CPS de la Alcaldía: ¿necesidad o herramienta para pagar favores?

En Colombia, un profesional recién egresado tarda entre 5 y 12 meses en conseguir empleo, y una vez enganchado, su ingreso promedio no supera la cifra de $1’300.000.

Aunque esto dice la estadística, otra cosa parece ocurrir en la Alcaldía de Bucaramanga, donde por cuenta de los contratos de prestación de servicios, conocidos como CPS, se ha vinculado a varios jóvenes estudiantes o recién egresados cuyas obligaciones y responsabilidades no parecen guardar relación con la poca experiencia de sus hojas de vida.

Durante 2012, el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, suscribió 1.600 CPS; en 2013 el número subió a 1.701 y en 2014, antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, la cifra llegó a 1.886 contratos, que le costaron al municipio $16 mil millones.

En ese entonces, Bohórquez justificó esta contratación desbordada en necesidades impostergables de la administración: “la contratación que adelanté está soportada en una necesidad del servicio que es reportada por los secretarios y gerentes, y ellos son los que dicen qué tipo de profesionales requieren, porque esta es la empresa más grande de la ciudad y no puede dejar de funcionar”.

La Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal quiso conocer algunas de estas contrataciones y para ello seleccionó las hojas de vida de un grupo de asesoras conocidas en la ciudad por su cercanía al alcalde de Bucaramanga. Esto fue lo que encontró.

Contratos hechos a la medida

Una vez analizadas las vinculaciones, se encontró que todas ellas tienen una constante: son contratos hechos a la medida del contratista, es decir, adecuados al perfil de la persona que quieren contratar, pero no a una necesidad real de la administración.

“Son estudios previos y perfiles acomodados. Se ve que los contratos se ‘confeccionan’ y no que realmente el municipio tenga una necesidad que se deba cubrir”, afirmó un abogado experto en contratación estatal consultado por esta redacción.

Un ejemplo es el contrato 1506 del 8 de julio de 2013 por valor de $13 millones, firmado entre Diana Carolina Castellanos y Carmen Cecilia Simijaca, secretaria Jurídica de la Alcaldía. Según los estudios previos que justifican la contratación, se necesitaba un abogado para apoyar “todas las etapas de los procesos contractuales brindando asesoría y acompañamiento”, por lo cual se pide una persona con la “idoneidad y experiencia necesarias”. Esta persona tendría la difícil misión de apoyar a todas las dependencias no solo en procesos contractuales, sino en emitir conceptos y dar visto bueno a los documentos necesarios para adelantar la contratación, entre otros.

No obstante, a pesar de lo delicado de las materias que en teoría debe tratar esta persona, la alcaldía de Bohórquez pidió un abogado “con dos meses de experiencia”.

“La experiencia de Diana Carolina no tiene nada qué ver con el perfil que se necesita”, afirmó el experto consultado. “Al mirar la hoja de vida, fue sustanciadora de un juzgado. ¿Qué tiene que ver una sustanciadora con emitir conceptos en materia de contratación pública? Nada”, afirma el experto.

Además, es Simijaca quien certifica su “reconocida experiencia e idoneidad”. “¿Cómo puede certificar eso, si se graduó tres meses antes y la experiencia no tiene nada que ver con contratación?”, se pregunta el experto.

Llama también la atención que los estudios previos que soportan esta contratación y que establecen que se necesita una abogada con dos meses de experiencia se realizan el 2 de julio de 2013, mientras que Castellanos obtuvo su grado de abogada el 12 de abril del mismo año, es decir, dos meses y quince días antes de darse la contratación.

Otro ejemplo es el contrato 134 del 24 de enero del 2013 firmado también por Carmen Cecilia Simijaca con Deisy Dayán Burgos Olaya. Aquí se pide un bachiller para que apoye el manejo documental y la mensajería de la Secretaría de Desarrollo y se decide contratar a Burgos, quien para ese entonces era estudiante de Derecho. Para esta función se le asignó un pago de $2’000.000 mensuales. En opinión de expertos, no tiene justificación que se establezca un pago de ese monto, para una persona que es contratada como bachiller.

