martes 15 de octubre de 2019 - 12:00 AM

El ‘INRI’ de algunos candidatos de las elecciones regionales

Cuando restan menos de dos semanas para que se lleven a cabo las elecciones regionales, las advertencias sobre candidatos con problemas para participar de esta elección se siguen conociendo.
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Para este proceso electoral que se hará el 27 de octubre próximo, la fundación Paz y Reconciliación, Pares, realizó estudios sobre candidatos más cuestionados, en los documentos que produjeron las investigaciones se identificó que quienes se presentan por coalición de partidos y movimientos representativos de ciudadanos son los más cuestionados.

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En segundo reglón están los candidatos de partidos políticos tradicionales, siendo los partidos Conservador, Liberal, Partido de la U y el Centro Democrático tienen las mayores quejas. El análisis de Pares se hizo para identificar los postulados que tienen señalamientos sobre corrupción, vínculos con grupos al margen de la ley como paramilitares y los que son herederos del capital político de personas o clanes políticos con vínculos comprobados con grupos al margen de la ley.

Según Pares, preocupa que mientras en 2015 solo pesaban cuestionamientos a candidatos a la Gobernación de Santander, ahora se esos cuestionamientos son en siete departamentos y citan como los casos más preocupantes a Putumayo y La Guajira.

“En el primer caso (Putumayo), los tres candidatos más opcionados para ganar la gobernación son Buanerges Rosero, Jhon Molina y Jorge Coral Rivas, quienes tienen graves cuestionamientos por corrupción o vínculos con grupos al margen de la ley. Buanerges Rosero, además de ser concuñado y aliado político de alias El Médico, quien fue capturado en 2015 con 200 kg de cocaína, habría intentado contratar a su cuñado, John Pardo, como asesor durante su administración como Alcalde, pero dado que tenía la tarjeta profesional suspendida, contrató al padre de este como asesor, cuya firma aparece en giros y documentos aún después de muerto”, explica Pares sobre la situación en ese departamento.

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El informe añade que “Jhon Molina es la ficha del recién capturado congresista del Partido Conservador Jimmy Díaz, a quien se le acusa de minería ilegal en Putumayo, además de contar con el apoyo de Gloria de María Martínez, suegra de alias ‘La Gárgola’, quien fue capturado con su otro nuero, un coronel de la Policía, mientras se desplazaban juntos en Bogotá”.

Frente a las advertencias de La Guajira, Pares señala que “las encuestas a la gobernación las encabezan Delay Magdaniel, Nemesio Roys y Jorge Pérez. El primero llega con el apoyo del Clan La Gran Alianza, encabezado por el condenado ‘Kiko’ Gómez y Jorge Ballesteros; el segundo es la ficha del Clan Nueva Fuerza Guajira, de Alfredo Deluque, que además postula a la Alcaldía de Fonseca al sobrino del narcotraficante Marquitos Figueroa; y el último que llega con el apoyo de su padre, el condenado homónimo Jorge Pérez, que después de décadas de pertenecer a la Nueva Fuerza Guajira se separa del grupo”.

Ojo con los que van por firmas

Frente al tema de los candidatos por firmas, la fundación Paz y Reconciliación insiste en la preocupación de cómo, pese a no hacer parte de lo que se conoce como establecimiento político tradicional, algunos candidatos que usaron este método para validar su candidatura también transgreden la ley.

“Con ello han garantizado candidaturas fuertes, y han hecho hasta lo imposible por anular la competencia política. De esa forma, los clanes en decadencia ponen los candidatos, muchos de ellos cuestionados, pero bien conocidos en sus respetivos departamentos o municipios, mientras que clanes en crecimiento disponen su apoyo a las candidaturas. Es un gana-gana. Mientras los primeros se reencauchan en medio de un panorama de crecimiento del voto de opinión, representado en partidos como el Verde y el Centro Democrático, los segundos viabilizan la expansión de su poder político en lo local”.

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Consideran, además, que al tener candidatos con avales de tres o cuatro partidos, más el del movimiento de firmas, lleva es a que diluyan las responsabilidades. En tal sentido citan como un ejemplo Córdoba.

