martes 02 de agosto de 2016 - 5:36 PM

El debate por los manuales de convivencia y los Lgbt en Bucaramanga

La ley 1620 de 2013 tiene una norma que establece que los colegios deben revisar sus manuales para prevenir el acoso escolar, en el marco del derecho a la diversidad. Entonces, ¿dónde está el debate?
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El niño tomó la tarjeta que le correspondía, según lo que los talleristas le habían indicado, y pasó al frente de sus compañeros. Leyó en la tarjeta el rol que debía interpretar en el juego. En voz alta dijo: “bailarín de ballet”. Inmediatamente, sus compañeros comenzaron a abuchearlo, a gritarle “loca”.

El taller hizo parte de un proyecto de la Clínica Jurídica y la línea de género de la Unab, que quiso motivar la comprensión, por parte de los estudiantes, de sus derechos.   

Máximo Castellanos, por su parte, sobrevivió a varios intentos de suicidio: no comprendía por qué se sentía un hombre si había nacido en el cuerpo de una mujer. “La sociedad constantemente me decía ‘tú estás mal’, ‘tú estás erróneo’, ‘ no eres moralmente aceptado’. Fue una sensación que creció en mí. Por eso atenté contra mi vida”. A los 18 años, a Máximo Castellanos le informaron que era un hombre transgénero. “Es un asunto de salir de esta ignorancia que tenemos de nosotros mismos y de nuestros cuerpos”, explica.

El debate que se dio esta semana por las revisiones que los colegios públicos y privados deben hacer de sus manuales de convivencia para asegurarse de incluir la prevención y atención contra el acoso escolar, así como la aceptación de la diversidad sexual no ha dejado a nadie indiferente.

La diputada Ángela Hernández y los líderes de las organizaciones en defensa de los derechos Lgbt tuvieron un fuerte encontronazo en la Asamblea Departamental, no solo por cuenta de cómo se está implementando la ley 1620 de 2013, también por las controversiales declaraciones de la diputada, donde -según los líderes lgbt- descalifica a una minoría históricamente vulnerada.

Vanguardia.com hizo la tarea de mostrar estas dos posiciones contrarias y, además, consultó a expertos -entre ellos juristas, docentes y psicólogos- que explican dónde está la controversia.

La posición de la diputada Ángela Hernández

La diputada Ángela Hernández asegura que a pesar del intenso debate que se generó en todo el país, no se retracta de su posición.

“Nosotros seguimos manteniendo nuestra posición de defensa a la familia y los niños y niñas. El debate que planteamos obedece a que padres de familia y rectores de diversas instituciones académicas nos dijeron tenemos un problema frente al ministerio de educación que ahora nos está enviando estas preguntas orientadoras. Más que una capacitación, es una inducción a cómo debemos enseñar los manuales de convivencia. Con base a esa alerta, me puse a investigar y vaya sorpresa con lo que me encuentro. Hay una ley muy linda, donde el congreso le dice a las instituciones educativas que no pueden discriminar, que deben implementar programas para que no exista el bullying y para que existan rutas claras hacia alternativas de solución de conflictos. Estamos de acuerdo. Lo que nos duele es que el ministerio ha querido interpretar a su antojo para empezar a “invitar” porque en realidad es una obligación, que ahora lo que debe ir en los manuales de convivencia es una ideología de género: una política cien por ciento de la población Lgbt donde dicen que no tenemos un sexo definido y que la sociedad no les está dando la libertad de escoger.

Lo que están diciendo es que el día de mañana los niños pueden ser transgénero, queer y las tendencias nuevas, que son válidas, pero que no deben ser abordadas con un niño de preescolar y primaria. Si un padre le está enseñando a su hijo a conocer sus genitales, su comportamiento, a encontrar esas diferencias tan marcadas del hombre y la mujer, van a enviar a sus hijos al colegio a decir ustedes no tienen un cuerpo, lo estamos construyendo. Entonces, ¿dónde quedan los derechos de los padres de familia a educar a sus hijos dentro de la moral, las costumbres y los conocimientos que ellos tienen? ¿Dónde quedan los derechos de los niños que a los cinco años de edad los tienen que vincular a todos estos temas cuando tienen que estar aprendiendo a leer, a colorear? El respeto tiene que existir, pero tampoco no podemos en base a eso ser colonizados por un pensamiento.

