratos y el supuesto pago de millonarias coimas, está avanzando en los entes de control y se esperan decisiones muy pronto.
Esto en parte porque tanto la secretaria de Infraestructura Departamental, Claudia Toledo, y su esposo, el contratista Lenin Pardo, confesaron algunos delitos y vincularon al exgobernador Richard Aguilar Villa en la presunta trama de corrupción.
Los hechos ocurrieron entre 2012 y 2015, cuando Aguilar Villa estuvo en el cargo, pero solo hasta el año pasado se han visto los mayores avances, incluyendo la medida de aseguramiento en contra del exsenador por Cambio Radical.
Los contratos que están envueltos en este escándalo son cuatro y suman cerca de $500 mil millones. Estos son: el Corredor San Gil - Charalá - Límites, el Corredor Agroforestal, la ampliación de la vía Puerta del Sol - Provenza (Tercer Carril) y la renovación y el refuerzo estructural del Estadio Alfonso López.
En el caso de este último proyecto, se habla de coimas de entre $700 millones y $1.500 millones, en los días en los que se estaba autorizando una adición de más de $6.700 millones.
Video: Habrían ofrecido dinero a testigos para no involucrar a Richard Aguilar en caso de corrupción
Lo investigado por la Corte Suprema de Justicia señala la presunta existencia de un entramado, que incluye asesores, evaluadores y contratistas, para diseñar los pliegos y adjudicarlos a consorcios o empresas seleccionadas que, al parecer, eran escogidas previamente.
Aunque Richard Aguilar renunció a su curul, su proceso lo mantiene la alta corte.
En medio de la crisis que lleva por varios años Ferticol, surgieron varias denuncias sobre presuntas irregularidades y malos manejos financieros. Varios lotes fueron vendidos, supuestamente para ayudar a pagar los pasivos de la empresa, pero no es claro a la fecha dónde está el dinero.
Además, algunos de los predios habrían sido pagados con supuestos contratos cuyo respaldo no aparece, también ha habido conciliaciones judiciales dudosas y créditos vinculados al llamado ‘carrusel de contratos del Idesan’. Entre los salpicados hay varios exgerentes e incluso funcionarios de ese instituto. No obstante, los procesos aún siguen su trámite en los entes de control y algunos involucrados, como Rolando Méndez, mencionado tanto en el desfalco de Ferticol como en el Carrusel de Créditos del Idesan, no tendrían ningún proceso o investigación abierta en su contra en la Contraloría de Santander, según pudo conocer Vanguardia.
Mientras tanto, la liquidación de la empresa es inminente y los extrabajadores, a quienes les deben varios meses de sueldos, primas y otros honorarios, al parecer serán los más afectados con esta situación.
Aunque comenzaron a ejecutarse hace más de cinco años, Santander tiene seis acueductos inconclusos en los que se han invertido más de $92 mil millones.
Algunas de estas obras apenas rondan la mitad de su ejecución y ya se hicieron adiciones presupuestales. La población de las regiones afectadas, algunas con problemas históricos de escasez de agua, siguen sin una solución.
Se trata de los acueductos de Los Santos, Lebrija, Vélez, Málaga, Barichara y Landázuri. Algunos de estos estuvieron en manos de la Esant y otro de la Gobernación de Santander, pero todos tienen puntos en común que van desde adiciones presupuestales hasta suspensiones de obra.
En el caso de Málaga, este proyecto ya fue declarado como un ‘elefante blanco’ por la Contraloría de Santander. Inicialmente se invirtieron alrededor de $1.600 millones, pero las obras se ejecutaron con errores técnicos que no permitían garantizar el suministro idóneo de agua.
Y en el de Barichara, el contrato que se suscribió en 2011 prácticamente no se ejecutó y a la fecha hay un lío jurídico para la liquidación del contrato, para el que ya se había pagado un anticipo de $3.800 millones.
Es preciso informar que la Corte Suprema inició investigación contra el representante a la Cámara Edwin Ballesteros, por presuntas irregularidades que se habrían cometido en el contrato para hacer el acueducto de Landázuri cuando este fue gerente de la Esant.
La obra, que fue construida durante la administración de Richard Aguilar Villa, buscaba garantizar el suministro de agua potable al municipio de Vélez, con la construcción de una represa.
No obstante, la obra, que costó cerca de $10 mil millones, colapsó en 2016 cuando estaba siendo llenada.
Por estos hechos han llamado a responder tanto al exgobernador como al exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, Edwin Ballesteros.
Según un estudio de la UIS, la modificación del ducto diseñado para el manejo de aguas fue la principal causa para el colapso de La Batanera.
