domingo 30 de julio de 2023 - 5:50 AM

De raquetas, estafas, fundaciones ‘de papel’ y hamburguesas... los escándalos que empañan la gobernación de Mauricio Aguilar

La reciente renuncia de la secretaria de Cultura del departamento, Mery Luz Hernández, tras la denuncia de una estafa masiva a artistas en un contrato de la Gobernación, es el más reciente caso. Vanguardia hace un recuento de los episodios más escandalosos.
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En la semana que termina, Mery Luz Hernández, renunció a su cargo como secretaria de Cultura departamental en medio del escándalo por la presunta estafa a decenas de artista de Santander, en un contrato cercano a los $3 mil millones.

Además: Unidad Investigativa: Un contrato que deja mala impresión en la Gobernación de Santander

Este, que para algunos analistas no es un caso aislado del gobierno Aguilar (el tercero del clan familiar al frente de la administración departamental), es uno de la larga lista de casos de presuntos hechos de corrupción en tres años y medio de mandato de Mauricio Aguilar.

Vanguardia trae un recuento de los principales escándalos que han salpicado a la actual administración, algunos de ellos terminaron con la salida de secretarios de Despacho, funcionarios de alto nivel y personal de su entera confianza.

‘Cultura’ de corrupción

Horas antes de llevarse a cabo el debate de moción de censura en su contra por presuntas irregularidades en millonarios contratos suscritos por la Secretaría de Cultura, Mery Luz Hernández renunció a su cargo como jefe de esa cartera en la administración de Mauricio Aguilar.

Hernández, quien fue acusada penal, disciplinaria y fiscalmente, dimitió a la Secretaría de Cultura luego de que decenas de artistas y artesanos del departamento denunciaran haber sido víctimas de estafas al haber prestado sus servicios en eventos de la Gobernación. Según los afectados, la administración Aguilar a través de la Fundación Emprendimiento Juvenil Social los convocó a una serie de eventos culturales en diferentes municipios y como contraprestación les canceló en promedio a cada artista y artesano alrededor de $100 mil pesos, sin embargo, en las cuentas que el contratista le presentó a la Gobernación por la ejecución del convenio las facturas registraban pagos con valores superiores a los $ 3 millones.

Entre las denunciantes está Bernarda Ortiz, artesana del municipio de Barichara, quien reclamó haber sido estafada en un encuentro de artesanos en diciembre del año pasado.

“El 15 de diciembre del 2022 me invitó la Gobernación para llevar unas cositas de aporte para un evento en Barichara, fui y me dieron $100 mil pesos, que no me alcanzó ni para el pasaje, ni para nada. Ahora estoy recibiendo mensajes en mi celular que supuestamente nos habían pagado millones. No nos estafen de esa manera”, indicó.

Según el archivo contractual del proceso, a Bernarda Ortiz la administración Aguilar supuestamente le pagó $4 millones como incentivo por su participación en Barichara.

Caso similar sucedió con Ruth Rincón, una artesana del municipio de Capitanejo quien también denunció haber sido víctima de estafa y suplantación de su identidad por parte del contratista.

Pero las irregularidades no paran allí, en medio del debate de moción de censura a la saliente secretaria de Cultura de Santander, el diputado Ferley Sierra denunció que en la misma secretaria se compraron parqués por un valor cercano a $800 mil.

“Alguien que se lo lleve a la Secretaria y se lo venda en $795.000. Que la prensa sepa que aquí se compra esa porquería de parqués”, cuestionó Sierra, quien fue uno de los promotores de la moción de censura en contra de Hernández.

La polémica compra de los parqués, según el corporado, se habría dado con una “empresa de papel” que no tendría la idoneidad para poder adelantar las contrataciones con la administración departamental, debido a que, al parecer, no tendría sustento financiero desde hace por lo menos ocho años.

Mery Luz Hernández, era cuota directa del exgobernador Richard Aguilar Villa, hermano del gobernador, Mauricio Aguilar. Richard Aguilar actualmente enfrenta un proceso penal por irregularidades en el contrato para la remodelación del estadio Alfonso López, hechos en los que se habrían desviado, según la Fiscalía, más de $600 mil millones cuando fungió como mandatario departamental en el periodo 2012 – 2015.

Lea también: Artistas denuncian que fueron estafados en millonario contrato de la Gobernación de Santander

Convenios irregulares

Una de las primeras polémicas protagonizadas en la administración Aguilar se remite al 2020, primeros meses de gobierno, cuando fue denunciado penalmente por presuntas irregularidades en la suscripción de un convenio de asociación por más de $600 millones.