Lo mismo ocurre con el contrato 020 del 22 de marzo de 2012 firmado por María Camila Rueda Alvarado, esta vez con el Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación, Inderbú, para apoyar procesos administrativos y contractuales de la oficina jurídica.

En este contrato se pide alguien con “conocimiento general del Derecho”, para pagarle $1’300.000 mensual por seis meses. En ese momento Rueda no había terminado sus estudios de Derecho. Finalizado el contrato, se firma el 142 del 28 de septiembre de 2012, para ejercer las mismas funciones, pero ahora por $1’400.000. Luego en enero de 2013, se firma un contrato para los mismos fines, pero ahora se exige que sea abogada, siendo que Rueda se graduó un par de semanas antes. En este contrato el pago es de $2’000.000. No obstante, se exige una experiencia de un año, que no fue verificada, pues Rueda solo tenía unas semanas de graduada antes de la firma del nuevo contrato. 

Ante la falta de experiencia, María Camila Rueda manifestó: “No me acuerdo cuánta experiencia me pidieron, pero yo tenía los consultorios jurídicos que también se cuentan como experiencia, y eso uno lo hace desde séptimo semestre”.

La vinculación será renovada una vez más en abril de 2013, con un ajuste en la remuneración de $2’400.000. En enero de 2014, Rueda firmó el contrato 26 por siete meses para los mismos fines.

María Camila Rueda es hija de Félix Francisco Rueda, exgerente de Metrolínea.

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Obligaciones que no guardan coherencia

Otra de las constantes en estos contratos es que las obligaciones para las cuales se vincula a las profesionales y estudiantes no tienen coherencia con el perfil ni con las labores que ejecutan.

Este es el caso de Valentina Mantilla, quien suscribió el contrato 10 del 2 de enero de 2014, otra vez con Carmen Cecilia Simijaca, por $51’750.000 para un periodo de 11 meses. Según este contrato, Mantilla debería apoyar a la alcaldía en “temas relacionados con el presupuesto, la gestión administrativa y la planeación estratégica urbana”.

“La necesidad a satisfacer es muy especializada. Esto es todo lo que tiene que ver con el funcionamiento y estructuración del Plan de Desarrollo, esa es labor de un experto”, afirma el especialista consultado.

Sin embargo, Mantilla solo se graduó como Ingeniera Industrial en marzo de 2013, es decir, nueve meses antes de firmar ese contrato. Anteriormente trabajó con el Área Metropolitana como “puente” entre esta entidad y la alcaldía. “Esa experiencia no le sirve para el objeto tan específico para el que la contrataron”, asegura el experto. “Además, en ningún momento de la contratación hubo una valoración de la idoneidad de Mantilla frente a la obligación contratada”.

Mantilla Oliveros allega a su hoja de vida una “especialización en Planificación Es-tratégica Urbana” hecha por internet en el Centro de Desarrollo Estratégico Urbano de España (Cideu) y terminada en agosto de 2013. No obstante, este diploma jamás fue homologado en el país y según lo confirmó la Unidad Investigativa directamente con el Cideu, no tiene validez como especialización en el país. Ante el aparente incumplimiento de los requisitos, Carmen Cecilia Simijaca, secretaria Jurídica de la Alcaldía, respondió: “no tengo a la mano el contrato para mirar qué se pidió, pero si está contratada es porque cumplió con los requisitos que se establecían y se solicitaban en los estudios previos”.