En junio de 2020, la misma Esant confirmó que tras hacer varios estudios descartaba rehabilitar o construir una nueva represa en el sitio.
Tres meses después de ocurrido el siniestro de la millonaria obra, la Contraloría General de Santander anunció hallazgos fiscales por $9.394 millones por las deficiencias presentadas en la construcción de la represa.
No obstante, cinco años después, aún no hay ninguna condena o sanción por este caso. De hecho, uno de los señalados, el exrepresentante a la Cámara y exgerente de la Esant, Edwin Ballesteros, quedó absuelto de su responsabilidad disciplinaria.
En 2017, la Unidad Investigativa de Vanguardia denunció que el concejal de Bucaramanga Wilson Mora Cadena había cometido algunas presuntas irregularidades cuando fue gerente de la Terminal de Transportes de la capital santandereana.
Entre los señalamientos hechos por diversas fuentes estuvo la compra de 1.500 líneas telefónicas adquiridas supuestamente por medio de la Terminal y que habrían sido usadas para la campaña al Concejo de Mora Cadena.
De igual forma, lo acusaron de aprovechar su posición como gerente de la Terminal para provecho propio o de su familia.
Por ejemplo, al parecer había designados espacios en el parqueadero a familiares del exconcejal y había dudas sobre la construcción de una estación de servicio, donde al parecer Mora Cadena tomó decisiones, como una adición de $500 millones, sin la autorización de la junta directiva.
Por estos hechos, en febrero de 2017 Wilson Mora fue destituido como gerente de la Terminal de Transportes. No obstante, los procesos penales en su contra aún no han avanzado.
A comienzos de 2016, el recién posesionado Gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, advirtió de presuntas irregularidades en tres contratos suscritos en la administración de Richard Aguilar para el Banco de Maquinarias. Según indicó, el Gobierno Departamental “compró máquinas chinas a precios de Caterpillar’.
En octubre de ese año, la Contraloría confirmó hallazgos fiscales por $5 mil millones en esos tres contratos firmados por la Gobernación. Según se informó en su momento, fueron 14 hallazgos disciplinarios, 3 penales, 6 fiscales y 16 administrativos. Para ello se compulsaron copias con los otros entes de control.
Según la Contraloría, un ejemplo es el contrato de obra 3.083 de 2013 por $37 mil millones, que con las adiciones que tuvo terminó costándole al departamento más de $54 mil millones. A pesar de estas advertencias y lo hallado por el ente de control fiscal, no se conoce de sanciones o cómo avanzan las investigaciones en Procuraduría y Fiscalía al respecto.
Tal y como lo ha advertido Vanguardia en varias ocasiones, desde la salida de Fredy Anaya de la Corporación Autónoma por la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, empresas de su familia se convirtieron en poderosos contratistas de los sectores de infraestructura, agua y alcantarillado. Esto se dio de forma particular con la Empresa de Alcantarillado de Santander (Empas).
Solo entre 2007 y 2014, se conoce de contratos por $68 mil millones entre Empas con las empresas López Morales, Sayan y Proconam (estas cambiaron luego su razón social), del círculo familiar del exrepresentante a la Cámara.
Cabe recordar que Anaya Martínez ejerció por dos periodos consecutivos como director de la CDMB y durante su gestión fue creada la Empas, entidad sobre la que históricamente ha tenido gran influencia y desde donde se dice comenzó a crecer como empresario.
Actualmente, esas empresas familiares, ahora con otras razones sociales, siguen siendo grandes contratistas en la CDMB, Empas y en general en todo el departamento.
A pesar de las denuncias hechas en su momento por el exdirector de la CDMB, Ludwing Arley Anaya, y el exgerente de Empas, Humberto Prada, las investigaciones no prosperaron en ninguno de los entes de control ni en la Fiscalía General.
Anaya Martínez, por su parte, ha tratado de resultar elegido alcalde de Bucaramanga en dos ocasiones, pero no ha tenido éxito.
No obstante, a finales del 2021, postuló su nombre y fue elegido como nuevo Contralor de Santander por la Asamblea Departamental.
A pesar de las denuncias que hizo la Unidad Investigativa de Vanguardia, en donde se advierte del presunto favorecimiento de personas cercanas a Fredy Anaya con el POT de Floridablanca, es poco lo que se sabe hasta ahora de las investigaciones.
