La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió ayer para estudiar la demanda que pide extender el periodo de la Comisión de la Verdad, ad-portas de terminar sus tres años de funcionamiento desde su creación en el 2017.
El estudio de la demanda le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien está proponiendo en su ponencia, darles la razón a los demandantes y ampliar el plazo de funcionamiento de ese órgano creado en el marco de la firma de los acuerdos de paz, que termina su periodo en noviembre.
La ponencia propondría ampliar el periodo de la Comisión hasta junio de 2022, además que también se ampliaría el periodo de la socialización del informe final que la entidad debe presentar y que señala que el mismo es de dos meses.
Así las cosas, el documento propone que la Comisión termine sus funciones en agosto de 2022, tras acoger las pretensiones de los demandantes, quienes aseguraron que la pandemia del COVID-19 retrasó las funciones de este órgano.
La demanda en cuestión fue presentada por La Corporación Personas con Capacidades Diversas (Percadi), la Asociación de Víctimas Unidas de Granada (Asovida) y la Red Colombiana de Lugares de Memoria, con el apoyo del Programa Paiis de la Universidad de los Andes y Dejusticia.
Las organizaciones aseguran que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia y que, desde que Colombia entró en emergencia sanitaria, el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad se ha visto profundamente afectado.
“La imposibilidad de viajar a los territorios donde se vivió el conflicto armado ha perjudicado el cumplimiento de los cuatro objetivos de esta institución creada por el Acuerdo Final de Paz: el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. De no resarcirlos, se estaría incumpliendo con el acuerdo de Paz”, indicaron las organizaciones.
Las corporaciones argumentan en la demanda, que la Comisión de la Verdad, solo ha funcionado un año, tres meses y 14 días en condiciones de normalidad.
