Ayer se entregó ante la Fiscalía que lo requería mediante orden de captura, por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y falsedad en documento privado.

El ex Alcalde deberá comparecer por presuntos sobrecostos en la compra de los dos lotes para el proyecto de vivienda ‘Ciudadela Nuevo Girón’, que impulsó cuando ejercía como Mandatario.

Junto a él también se presentaron ante la Fiscalía los ex funcionarios de Girón, Enrique Pérez Bohórquez, ex secretario de Vivienda, y César Armando Calderón, ex secretario de Hacienda, contra quienes pesan las mismas imputaciones.

Son dos procesos

Según explicó la Fiscalía, por la compra de los lotes del proyecto de vivienda de Girón fueron abiertos dos procesos.

Como un terreno fue adquirido en el año 2005, ese proceso debía ceñirse a los lineamientos del antiguo sistema penal, es decir, la Ley 600. El otro predio lo compró en 2006, cuando entró en vigencia el sistema penal acusatorio o Ley 906 y bajo éste, se sigue la otra investigación.

Dentro del proceso que se rige por el antiguo sistema, 'Pacho' Suárez –como es conocido el ex Alcalde- se entregó a la justicia en abril de este año, pero por vencimiento de términos recuperó su libertad.

Ahora fue requerido dentro del otro proceso, pero él prefirió entregarse voluntariamente, lo mismo que los dos funcionarios que se presentaron.

Hoy serán llevados a audiencia pública ante un Juez de Control de Garantías, para legalizar la detención y formular las imputaciones.

Ex  funcionarios y contratistas

Hay que recordar que los otros capturados en marzo pasado ya están con medida aseguramiento y detención preventiva. Según la Fiscalía, ellos son: Arnoldo Villareal Uribe, Alfonso Fuentes Cruz y Germán Alfonso Fuentes, como peritos de la Lonja; Álvaro Solano Aguilar, ex secretario General y Guiliano Carlier Torres, en su calidad de representante de la Unión Temporal de Girón.
Todos gozan del beneficio de detención domiciliaria.

Los hechos

Los hechos investigados corresponden a la suscripción de un contrato para el proyecto de  vivienda por 4 mil 800 millones de pesos, efectuado en octubre de 2005 entre el entonces Alcalde y el ingeniero contratista Giuliano Gerardo Carlier Torres, con el fin de reubicar a la población damnificada por la emergencia invernal que afectó a los municipios de Bucaramanga, Girón y Lebrija en febrero del mismo año.

Según lo establecido por la Fiscalía, la unión temporal violó los principios de contratación y sus decretos reglamentarios. Así mismo, se adujo la existencia de posibles sobrecostos en la adquisición y compra del terreno.