Según la denuncia, las administraciones de Didier Tavera, en 2019, y de Mauricio Aguilar en 2020, a través de la recién creada Secretaría de la Mujer, firmaron millonarios convenios con la Asociación de Mujeres Integradas de Santander, Amir, con el objeto de atender la Casa Refugio, un lugar establecido para la atención de las mujeres víctimas de violencia de género en Santander, a pesar de que dicha fundación, al parecer, habría adulterado sus estados financieros y certificaciones, para acreditar su experiencia y así poder cumplir los requisitos y quedarse con los contratos.

“El Gobernador le entregó a la Fundación Amir más de $600 millones para atender la Casa Refugio de las mujeres víctimas de maltrato. Sin embargo, según los estados financieros de esa fundación desde su creación en 2014 hasta el 2018, Amir solo reportaba un activo de $500 mil y cero movimientos financieros. Pero cuando necesitaron ganarse el convenio en 2019, con la administración Tavera, la situación financiero de Amir cambió milagrosamente y apareció con un patrimonio de más de $85 millones, aunque sus ingresos solo fueron de $18 millones”, se lee en la denuncia.

Además de las inconsistencias en la contabilidad de la Fundación, la denuncia también advirtió irregularidades en las certificaciones presentadas por Amir, documentos con los cuales se quedó con el millonario convenio de $600 millones, esta vez bajo la administración de Mauricio Aguilar.

Tiempo después, Lady Andrea Blanco, quien se encargó de celebrar los mencionados contratos renunció a su cargo como secretaría de la Mujer y actualmente aspira ser elegida diputada con el respaldo de su pareja sentimental, Orlando Aguilar, hermano del exgobernador Hugo Aguilar y tío del gobernador Mauricio Aguilar.

El millonario contrato de impresión

Sin tener en cuenta denuncias de adulteración de documentos por parte de oferentes, la administración de Mauricio Aguilar adjudicó en 2022 un contrato para impresos y diseños de la Gobernación de Santander por $1.900 millones con la Unión Temporal Impresos & Diseños.

Tras varias observaciones por parte de veedurías y posibles oferentes que advertían exigencia de requisitos tan específicos que rozaban con el direccionamiento del proceso licitatorio, solo dos proponentes se presentaron a la millonaria subasta inversa: la Unión Temporal Piezas, conformado por Periódicos y Publicaciones SAS, 10 %; junto con Mojica & Asociados Impresores SAS, con el 90 %; y por el otro, la Unión Temporal Impresos & Diseños, integrada por Distribuciones Quintero Cristancho SAS, 30 % y Comred SAS, con el 70 %. Esta última fue la que se quedó con la licitación.

Tan solo ocho días después de conocerse en el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop, la presentación de las ofertas de las dos uniones temporales, ante la ventanilla única de la Gobernación fue radicado un oficio en el que se solicitaba a la Secretaría Administrativa declarar desierto el proceso AD-SAS-22-03 del 2022, denunciando una falsificación en documento público y la falta de idoneidad por parte de uno de los oferentes.

A pesar de las evidentes adulteraciones en las certificaciones presentadas por la Unión Temporal Impresos & Diseños, la administración departamental le adjudicó el contrato de $1.900 millones para la impresión y diseños de la entidad.

Aunque no firmó el contrato, todo el proceso contractual lo adelantó el exsecretrio administrativo de la Gobernación, Camilo Arenas, quien posteriormente renunció a su cargo en la administración Aguilar.

Hamburguesas millonarias

Así mismo, en 2022 la Gobernación de Santander firmó el contrato con la Unión Temporal Santander por el Mundo, integrada por las firmas: Stage Eventos y Producciones; Ingenia Soluciones; y Persival Producciones, por valor de $3 mil millones, para prestar servicios de logística en diferentes eventos en el departamento de Santander. En la bolsa de productos que llegarían a las mesas de los eventos estaba un “almuerzo especial”: una hamburguesa con papas que costaba $87 mil pesos, valor unitario, con el IVA incluido.

“Desayunos que se componen de un jugo, dos huevos, café o chocolate, una arepita y un pedazo de fruta valen 40.000 pesos. Almuerzos con una opción de que sea una hamburguesa con papas y una bebida por 87 mil pesos, lo cual es absolutamente escandaloso. Simplemente, justificaron esos precios, primero que se había hecho el estudio de mercado correspondiente, que hicieron cotizaciones y que eran los precios que normalmente se encontraban en el mercado”, advirtió en su momento, Marcela Pabón, directora de Transparencia por Santander.

