jueves 05 de febrero de 2015 - 12:01 AM

Exfiscal Mario Iguarán defenderá al Santísimo

El exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, fue contratado por la Gobernación de Santander para que defienda sus intereses en el Cerro del Santísimo. Aún se desconoce cuánto dinero público será invertido en los honorarios del jurista.

El exfiscal general de la Nación, Mario Iguarán, será quien asumirá la representación de la Gobernación de Santander en los recursos que emprenderá para tratar de reversar el fallo que obliga al proyecto conocido como el Santísimo a cambiar de nombre y devolver unos recursos.

Según dio a conocer el exfiscal, en los próximos días será interpuesta una acción de tutela que buscará revocar y declarar nula la decisión emitida por el Tribunal Administrativo de Santander, que consideró que el proyecto viola los principios de la moralidad pública y el patrimonio público, además de que pasa por encima del principio laico del Estado.

Específicamente, la decisión del Tribunal Administrativo de Santander se basó en que con la construcción de un Cristo de 33 metros, la Gobernación vulneró la Constitución al favorecer con recursos públicos a una religión en particular. Lea también Tribunal Administrativo de Santander ordena cambiar nombre del proyecto El Santísimo.

En este sentido, el administrador de justicia ordena a la administración de Richard Aguilar Villa a cambiar el nombre del controvertido proyecto turístico y obliga a la Corporación Panachi a devolverle al departamento los $3.525 millones que costó la escultura.

No obstante, ese fallo se conoció una semana después de una decisión emitida por la Corte Constitucional sobre una tutela a la que pese que tenía los mismos argumentos, no le fueron concedidas las pretensiones.

En esa decisión, el alto tribunal señaló que debido a que en el contrato no se especificaba la figura y se dejó al arbitrio del artista representar “un ser superior”, la Gobernación no incurrió en ninguna vulneración al principio laico del Estado. Lea también Santísimo, a devolver dinero y a cambiar de nombre.

“Este es un fallo que no se dio en derecho, que se apartó de lo que ya había dicho la Corte Constitucional, que es el tribunal supremo constitucional, y que constiyó una vía de hecho”, explicó el Jurista.

Y agregó: “Consideramos que evidentemente prevalece el fallo de la Corte y por esa razón en los próximos días vamos a promover una acción de tutela contra la decisión del Tribunal”

Así las cosas, el exfiscal general, quien ha llevado defensas como la de Carlos Cárdenas en el controvertido caso Colmenares, indicó que desde su perspectiva la acción popular era “improcedente”, porque ya existía un fallo del máximo guarda de la Carta Magna de 1991.

“Una acción de este tipo ya no tenía cabida, resultaba improcedente por no llamarla de otra manera, porque era una acción popular que argumentaba lo mismo que la tutela. Era improcedente al punto de que el Juzgado Tercero del Circuito Administrativo negó la acción, pero contrario a lo que dijo la Corte y lo que dijo el juzgado, el Tribunal concluyó que las pretensiones eran válidas”, precisó Iguarán.

Es más, el exfiscal fue más allá y aseguró que ese es un “fallo de intolerancia” e indicó que también hubo “una vulneración a libertad de expresión del artista”, a quien se le pagó por interpretar al “ser supremo”.

Vanguardia Liberal consultó con Juan Manuel Charry, quien fue miembro de la asamblea nacional constituyente de 1991 y con la exconsejera de Estado Mariela Vega, y contrario a lo que argumenta Iguarán, coincidieron en asegurar que el fallo del Tribunal Administrativo de Santander prevalece sobre el de la Corte Constitucional porque la jurisdicción administrativa es el juez natural de la acción popular.

Esta Redacción intentó conocer cuánto dinero le costará al departamento pagar los servicios de Mario Iguarán, pero ni en la Gobernación ni el exfiscal revelaron el valor de los honorarios.

Conozca la ruta jurídica que seguirá la Gobernación de Santander:

1. La Gobernacion le pedirá al Tribunal de Santander que revise el fallo, por considerar que no está ajustado a derecho.
2. Si no accede el Tribunal, el Departamento instaurará una tutela contra el fallo ante el Consejo de Estado.
3.  El Consejo de Estado deberá resolver las dos instancias de la tutela. Ese proceso podría durar dos meses apróximadamente.
4. En caso de que los fallos  sean desfavorables para la Gobernación, se interpondrá un recurso de revisión ante la Corte Constitucional, que podría demorarse hasta un año. No obstante, esa revisión es discrecional de ese tribunal, es decir, podría decir que no lo revisaría.

* Entre tanto, la Gobernación tiene que acatar el fallo del Tribunal  y abstenerse de inaugurar la obra y debe cambiarle el nombre.

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