La diputada asegura que la controversia por sus declaraciones en La W obedeció a una acérrima contradicción de los periodistas en contra de su posición. Aseguró que “si en Colombia los padres de familia desearan que sus hijos se educaran con ideologías de género y bajo el pensamiento de la comunidad Lgbt habría que crear otros colegios, pero no porque no aceptemos que los niños con una orientación sexual diferente estudien con otros, sino porque en su mayoría –ahora estamos gobernados por la minoría- no quieren eso. Los rectores nos han dicho que van a tener que cerrar los colegios porque no se van a prestar para esta ideología de género.

Yo no conozco niños y niñas de cinco a ocho años de edad que sean gays. Si los hay son casos muy esporádicos y habría que ver de fondo la familia. Esta preferencia se viene dando en edades más mayores. La cátedra de sexualidad es importante. Por no hablarlo es que estamos como estamos, pero debe haber respeto por todos los pensamientos, incluido el heterosexual”.

La posición de los líderes de ongs lgbt

Olga Materón, docente y directora de la Fundación Siete Colores, señala que “en ningún artículo de dicha ley se lee una imposición de normas homosexuales en los manuales de convivencia escolar, no se habla de los baños mixtos y tampoco se busca confundir a los niños y niñas de nuestro país con una “ideología de género” que según la diputada Hernández se quiere imponer a modo de “colonización homosexual”.

Materón asegura que “la ley no es una idea vaga de los que pocos piensan que sería mejor para los niños y niñas de nuestro país en términos de educación escolar, esta ley es impulsada por organismos como Unicef que es un programa de la Organización de las Naciones Unidas que provee ayuda humanitaria y de desarrollo a niños y madres en países en desarrollo. Son especialistas en el tema, así como otras fuentes consultadas”.

La activista señala que la ley 1620 del 2013 busca blindar a los menores a que sean víctimas de acoso escolar “por razones de género, orientación o identidad sexual, etnia o condición física, social o cultural” y que como sociedad tenemos que comprender que dentro de las aulas sí existe una mayoría. Además, señala que los colegios deben cumplir con lo dispuesto o serán sancionados.

Ana Leonor Rueda Vivas, secretaria de Educación de Bucaramanga, explicó que “hemos venido realizando unas capacitaciones para que todas las instituciones puedan ajustar sus manuales de convivencia. Hemos tenido una serie de discusiones en los colegios públicos y privados. La visita técnica del ministerio lo que busca es revisar los manuales en todo el país. No es una imposición, es una reflexión y la comunidad educativa tomará sus decisiones y lo plasmará en sus manuales”.

Laura Badillo, integrante de Diversas Incorrectas, señala que “se respetan las creencias individuales. No compartimos que, como funcionaria pública, se niegue al cumplimiento de la ley que vela por ambientes más incluyentes. A nadie se va a obligar a tener una orientación e identidad de género diversa. Las preguntas aportan al mejoramiento de los manuales e implica exponer estos temas y propiciar conversaciones que impliquen el mayor respeto a la diferencia”.

Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, organización que integra el grupo de instituciones que revisa los manuales de convivencia explicó por qué  la organización participa de las revisiones de los manuales: “el ministerio hace un convenio con Colombia Diversa como experta en el tema de diversidad sexual, con Unicef y Pnud. Colombia Diversa no recibe dinero, al contrario, ofrece la asistencia técnica. Es importante aclarar que la revisión de los manuales no se hace solamente sobre temas de diversidad sexual, también en temas de convivencia escolar”.

La posición de los expertos

Juliana Martínez, profesora de American University, Wahsington, DC, y coordinadora de proyectos de Sentiido.com, explica que “hay una confusión entre los términos. Lo que las leyes están intentando construir es una cultura de respeto, de diversidad y de la construcción de ciudadanías para la paz, que implican desmontar el heterosexismo y una visión más igualitaria y equitativa del género, del sexo y de la sexualidad. Uno de los puntos más preocupantes que expone la diputada Hernández es que demuestra un desconocimiento de los diferentes componentes del género y la sexualidad. Está mezclando el género, el sexo, la orientación sexual y la identidad de género. A lo que ella se refiere con la ideología de género es a respetar la orientación sexual homosexual como una opción de vida válida, no punible, así como también las identidades de género”.  

La experta señala que la desinformación genera la idea de la existencia de una “teoría de la conspiración”: “como si fuera posible cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas a través de la información científica y la enseñanza de los valores del respeto y la diversidad, que es lo que están tratando de construir las leyes”, indica.  

