martes 24 de septiembre de 2019 - 11:50 AM

Imputan cargos a presuntos responsables del carrusel de la contratación del Imebú en Bucaramanga

En la mañana de este martes, la Fiscalía General realizó la jornada de imputación de cargos contra los implicados en el carrusel de la contratación del Instituto de Empleo y Fomento Empresarial de Bucaramanga, Imebú, que fue denunciado inicialmente por Vanguardia en 2014.
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Las investigaciones contra los implicados en el carrusel de contrataciones dieron inicio luego de las denuncias hechas por esta casa editorial, que demostraba como, presuntamente, los responsables usaban el Imebú para firmar contratos fantasma o irregulares.

Se sospechaba que estos contratos, firmados para dar supuestas capacitaciones para la comunidad en diferentes áreas, eran fraudulentos. Es así como se encontraron documentos de alquiler de salones sociales por cierta cantidad de días, que realmente no fueron usados para los fines que los implicados justificaron.

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Vanguardia, en 2014, fecha en la que hizo públicas las denuncias, pudo establecer que en el Instituto de Fomento y Empleo de Bucaramanga, Imebú, entre 2012 y 2013, se suscribieron 112 contratos con fundaciones que serían “de papel”.

Por estos hechos, el pasado 19 de septiembre, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó, por un plazo de 11 años, al exdirector de dicha institución, Cristian Rueda Rodríguez, porque “el disciplinado no actuó con la diligencia debida y el cuidado necesario al suscribir el contrato de apoyo No. 135 de 2012 con la Fundación para el Desarrollo de las Comunicaciones, que carecía de idoneidad y experiencia para ejecutar el objeto del negocio jurídico”.

Cabe resaltar que Rueda Rodríguez es también excuñado de la actual concejala Nancy Lora, del Partido Liberal.

Estos actos delictivos llevaron a un peculado de $120 millones en Bucaramanga.

¿Quiénes son los procesados?

La Fiscalía General señaló que entre los seis procesados se encuentran la exsubdirectora técnica del Imebú, Marisol Adarme Valenzuela, y los supervisores de los contratos José María Niño Sánchez y Ángel Miguel Pinto Urrea.

Por su parte, se espera la imputación de cargos del ya destituido e inhabilitado exdirector de la institución, Cristian Rueda Rodríguez. Esta diligencia se desarrollará los días 18 y 22 de octubre.

La judicialización de estos funcionarios se dio por delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado.

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Las investigaciones

Las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía General que permitieron la imputación de los implicados fueron seis.

La primera investigación se dio a partir del contrato 124 del 12 de agosto de 2013, suscrito entre el Imebu y la Fundación un nuevo horizonte.

Este tenía como fin la capacitación de 40 jóvenes de estratos 1 y 2 de Bucaramanga, por un costo de $40 millones. Pero la Fiscalía encontró que la fundación no cumplía con los requisitos, además de que el peculado fue de $22 millones.

Por estos hecho fue imputada la representante legal de la Fundación un nuevo horizonte, Adriana Jaime Ruiz.

La segunda investigación se relaciona contrato 114 de 30 de octubre de 2012, suscrito con la Fundación Biopsicosis, por un total de $50’518.000.

En esta investigación, la Fiscalía encontró que hubo un peculado por $10’350.000, y fue imputado Juan Ricardo Alvarado, representante legal de Fundación Biopsicosis.

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La tercera investigación es por el contrato 059 del 08 de abril de 2013, con la Fundación con Ideas y Soluciones, Jovis, por un costo de $60 millones.

Dicho contrato habría generado un detrimento de $22’679.000, y fue imputado José Ignacio Alvarado Meneses, representante legal la firma contratista.

Una cuarta investigación tuvo relación con el contrato 146 del 9 de septiembre de 2013, con la Fundación Emprendimiento Juvenil Social, por $50 millones, que supuestamente beneficiaría a 50 mujeres cabeza de familia.

El peculado en este contrato fue de $27 millones, por lo que fueron judicializados Marisol Adarme Valenzuela y Ángel Miguel Pinto Urrea.

La quinta investigación se dio por el contrato 172 del 31 de octubre de 2015, por un total de $90 millones, cuyo peculado ascendería a los $20’ 478.000.

La imputación por estos hechos se desarrollará el 22 de octubre.

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La última investigación se dio por el contrato 107 del 5 de julio de 2013, con la Corporación Horizontes Tecnológicos, por $18’000.000.

El representante legal de Horizontes Tecnológicos será imputado el próximo 19 de octubre.

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