viernes 08 de febrero de 2019 - 12:00 AM

Fiscalía imputará cargos a Fernando Marín Valencia

El empresario santandereano es acusado de supuesto lavado de dineros en el ‘Carrusel de la Contratación’ en Bogotá.

Como parte de la estrategia de la Fiscalía General por ubicar el destino de los dineros extraviados en uno de los mayores escándalos de corrupción en Bogotá conocido con el nombre del ‘Carrusel de la Contratación’, bajo la administración del exalcalde, Samuel Moreno Rojas.

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En las labores investigativas, la Fiscalía Delegada contra las Finanzas Criminales confirmó que logró “develar un mecanismo a través del cual los dineros apropiados irregularmente por el exalcalde Moreno y sus cómplices, fueron direccionados a través de una sofisticada operación de lavado de activos para llevar estos recursos hacia el exterior”, entramado criminal dentro del cual haría parte el empresario santandereano Fernando Marín Valencia.

‘El facilitador’

De acuerdo con el ente acusador, Fernando Marín Valencia habría ayudado a Samuel Moreno a lavar cerca de 56 millones de dólares, dinero proveniente del Carrusel de la contratación de Bogotá.

Según la indagación de la Fiscalía, identificó al empresario Fernando Marín Valencia como “facilitador de esta maniobra financiera y eslabón con las inversiones en el exterior, quien según las evidencias recopiladas habría tenido como papel recibir los dineros ilícitos en Colombia para posteriormente trasladarlos a través del sistema financiero hacia los Estados Unidos”.

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“En una investigación adelantada por la Fiscalía Delegada para las Finanzas Criminales logró identificar la forma como los recursos ilegales fueron convertidos en recursos legales en Colombia y fueron entregados al señor Marín. Esa operación sofisticada se trató de llevar los recursos desde Colombia a Estados Unidos a través del sistema financiero. Una vez el dinero estaba en Estados Unidos, con la colaboración de firmas de abogados se constituían sociedades para la compra de inmuebles”, indicó Andrés Jiménez, delegado para las Finanzas Criminales de la Fiscalía.

El ente acusador afirmó que la sociedad y proyecto inmobiliario en el cual “habrían invertido recursos provenientes del Carrusel de la Contratación tuvo un monto comercial de $56 millones de dólares, que a la tasa de cambio vigente ascendería a más de $168 mil millones de pesos”.

La imputación

Ante estos hechos delictivos, la Fiscalía buscará imputarle cargos a Fernando Marín Valencia por su presunta participación en el delito de lavado de activos.

La diligencia judicial se llevará a cabo el próximo miércoles 13 de febrero en el centro de servicios judiciales de Paloquemao, en Bogotá.

Vanguardia Liberal pudo establecer que no existe orden de captura en contra del empresario santandereano, así como tampoco existe alguna restricción a su libre movilidad en Colombia o el exterior.

Esta redacción intentó comunicarse en múltiples ocasiones con Fernando Marín, pero el empresario no contestó las llamadas telefónicas.

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Fernando Marín Valencia no es accionista de ninguna de las empresas del grupo Marval desde hace 15 años, ni sostiene ningún vínculo empresarial desde entonces.

Otras sociedades

Del mismo modo, la Fiscalía también afirmó que logró identificar seis sociedades que habrían sido constituidas en el estado de La Florida, para la adquisición de inmuebles y cuyos presuntos beneficiarios serían los hermanos Moreno Rojas. Sin embargo, estas sociedades fueron disueltas entre los años 2011 y 2012.

“La Fiscalía acordó con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos suministrar esta información a efectos de recibir la asistencia judicial correspondiente para identificar el destino final de los recursos, producto de la disolución de las 6 sociedades cuestión. Así mismo, se iniciarán los trámites para perseguir las inversiones en el multimillonario proyecto inmobiliario”, agregó Andrés Jiménez.

Nueva sentencia

Un Juez de la República anunció un nuevo sentido de fallo condenatorio en contra del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, quien cumple condena de 24 años de prisión por irregularidades en el proceso de adjudicación del servicio de ambulancias para la ciudad, esta vez la sentencia judicial es por su responsabilidad en el esquema de corrupción para defraudar a la ciudad a través de diversos hechos de corrupción en los contratos de obras de infraestructura y malla vial.

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El juez acogió los argumentos de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien demostró la responsabilidad de Moreno Rojas por los delitos de cohecho propio, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concusión.

A lo largo del juicio, la Fiscalía presentó más de 66 evidencias y las declaraciones de 30 testigos, para acreditar la teoría del caso.

De acuerdo con la investigación, el exmandatario intervino indebidamente en los contratos de cesión de la fase III de Transmilenio, los procesos contractuales de malla vial 071 y 072 de 2008, y en la adjudicación de obras por concepto de valorización en 2009.

“Se direccionó el proceso de selección y se entregó información reservada de las licitaciones, antes y durante los procesos; se hacía asignación amañada de evaluadores, cambio de sitios de reunión para las evaluaciones, se impartían instrucciones a los evaluadores y no se hacía la verificación estricta a los requisitos”, señaló el fiscal de conocimiento en su escrito de acusación.

Por ahora se conoce el sentido condenatorio del fallo. El próximo 15 de febrero del año en curso, el juez de conocimiento revelará el monto de la pena. La Fiscalía pidió 35 años de prisión.

Embargo a los Nule

El pasado mes de julio de 2018, un juez especializado de Bogotá avaló la incautación con fines de extinción de dominio de bienes de propiedad del Grupo Nule que ascenderían a más de $6.000 millones de pesos.

Dicha decisión fue tramitada a través de asistencia judicial con los Estados Unidos con el propósito de afectar los bienes. La Fiscalía acaba de ser informada por parte del Departamento de Justicia de ese país, que la solicitud fue avalada por una Corte Federal, por lo que se hizo efectiva la incautación de las propiedades.

La Fiscalía anunció que adelantará las gestiones pertinentes para solicitar el retorno de tales activos a Colombia en el marco del acuerdo de compartición de bienes suscrito con el gobierno de los Estados Unidos.

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