El plan de ordenamiento territorial permitió en su momento el paso de terrenos que figuraban como rurales a urbanos (para construir edificios que en un borrador inicial figuraban como altura libre). Anaya en su momento aseguró que todo estaba en regla, pues esos predios estaban en el perímetro urbano de servicios públicos de Ruitoque E.S.P., pero para los expertos consultados por Vanguardia esto no bastaba y se presumía la existencia de varias irregularidades que violaban el ordenamiento territorial del municipio.
Según denunció en su momento la Unidad Investigativa de Vanguardia, en el Instituto de Fomento y Empleo de Bucaramanga, Imebu, entre 2012 y 2013 se suscribieron 112 contratos con fundaciones que serían “de papel”, es decir, que supuestamente son sin ánimo de lucro, pero que al parecer fueron creadas para facilitar la contratación directa de diferentes objetos contractuales, que van desde interventorías hasta consultorías.
Durante 2012, el Imebu comprometió más de $1.600 millones divididos en 45 contratos con fundaciones que en algunos casos pueden desde brindar talleres hasta realizar interventorías en poliductos, gaseoductos y mineras.
Al año siguiente, en 2013, la historia no fue diferente. Solo en ese año se destinaron más de $2.500 millones en 67 contratos suscritos con organizaciones de las mismas características.
Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 11 años al exdirector del Imebu, Cristian Rueda Rodríguez, excuñado de la entonces concejal liberal Nancy Lora.
No obstante, la corporada, quien es señalada de tener influencia en el instituto, hasta ahora no ha resultado salpicada con el escándalo de la misma forma.
Actualmente, la excorporada tiene aparte un proceso en su contra por supuestamente haberles exigido dinero a excontratistas del Imebu para respaldar su campaña al Concejo.
A pesar de las denuncias de presuntas irregularidades en la licitación de La Virgen - La Cemento, el Idesan sigue con la idea de adjudicar el proyecto de infraestructura.
Organizaciones como Transparencia por Santander y la Sociedad de Santandereana de Ingenieros (SSI) han criticado el proceso e Invías estudia la posibilidad de quitarle la administración de los recursos de los peajes al Idesan.
El pasado jueves en la noche, luego de semanas de denuncias y críticas, se ordenó dar por terminada la licitación.
Este caso hace referencia a hechos ocurridos en el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander, Idesan, entre 2017 y 2019, cuando Gilberto Mendoza fue gerente de esa entidad.
En marzo de 2017, la Asamblea de Santander aprobó una reestructuración de ese instituto y entre los cambios que hubo estuvo la posibilidad de que la entidad le prestara dinero a particulares.
No obstante, hay denuncias de que en los siguientes dos años se otorgaron más de $12 mil millones en créditos, sin contar con garantías de respaldo.
Entre los favorecidos está Fabián Rolando Méndez, esposo de la diputada de Cambio Radical Marggy Carolina Rangel, quien con la ayuda de un crédito por $2.000 millones compró dos terrenos que pertenecían a Ferticol.
No obstante, según una fuente anónima, se atrasó en los pagos y al final, en 2019, cuando estaba a punto de iniciarse un proceso judicial, la deuda fue pagada completamente, pero con la ayuda de otro crédito por $2.700 millones otorgado por el mismo Idesan a la empresa Global Project Business.
En el caso de Méndez Cáceres, por ejemplo, la Contraloría de Santander asegura que a la fecha no hay ningún proceso o investigación en su contra.
Mientras tanto, la opinión pública está pendiente de que se resuelva la situación jurídica de los otros implicados y de que se conozca qué ha pasado con la cartera vencida que tiene el Idesan.
Esta investigación hace parte de una serie de denuncias que se han hecho en Barichara y que involucran tanto al actual alcalde, Alfonso Rodríguez Patiño, como al exmandatario Israel Agón.
En el caso de Rodríguez Patiño, se cuestiona que antes de ser electo alcalde le otorgaron a su tía una licencia para un predio denominado El Tejar, donde se promueve la construcción de casas campestres de 136 m².
No obstante, se trataría de una zona que, según el Esquema de Ordenamiento Territorial, figura como suelo rural y los lotes deben tener mínimo 2.500 m². Además, parte del terreno se encontraría en zona de protección ambiental, por la presencia de unos cuerpos hídricos y estar dentro del área de ronda hídrica (30 m).
Los denunciantes dicen que habría más irregularidades en Barichara, municipio que es protegido como Patrimonio Nacional y se debe preservar tanto la arquitectura como las zonas de protección que rodean el pueblo.
Se destaca, por ejemplo, el caso de Israel Agón, denunciado por presuntas irregularidades con el proyecto de vivienda de interés social La Primavera. Hace un año fue absuelto por la Procuraduría, mientras que el juicio penal continúa (está en libertad).