En ese departamento el llamado ‘Clan de la Ñoñomanía’, del que hacen parte políticos condenados por delitos y una que está en un proceso disciplinario se ha unido al Clan de Nora García, senadora conservadora, todo con el fin de lanzar juntos un candidato a la Gobernación.

Del ‘Clan de la Noñomanía’ hacen parte, según Pares, Alejandro Lyons, testigo clave en el caso del ‘Cartel de la toga’; Bernardo Miguel ‘Ñoño’ Elías, vinculado a los sobornos de Odebrecht, y Sara Piedrahíta, congresista con investigaciones por ausentismo.

Pares explicó que este grupo estaba en decadencia después del escándalo de Odebrecht, por lo que su unión con el grupo de Nora García, que se había fortalecido políticamente hasta el año pasado que el conservador David Barguil fue electo senador como parte de su movimiento pero que al final se separó de ellos. A la ecuación para poner a Carlos Gómez en la gobernación de Córdoba se unió el Centro Democrático.

Herederos parapolíticos

Pares destaca que entre los llamados herederos de parapolítica hay un caso de un candidato para la alcaldía de Uribia (por coalición) Gerardo Abel Cujia Mendoza, abogado por 15 años de Cielo Redondo, “quien ha sido dueña y señora del municipio de Uribia, fungiendo dos veces como alcaldesa en anteriores alianzas con el representante Alfredo Deluque y el exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías (quien actualmente se encuentra privado de la libertad)”.

Recuerda Pares que Redondo se encuentra recluida en Uribia por investigaciones en su contra debido a presuntas irregularidades en la contratación en su administración (2008-2011), así como por sus presuntos nexos con paramilitares del Bloque Norte de las AUC.

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Destacan también que la categoría de herederos de la parapolítica, además de los muy sonados casos de Yair Acuña en Sucre y Juan Carlos Gelvez en Cúcuta, se encuentran casos como “el de Javier Arístides Guerra Castillo, aspirante por firmas a la alcaldía de Puerto Triunfo, Antioquia, quien según declaraciones de ‘Ramón Isaza’, excomandante paramilitar de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio, y de su hijo, Oliverio Isaza, alias ‘Terror’ habría tenido relaciones con dicho grupos. De acuerdo con estos, a mediados de 2001 robaron 17 tractomulas cargadas de cemento a la empresa Río Claro, siendo entregada la carga a Guerra Castillo, entonces alcalde, para que pavimentara la autopista Medellín-Bogotá a la altura del corregimiento Las Mercedes”.

Otro candidato enredado es el aspirante a la gobernación del Vichada por el Centro Democrático, Álvaro León Flórez, quien se ha dado a conocer por sus presuntos nexos con el narcotráfico, denunciados incluso el pasado 18 de agosto ante la Fiscalía, la Procuraduría y la MOE.

Según Pares, “aunque para el momento Álvaro León no aparezca con ningún proceso de investigación, la Fundación Arcoiris ya había adelantado una investigación al respecto en 2011, señalando los mismos vínculos. De otro lado, León Flórez es apoyado por Andrés Espinosa, exgoberndor de Vichada quien fue destituido e inhabilitado por 12 años, por vulnerar los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación”.

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La voz del gobierno

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez también se refirió al tema de las candidaturas cuestionadas. Recordó que en total se hicieron 250 mil consultas, de las cuales 24 mil no pasaron por la ventanilla única o de control de la cual dispone el Ministerio del Interior. Además precisó que el propio Consejo Nacional Electoral declaró inválidas 1.400 por irregularidades diversas.

Frente a los delitos que más se han denunciado en este proceso electoral, primero estuvo las trashumancia de ciudadanos, por lo que el CNE tuvo que inhabilitar la inscripción de cerca de un millón de cédulas en todo el país.

Precisó que en las últimas semanas los delitos más denunciados son la alta participación de funcionarios públicos en política, como también la financiación ilegal en las campañas.

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