“El tema presupuestal es tan específico que son muy pocas personas las que saben de esto, para que una niña que se graduó en marzo y se especializó en agosto tenga la experiencia para asesorar a la administración”, afirma el experto. “No se trata simplemente de cumplir requisitos formales, sino de corroborar la idoneidad, que evidentemente Valentina Mantilla no tiene”.Además, en el informe de cumplimiento de las labores contratadas, Mantilla afirma que brindó asesoría, pero en ningún momento especifica de qué tipo o en qué temas. Por el contrario, Mantilla Oliveros justifica su contratación en “el acompañamiento a los diferentes eventos, reuniones, juntas, asambleas a las que asiste el señor alcalde”.

“Eso no está dentro de sus funciones”, afirma el experto. Y agrega: “¿Merecía un sueldo de asesora? ¿Es lógica esta contratación? Evidentemente hay un vínculo especial hacia Valentina Mantilla, al punto de que ella acompañó al alcalde como uno de los tres testigos de su posesión”.

Vanguardia Liberal intentó comunicarse con Mantilla, pero no contestó las llamadas ni los mensajes dejados por este medio.

Valentina Mantilla Oliveros es hija deMartha Lucía Oliveros, exsecretaria de Desarrollo Social de la alcaldía de Bohórquez.

Salarios incoherentes con el perfil

Otra de las constantes en estos contratos es que el ingreso estipulado no corresponde con el que el mercado paga a trabajadores de las mismas características.

Este es el caso de Laura Ayala Celis, quien desde 2012 se encuentra vinculada a la administración de Bohórquez contratada como bachiller en distintas dependencias. Su vinculación a la alcaldía comenzó en junio de 2012 con el contrato 1050 de la Secretaría Jurídica, para ayudar en la recepción y entrega de correspondencia y llamadas, entre otras labores semejantes a un perfil secretarial. Por esta labor, Ayala Celis fue remunerada con $2’100.000 mensuales.

El contrato fue adicionado hasta diciembre de 2012. Inmediatamente terminó, Ayala Celis firmó el contrato 090 del 12 de enero de 2013, esta vez para apoyar la organización de los eventos de la alcaldía. Por este contrato recibió $2’500.000 mensuales y aunque inicialmente fue firmado por 8 meses, se prorrogó hasta diciembre de 2013. Luego, el 16 de enero de 2014 fue contratada para los mismos fines, con el mismo ingreso, por siete meses más. Cuestionada por el ingreso que recibe, a pesar de estar contratada como bachiller, Ayala Celis respondió: “A mí me pagan por cumplir mis obligaciones no por el título que tengo… Yo no solo coordino la logística de eventos en la Alcaldía, también en los institutos, si son los domingos también trabajo los domingos, no importa el día”.

Laura Ayala Celis es sobrina del senador Bernabé Celis.

Otro de los casos es el mencionado de María Camila Rueda, quien entre marzo de 2012 y diciembre de 2013 pasó de tener una remuneración de $1’300.000 a devengar $2’400.000 por las mismas funciones, o el de Daisy Dayán Burgos, quien fue contratada en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga por $2’000.000 para manejar correspondencia y responder derechos de petición. “Este claramente no es un salario acorde con este perfil”, afirmó el experto.

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Ejecuciones incompletas o inverosímiles

Para que el contratista pueda recibir su pago, debe demostrar mediante un informe de ejecución que cumplió con todas las obligaciones. No obstante, otra característica de estos contratos es que los informes de ejecución están incompletos o no son verosímiles. Aún así, se paga la totalidad del contrato.

Es el caso del mencionado contrato 1506 de 2013 de Diana Carolina Castellanos, según el cual debía ejecutar siete obligaciones específicas referentes a temas de asesoría. No obstante, durante el tiempo de ejecución, Castellanos no cumplió con más de dos obligaciones y en algunos meses solo cumplió una. Estas ejecuciones correspondieron a revisión de documentos, pero ninguno a asesorías, que fue la necesidad que expuso la administración para contratarla. Según su informe, nunca fue requerida para estos fines.

