miércoles 11 de noviembre de 2020 - 10:30 AM

Demandan Ley que debilitó el régimen de conflicto de interés en el Congreso

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El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, CNE, Armando Novoa, radicaron ante la Corte Constitucional una demanda en contra del artículo Primero de la ley 2003 de 2019, que debilitó el régimen de conflicto de interés que deben cumplir los congresistas, cuando se debaten y aprueban leyes.

Según la demanda, la figura del régimen de conflicto de interés que obligaba a los congresistas a expresar públicamente que no podían intervenir en un debate o votar un proyecto de Ley cuando habían sido financiados por industrias que podrían beneficiarse, o verse perjudicadas, por dicho debate o votación, se debilitó debido a la reforma aprobada por el propio Congreso en 2019.

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En tal sentido, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y el exmagistrado, Armando Novoa, le solicitan a la Corte que declare inconstitucional la norma mencionada, para evitar que los poderes económicos interfieran con los debates legislativos.

Los demandantes advierten que la reforma aprobada en el 2019, facilita la intromisión de intereses particulares en el debate y aprobación de proyectos de ley. Así mismo, señalan los demandantes que se están violando normas constitucionales evidentes, se incorporan criterios que debilitan la función legislativa y facilitan la interferencia de la industria en el diseño de políticas públicas, en especial en temas relacionados con los derechos humanos y las políticas de salud pública.

“Desde que entró en vigencia esta ley, los congresistas que recibieron recursos de empresas privadas para sus campañas, han votado, modificado y archivado proyectos que buscan regular a sus financiadores. Un ejemplo de esto lo vimos recientemente en la discusión del Proyecto de Etiquetado Frontal de Advertencia para ultraprocesados y bebidas azucaradas, más conocido como Ley Comida Chatarra, donde congresistas que recibieron dinero de esta industria no declararon su conflicto de interés y aún así intervinieron en el debate y mucho más grave, fueron parte de la comisión que buscaba modificar la iniciativa.” Explica Reynaldo Villalba, Presidente del Cajar.

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