Martínez señala que es normal sentir ansiedad por los cambios sociales. “Si tenemos perspectiva histórica podemos ver que las cosas cambian: hace unos años era considerado antinatural que las mujeres votáramos y usáramos pantalones. El expandir los derechos y brindar oportunidades no obliga a quien no está de acuerdo con ellos a implementarlo en su vida privada. Los colegios confesionales tienen todo el derecho en su clase de religión a decir que la homosexualidad es pecado, lo cual me parece violento, lo que no puedes es mentir y decir que es una enfermedad. Tampoco pueden decir que no tienen derechos”, concluye.  

Mauricio Albarracín, investigador del centro de estudios derecho, justicia y sociedad (Dejusticia), señala que “entiendo que ha sido un proceso de diálogo con los colegios. Se les ha planteado unas preguntas orientadoras basada en la jurisprudencia de la corte. No son preguntas obligatorias. Lo que ocurrió es que cuando estas preguntas llegaron a los colegios algunos lo interpretaron de la peor manera posible. Se buscó una metodología para implementar esa ley, para que no sea letra muerta. En caso de que un colegio, como fue el caso de Sergio Urrego: el colegio no había modificado su manual. Un colegio tiene que tomar todas las medidas necesarias para que un estudiante no sea discriminado”.

Albarracín asegura que sobre el tema del uniforme y el baño, “se ha formado una tormenta en un vaso de agua. No se puede obligar a un niño trans que se identifica como niño a ponerse un uniforme de niña. Esto es inconstitucional. No significa que ahora todos los niños van a ponerse el uniforme de la niña: esto es una banalización del tema”.  Y agrega que “este debate es un escándalo que oculta un problema muy grave: los estudiantes son discriminados por su orientación sexual e identidad de género. Los mismos profesores y rectores que se quejan por la modificación del manual han hecho afirmaciones homofóbicas. Hay que hacer pedagogía sobre lo que se está haciendo y se deben establecer nuevas preguntas orientadoras se pueden proponer. Ese trabajo es de los colegios”.  

La psicóloga clínica Vanesa Durán Sánchez, explica que “cuando se habla de educación sexual la gente piensa que va hacia el sexo y resulta que la cátedra habla de la sexualidad a lo largo de la vida, se habla del aparato reproductor y de género. Los niños entre los dos y los seis años empiezan a hacerse preguntas de todo lo que les rodea. Aquí empieza la educación sexual y al niño no le afecta en nada. La manera en que se educa sobre la sexualidad sí afecta notablemente a los niños. Si un niño pregunta sobre los órganos genitales y sus padres y docentes se escandalizan, su desarrollo se puede ver afectado. Entre los siete y los 10 años los niños empiezan a notar qué personas le gustan y cómo se tome en la familia y el colegio, los afecta. Al contrario que se hable del tema aporta mucho a su seguridad y a la construcción de su identidad sexual”.

Ana Patricia Pabón, abogada de la clínica jurídica de Derechos Humanos e interés público y coordinadora de la Línea de Género y Derecho de la Unab, quien viene trabajando desde 2014, junto con sus estudiantes en un proyecto para “traducir el lenguaje de las normas para empoderar a los niños y niñas en los derechos que los protegen”, explica que, dentro de lo que vio en el trabajo con los niños y niñas, “ellos no tienen muchos conocimientos sobre el tema. Existe la idea de que el manual de convivencia es una regla obligatoria, pero cuando conocen el tema de los derechos y que el manual es una regla inferior que debe vincular los derechos superiores de la constitución, comienzan a identificar que no solo sus compañeros, sino también sus profesores son los que están generando situaciones de acoso”. La clínica jurídica, en las instalaciones del consultorio jurídico de la Unab, atiende y orienta casos por este tipo de discriminación en los colegios.

Pabón explica que la Línea de Género y Derecho inició el proyecto de atención y prevención del acoso escolar por razones de género y orientación sexual hace año y medio. Con oportunidad de la solicitud que Colombia Diversa hizo a la Unab para emitir un concepto en la tutela del caso de Sergio Urrego, la línea comenzó su trabajo “vinculando lo que la jurisprudencia nos había ofrecido y lo que ahora le ley ampliaba frente a la obligación de las instituciones escolares. Entonces iniciamos el trabajo con los colegios, una vez que se abordó esta etapa de revisión documental, comenzamos con una prueba piloto para de una manera didáctica poder empoderar a los niños. Hemos hechos tres talleres para estudiantes de secundaria, primaria y para niños más pequeños mezclando talleres de narración oral y juego de roles”.

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