A pesar de que Castellanos no cumplió con sus obligaciones, la supervisora del contrato, María Clara Niño Gómez, certificó que cumplió “a cabalidad y en su totalidad” con las obligaciones contractuales, por lo cual le fueron desembolsados $13 millones. A pesar de la no ejecución del contrato, lejos de que se diera por terminado, firmó un nuevo contrato el 9 de enero de 2014, esta vez por $18’200.000 por siete meses, para los mismos fines. Cuestionada de por qué certificó el cumplimiento de todas las obligaciones cuando solo se había ejecutado un mínimo de ellas, la supervisora del contrato afirmó: “No es necesario que cumpla todas las obligaciones, ellos simplemente les dan varias y pueden cumplir cualquiera; no tienen que cumplir todas”. Pero otra cosa opina Simijaca: “si ella tiene las obligaciones específicas, estoy casi segura de que el supervisor debía exigir el cumplimiento de esas obligaciones. En el informe mensual se especifica qué cumplió y hay que mirar si el supervisor dio el aval del cumplimiento de ese contrato… hemos insistido muchísimo en que el supervisor le haga seguimiento a cada contrato y en que realmente se cumpla con las obligaciones para las que fue contratado”.

Revisadas las ejecuciones de febrero y marzo de este año, se observa que de nuevo de seis obligaciones solo dio cumplimiento a tres en el primer mes y dos en el segundo y ninguna de ellas tiene que ver con la labor de asesora.

Otros informes tienen ejecuciones que parecen inverosímiles.

Es el caso del contrato 134 de 2013, firmado por Deisy Dayán Burgos, quien afirma que en solo 11 meses revisó 1.779 contratos de la Secretaría de Desarrollo. En ese periodo la totalidad de la Alcaldía de Bucaramanga celebró cerca de 2.000 contratos y la cifra reportada por Burgos es a todas luces superior al número de contratos firmados por la Secretaría de Desarrollo. Además, es imposible que una sola profesional haya sido capaz de revisar más de la mitad de la contratación de la Alcaldía.

Igualmente, Burgos reporta que atendió a casi 800 personas, lo cual es difícil teniendo en cuenta que durante septiembre y diciembre de 2013 también tenía suscrito un contrato de prestación de servicios con la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde estaba dentro de su funciones atender al público. ¿Cómo hizo para atender al público en dos entidades a la vez?

Multiplicidad de contratos

Una de las características más llamativas de la contratación de asesoras por parte de la alcaldía de Bohórquez es la multiplicidad de contratos con distintas entidades de forma paralela. Si bien en principio no existe ilegalidad en ello, lo llamativo es que por las funciones que cumplen y el perfil de las contratistas no es clara la necesidad de la administración de tenerlas vinculadas en varias entidades.

Tal es el caso de Diana Carolina Castellanos, quien en julio de 2013 suscribió con la Alcaldía un contrato para brindar asesoría en los procesos contractuales hasta diciembre de 2013 por $2’600.000 y al mismo tiempo suscribió con el Inderbú el contrato 223 del 16 de septiembre de 2013 por $1’600.000 mensuales, también para asesorar en materia de contratación.

“Al igual que en el caso del contrato con la alcaldía, lo que se observa es que la contratista no cumple con el perfil requerido para el cargo, porque se pide una abogada con  experiencia de un año y Castellanos se graduó el 12 de abril de 2013, es decir solo tres meses antes de vincularse a la Alcaldía y a cinco de ser contratada en el Inderbú”, afima el experto.

En enero de 2014, Castellanos es contratada otra vez tanto por la alcaldía como por el Inderbú. La alcaldía la contrató por 7 meses, con pagos de $2’600.000 mensuales y en el Inderbú se incrementó su ingreso a $2’000.000 por 10 meses.

Otra de las contratistas con vinculaciones paralelas es Deisy Dayán Burgos, quien entre septiembre y diciembre de 2013 estuvo contratada por la Secretaría de Desarrollo ($2’000.000 mensuales) y en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, donde también recibió una remuneración de $2’000.000.

