domingo 05 de julio de 2020 - 10:00 AM

Imputan cargos contra otro Alcalde en Santander por presunta corrupción en contratos durante la pandemia

Celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación en concurso homogéneo y sucesivo, fueron los delitos imputados por la Fiscalía General de la Nación, en contra del alcalde de San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas.
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De su gabinete también fueron imputadas Mónica Alejandra Corzo Rey, jefe de la Oficina de Gobierno y Desarrollo Social; y a Lucy Amparo Báez Suárez, representante legal de la Fundación de Proyectos Sociales y Económicos (Prococec), empresa contratista.

El hecho

La investigación se relaciona con las presuntas irregularidades presentadas en el contrato de compraventa N CD 038-2020, que tenía como objeto “la adquisición de ayudas humanitarias y kit de prevención de propagación del Covid- 19 para la población del municipio de San José de Miranda, con relación a la emergencia nacional generada por la pandemia del Coronavirus”.

Durante el proceso, los investigadores evidenciaron inconsistencias en la celebración del mismo, así como posibles sobrecostos en la compra de los productos que tuvieron un valor de 89 millones de pesos, además de que los mismos no se entregaron a la comunidad para la que habían sido destinados.

Según la información publicada en el Secop, aparecen dos contratos para atender el Covid-19 en el municipio de San José de Miranda, uno del 25 de marzo por $89 millones, y el otro del 6 de abril por 16 millones.

El de marzo incluye productos de cuidado personal para la emergencia, los folletos y la campaña ($52.555.000) y, además, mercados ($36.900.00), todo valorado en $89.455.000.

El de abril, solo de implementos de protección (guantes, gafas, tapabocas, trajes de bioseguridad) y aseo (alcohol, gel, jabón, hipoclorito de sodio), tiene un costo de $16.623.870. Ambos contratos fueron suscritos con Fundación de Proyectos Sociales y Económicos; representada legalmente por Lucy Amparo Báez.

“Las acciones investigativas y judiciales definidas en la estrategia conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación arrojan resultados contundentes en defensa de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos afectados por la emergencia ocasionada por el Covid – 19”, informó el ente acusador.

Pese a la imputación, los acusados no fueron cobijados con medida de aseguramiento, pero continúan vinculados a la investigación.

¿Qué dice la Alcaldía?

A través de un comunicado, Ortiz Cárdenas manifestó que “en desarrollo de las audiencias quedó demostrado que estaré atento a los llamado judiciales y que de ninguna manera es necesario que se me prive de la libertad, en cuanto, en ejercicio como alcalde y representante de todos los miranderos, seguiré siendo garante de que las cosas se sigan haciendo correctamente, por cuanto debo informar que la justicia determinó no imponer ningún tipo de medida de aseguramiento en mi contra.

“Les aseguro a todos los miranderos que junto a mi equipo de trabajo demostraremos con todos los medios de prueba, que no hemos faltado a su confianza, no se perdió ni un solo peso (...) los contratos se ejecutaron en la debida forma y así lo demostraremos ante la justicia”.

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