Cruce de versiones por controvertida licitación en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga

En la tarde del martes, a través un hilo en Twitter la administración de Juan Carlos Cárdenas, a través de su asesor para temas de transparencia contractual, Adrián González, salió en defensa del controvertido proceso y de paso terminó criticando a los veedores que advirtieron las irregularidades.

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Según González, el que la Dirección de Tránsito le otorgue un mayor puntaje a las empresas de vigilancia que tengan sus sede principal en Bucaramanga o que cuenta con más de 200 armas de largo y corto alcance, (a pesar de que solo dos vigilantes tendrán que portar armas), no está direccionando el millonario proceso.

“Lo de las armas y la central de comunicaciones no son criterios habilitantes sino puntuables y buscan otorgar un mayor puntaje a las empresas que tengan una reacción inmediata, 24/7, frente a cualquier incidente y tengan una mayor capacidad logística y operativa de la entidad. El criterio de armas no pretende describir las armas que requiere la entidad sino medir la capacidad logística y operativa de la empresa de vigilancia. Entre más armas, mayor estructura y más organizada será la empresa de vigilancia, lo que por supuesto merece un mayor puntaje”, afirmó el asesor del despacho Cárdenas.

Afirmación que fue refutada inmediatamente por el expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI, Rodrigo Fernández.

“O no leyó el trino o no leyó el prepliego. Nadie es tan cándido de presentarse a un proceso licitatorio a sabiendas que por no tener sede principal, sino sucursal en Bucaramanga, ( en gracia de discusión en municipios del Área Metropolitana), pierde 100 puntos. Eso es amarre”, respondió Fernández.

Con retrovisor

Además, en su hilo en Twitter González puso el retrovisor y afirmó que los prepliegos hechos por la administración en este proceso “corrige” inconsistencias que se presentaron en la misma licitación que se llevó a cabo el año pasado cuando la asesora de Transparencia de la Alcaldía era María Juliana Acebedo.

“Por ello quisimos corregir para este nuevo año las falencias encontradas en este proceso contractual liderado /avalado por mi antecesora María Juliana Acebedo, que limitaron la participación y donde no vimos a Rodrigo Fernández rasgándose las vestiduras. ¡Qué sorpresa! ¿Cierto?”, aseguró el funcionario.

Por su parte, en un comunicado de prensa, la exasesora de Transparencia de la administración Cárdenas rompió el silencio y desestimó los señalamientos elevados en su contra por parte de su sucesor.

Según María Juliana Acebedo, ella no lideró el contrato de vigilancia de la Dirección de Tránsito ni ningún otro proceso contractual de la DTB u otro instituto descentralizado, ya que cada uno de ellos cuenta con plena autonomía presupuestal y administrativa, razón por la cual ejercer dicha labor sería una extralimitación de funciones.

“De manera oportuna advertí a la administración central las irregularidades que podría tener ese proceso, pero al parecer de manera conveniente este hecho se les olvidó. Ahora bien, es oportuno aclarar que no tuve injerencia durante el proceso, es decir, en las observaciones, informe de evaluación, ni mucho menos en la adjudicación; así que si existe algún reparo quiénes deben dar las explicaciones correspondientes son los encargados de liderar el proceso en la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. La aclaración dada por la Alcaldía de Bucaramanga deja más dudas que respuestas sobre la transparencia de los nuevos planteamientos que van a tener los procesos de contratación de ahora en adelante y evidencia un profundo desconocimiento en transparencia y contratación pública”, señaló Acebedo.

En el comunicado la administración municipal no informó si revisaría o no, los controvertidos prepliego de la LP-DTB-001-2023 por valor de $962 millones.