A pesar de que en este último contrato se solicitó una persona que hubiera terminado estudios de Derecho o que se encontrara en último año de carrera, la Unidad Investigativa pudo establecer que Daisy Dayán solo cursó hasta octavo semestre de Derecho en la Unab y adelantó dos horas semanales de inglés en noveno semestre. Pero desde 2013 abandonó los estudios de Derecho.

Al preguntarle al Director de Tránsito por qué vinculó como estudiante de Derecho a una persona que no tiene esta condición respondió: “Lo que nosotros miramos es que cumpla con el requerimiento de al menos octavo semestre, porque significa que está estudiando. Si terminó o no ha terminado los estudios no sé que habrá pasado, porque eso no se mira en el contrato”. La Unidad Investigativa trató de conocer la versión de Burgos, pero no contestó las llamadas de este medio.

 “No podían contratarla”, dice el experto. “Se pide un estudiante de último año y ella dejó de serlo. Además, hay una falsedad en la hoja de vida, pues ella afirma que terminó 10 semestre de Derecho y eso no es cierto”.

Daisy Dayán fue contratada nuevamente por la Dirección de Tránsito en enero de 2014.

Lo mismo ocurre con Laura Ayala Celis, quien al tiempo que ejecutaba el contrato 090 de 2013 con la secretaría jurídica ($2’500.000 mensuales), tenía otro con el Imebú como asistente administrativa por $1’500.000 mensuales, al igual que Adriana Milena Sanabria, quien en febrero de 2012 se graduó como abogada y cuatro meses después fue vinculada, también por Simijaca, a la Secretaría Administrativa de la Alcaldía, para brindar “apoyo jurídico en los procesos de contratación”.

Para ello, establecieron una remuneración de $2’500.000 mensuales por seis meses. “Es evidente que no era la persona idónea para este cargo”, afirma el experto. “Se requiere alguien que sepa de contratación y ella no tiene ninguna experiencia en este campo”.

En enero 2013, Sanabria es contratada nuevamente, pero ahora con un salario mensual de $2’800.000 a pesar de que las funciones son las mismas. Esta vez el contrato es por un año. Pero el 1 de julio también celebró un contrato con la Alcaldía de Barrancabermeja para apoyar a la oficina jurídica en la emisión de conceptos. Por ese contrato recibió pagos mensuales de $4’000.000.

Ambos contratos fueron suscritos nuevamente en enero de 2014. El de la Alcaldía de Bucaramanga incrementó el pago a $3’100.000 mensuales, mientras que el de la Alcaldía de Barrancabermeja mantuvo el pago de $4’000.000.

 “Las labores para las que fue contratada Sanabria exigen disponibilidad permanente en la Alcaldía de Barrancabermeja, entonces ¿cuál de los dos contratos cumple? Estos contratos se cruzan en su ejecución y no hay manera de que se haya ejecutado a cabalidad”, afirma el experto.

De hecho, si se revisa la ejecución del contrato suscrito con la Alcaldía de Bucaramanga, no hay evidencia de que haya cumplido ninguna labor relacionada con la obligación principal para la cual fue contratada Sanabria, es decir la de apoyar la labor contractual. Su gestión se limita a la revisión documental. Sanabria no contestó las llamadas de Vanguardia Liberal.

“Nadie está en contra de que los jóvenes tengan una posibilidad laboral, pero evidentemente hay que revisar la ejecución de todos estos contratos, pues se están escogiendo perfiles de recién egresadas o no graduadas para responsabilidades supremamente serias como es la asesoría en temas de contratación, presupuestal, etc, que tienen consecuencias penales, disciplinarias y fiscales. ¿Cómo les sueltan semejantes responsabilidades a niñas inexpertas? ¿En manos de quién se está poniendo el desarrollo de la ciudad?”, concluye el experto.