La costosa hamburguesa descrita el contrato estaría compuesta de 300 gramos de carne de res, queso doble crema, tocineta, cebolla, lechuga, papas a la francesa y gaseosa de 250 mililitros.

Los denunciantes aseguraron que la Gobernación también planeaba alquilar salones para una jornada de 8 horas, con capacidad para 500 personas, por 13 millones de pesos, y un auditorio para mil personas por casi 27 millones de pesos.

Según el Secop, luego del escándalo en los medios de comunicación, la administración departamental liquidó el contrato el pasado 30 de diciembre con solo el 19 % de su ejecución, razón por la cual la Gobernación solo pagó $285 millones, de los $3 mil pactados inicialmente. Este fue adjudicado durante la gestión de Camilo Arenas como Secretario Administrativo aunque no fue quien lo firmó.

Le puede interesar: Unidad Investigativa | ‘Carrusel’ de contratos en el Indersantander

Raquetas de tenis y pelotas

En 2022 la administración de Mauricio Aguilar volvió a protagonizar un nuevo escándalo por presuntas irregularidades en contratación, esta vez desde el Instituto Departamental de Recreación y Deporte, Indersantander, donde una corporación agropecuaria del Chocó, con certificaciones falsas, terminó ejecutando en Santander un millonario contrato para entregar raquetas de $3.8 millones y bolas de tenis de $280 mil pesos cada una. Este fue solo uno de los cinco contratos por más de $2.700 millones, suscritos este año por el Instituto descentralizado con corporaciones de dudosa idoneidad.

El pasado 26 de mayo, Pedro Carrillo, director del Indersantander en ese momento, firmó con la Corporación Soluciones Técnicas Agropecuarias y Ambientales, Sotea, el contrato 341, por valor de $499 millones, para el “desarrollo e implementación institucional del programa de escuelas de especialización deportiva talento y reserva, dirigido a niños, niñas y adolescentes del departamento, potencializando el talento santandereano acorde al Plan Departamental de Desarrollo”.

En una investigación periodística Vanguardia revisó los precios de estos implementos deportivos en el mercado local y en internet encontrando que, por ejemplo, la raqueta de la marca y referencia con la que juega torneos oficiales el astro del tenis mundial, el español Rafael Nadal, tenía un costo de 260 euros, es decir, cerca de un millón 300 mil pesos, tres veces menos de lo que pagó el Indersantander por las raquetas para el programa de formación en cuestión.

Por otro lado, las pelotas oficiales del Campeonato de Wimbledon, uno de los torneos más importantes del tenis mundial, tenían en ese momento un valor en el mercado de 12 euros, en promedio, unos $60 mil pesos, cuatro veces menos de lo que canceló el Instituto de Deportes de Santander en el contrato con la corporación chocoana Sotea.

Pero los sobrecostos no fueron las únicas irregularidades que empañaron el convenio, Vanguardia también pudo constatar que ninguna de las dos certificaciones que presentó Sotea como experiencia para ganarse el millonario contrato de suministro de implementos deportivos en el Indersantander eran legales, es decir, los contratos el 004 del 2016, en Piendamó, Cauca, y el Convenio 011 del 2015, en Mutatá, Antioquia, jamás se firmaron.

Cuatro meses después, el Instituto de Deportes de Santander recurrió nuevamente a entidades sin ánimo de lucro para ejecutar millonarios contratos. Es así, como a través de la convocatoria pública INDERS-CAPIP-003-2022, se aperturó el proceso licitatorio para el “Fortalecimiento del programa de deporte estudiantil y formativo a través del apoyo para la participación de deportistas santandereanos en los 43 juegos deportivos intercolegiados 2022”, por valor de $1.500 millones, para ser ejecutado en dos meses y medio.

A pesar del monto alto del contrato, el proceso por parte del Indersantander tardó solo tres días. El 20 de septiembre del 2022, a las 10:00 de la mañana, fueron publicados los estudios previos y la invitación al proceso. Tres días después, el 23 de septiembre, a las 6:00 de la tarde ya estaba suscrito el contrato.

De manera muy similar al proceso con Sotea, esta nueva convocatoria del Indersantander finalizó con la Corporación Orgullo Santandereano como el único oferente. Sin embargo, aquí llama la atención un nuevo elemento, este contratista no es desconocido para el clan Aguilar.

