martes 08 de junio de 2021 - 12:00 AM

‘Facultad disciplinaria no es para desconocer a la oposición’: Margarita Cabello

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, defendió el proyecto de reforma al Código Disciplinario que se tramita en el Congreso. Según la funcionaria, la facultad disciplinaria no es para perseguir a la oposición.
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Aunque su estilo le ha llevado a no ser tan mediática, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, salió por estos días a ser muy activa ante los medios para defender el trámite de la reforma al código disciplinario, el cual considera fundamental para que esa entidad pueda seguir sancionando a los funcionarios de elección popular.

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Cabello, en entrevista con Colprensa, niega que esta sea una reforma que se está aprobando para quitar derechos a la oposición, como también descarta que en la misma se esté creando una gran plata de personal, la cual vaya ser entregada como ‘mermelada burocrática’ a los congresistas que le van su aprobación.

¿Por qué el proyecto ha generado tanta resistencia?

Creo que no han entendido la reforma. La tildan de un mecanismo de represión propio de las dictaduras, de un leviatán, de un proyecto antidemocrático, etc. En otras palabras la han satanizado. Nada de eso, lo único que se busca es mantener la institucionalidad y el poder que el Constituyente de 1991 le reconoció a la Procuraduría General de la Nación.

Basta señalar que actualmente hay más de 10.000 procesos contra funcionarios públicos en riesgo de prescribir, desde el año pasado la Procuraduría no puede suspender ni destituir funcionarios de elección popular como consecuencia de la decisión de la CIDH. El proyecto de ley es una forma de dar respuesta a esos problemas y otros que se generarían con la entrada en vigencia de un Código Disciplinario que está suspendido desde el 2019. Finalmente debo señalar que la facultad disciplinaria no es un instrumento para desconocer los derechos de las minorías y de la oposición. De eso soy garante.

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¿Con lo aprobado en las comisiones primera cómo se cumple lo ordenado por la CIDH?

La CIDH ordena que quienes tomen decisiones disciplinarias cumplan el principio de jurisdiccionalidad y el proyecto cumple esa orden. Igualmente, la CIDH exigió separar la función de instrucción y juzgamiento, eliminar la única instancia. El proyecto introduce esas garantías y adiciona una doble conformidad. Adicionalmente, mantiene el control frente a la decisión sancionatoria de la jurisdicción contenciosa. Así las cosas, los servidores públicos y, específicamente los de elección popular, tienen la garantía que el poder disciplinario será ejercido, como hasta ahora, con total transparencia, imparcialidad, independencia y justicia. La reforma en curso dota al proceso disciplinario de esas garantías.

¿Pierde o mantiene la Procuraduría la facultad para destituir a los funcionarios elegidos por voto popular?

Con la reforma al código disciplinario la Procuraduría mantiene la facultad para destituir, inhabilitar y suspender a esta clase de servidores. Desde la sentencia de la CIDH estamos viviendo una especie de “suspensión convencional de la función disciplinaria” en tanto las destituciones e inhabilidades a los servidores de elección popular no se toma y, en las que se hace, los jueces de tutela ordenan no aplicarlas. Hay aproximadamente 12.000 procesos contra servidores de elección popular que, podrían no tramitarse, bajo el argumento de la falta de competencia de la Procuraduría.

¿Es cierto que la Procuraduría asume funciones jurisprudenciales que no le corresponden?

El proyecto de ley solicita al Congreso de la República atribuir función jurisdiccional a la función disciplinaria. Eso no convierte a la Procuraduría en juez ni tampoco le otorga mayores poderes a los que le reconoció la Constitución de 1991.

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¿Cómo y por qué en la ley se ordena una ampliación del personal de la Procuraduría?

Lo primero que quiero al responder esta pregunta, es hacer una invitación a la opinión pública para conocer el objeto, razones y causas del proyecto de ley que se debate en el Congreso, pues su finalidad no es la creación de cargos como algunos lo pregonan. No. Está es una de las grandes mentiras que se han dedicado a difundir quienes quieren que la reforma al código disciplinario no se apruebe. Debo advertir que brindar mayores garantías a los funcionarios investigados a través de la división de la etapa de instrucción y juzgamiento puede requerir la vinculación de nuevos profesionales, después de un análisis que haga la función pública de la actual planta, Vamos a tener que hacer una reasignación de funciones, pero sin lugar a dudas se requerían algunos puestos de trabajo no de la magnitud que han señalado.

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