En 2015, la Unidad Investigativa de Vanguardia había revelado como la Corporación Orgullo Santanderereano fue protagonista en presuntas irregularidades en el contrato de prestación de servicios número 400, que tuvo un valor de $2.791.159.552, con el que se financió la participación de la delegación santandereana en los Juegos Nacionales.

Estas irregularidades le costaron el puesto a Pablo Belén Carrillo, quien fue retirado de la dirección del Indersantander por orden de la Contraloría departamental. En su reemplazo, Mauricio Aguilar encargó a la exsecretaria de Cultura, Mery luz Hernández, quien casi de manera inmediata nombró a su cuñada como su asistente en el Instituto a pesar de que su familiar no contaba con la idoneidad para el cargo.

¿Emilio Tapia en la Gobernación?

En el contrato para la construcción del Anillo Vial Externo Metropolitano, la obra de infraestructura más ambiciosa de la administración de Mauricio Aguilar, también surgió un escándalo por cuenta de la relación del consorcio ganador con Emilio Tapia, protagonista en el ‘carrusel de la contratación’ de Bogotá.

El contrato adjudicado por la Secretaría de Infraestructura tiene un valor de $358.995 millones. El Consorcio Progreso Metropolitano, integrado por Global Designs And Buildings Sas Zomac, con el 85 % de participación accionaria; Ingeconstrucciones MLB SAS Zomac, con el 10 %; y Harinsa Navasfalt Construcciones, con el 5 % de participación en el consorcio, resultó ganador.

Uno de los socios de Global Designs And Buildings Sas Zomac, firma mayoritaria del Consorcio Progreso Metropolitano, es Juan Carlos Aldana, uno de los principales implicados en el ‘carrusel de la contratación’ durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá.

Odeka SAS, que tiene el 2 % de las acciones de Global Designs And Buildings Sas Zomac, antes tenía como razón social Suárez y Silva Ltda, que le pertenece realmente a Aldana, primo de Emilio Tapia.

Pero la buena fortuna de las empresas socias de Tapia con la administración Aguilar no se ciñó únicamente al millonario contrato del Anillo Vial Externo.

De hecho, quince días antes de lograr que se le adjudicara la megaobra, Global Designs And Buildings Sas Zomac y Harinsa Navasfalt Construcciones, ya se habían ganado el contrato de “construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura del corredor vial Barichara - Zapatoca, por valor de $143 mil millones.

Incluso, Antony Wong Lorduy, representante legal de Global Designs And Buildings Sas Zomac e Ingeconstrucciones MLB SAS Zomac, es el representante legal de los dos consorcios ganadores de los millonarios contratos de obra licitados por la Secretaría de Infraestructura departamental en diciembre del 2022, que superaron los $500 mil millones.

Lea además: Unidad Investigativa | La conexión de Emilio Tapia con el contrato del Anillo Vial Externo

El ‘supercontratista’ de vivienda rural

Con solo tres años contratando con el sector público, la firma Obras Colombia y Servicios, Obracol SAS, representada legalmente por Yiomara Marcela Ordóñez Rodríguez y Luis Carlos Jiménez Rodríguez, pasó de ser una pequeña firma sangileña a convertirse en la supercontratista para la construcción de las viviendas rurales en Santander.

Desde finales del 2019 y lo que va corrido del 2022, (con excepción del 2020, año de la pandemia), Obracol logró que le adjudicaran 15 contratos para la construcción de viviendas rurales, en los municipios de Curití, Oiba, Confines, Charalá, Barbosa, San Gil, Onzaga, Valle de San José, Landázuri, Socorro, Villanueva, Suaita, Vélez, Gámbita y Pinchote, que sumadas superan los $24 mil millones.

Obracol, como único oferente en todos los procesos, presentó sus propuestas siempre al margen del presupuesto oficial y pliegos de condiciones idénticos entre los diferentes municipios, a pesar de ser diferentes ordenadores del gasto. Estas son algunas de las presuntas irregularidades contractuales detrás de los ‘supercontratistas’ de la vivienda rural en el departamento, según expertos consultados por Vanguardia.

Estas inconsistencias llamaron la atención de veedurías especializadas como Transparencia por Santander y expertos en contratación estatal, como el ingeniero Rodrigo Fernández, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros.

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Periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Reportero de la página Política y miembro de la Unidad Investigativa desde el 2015.

Desde estos espacios ha llevado a cabo una serie de trabajos de investigación periodística sobre las estructuras del poder político en la región y desnudar las diferentes formas de corrupción que se presentan en el sector público de Santander.

@oscarivanrey

orey@vanguardia.com

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