viernes 21 de noviembre de 2008 - 10:00 AM

Inhabilitan a ex alcalde de Girón

Por incurrir en diversas irregularidades en el desarrollo del proyecto que albergaría a las familias damnificadas de la tragedia invernal de febrero de 2005, inhabilitaron por 15 años al ex alcalde de Girón, Juan Francisco Suárez Galvis.

Según la Procuraduría General, los hechos por los cuales fue destituido ocurrieron en agosto de 2005, cuando el entonces Mandatario incurrió en el cumplimiento de los acuerdos, mediante los cuales el Concejo lo facultó para adelantar dicho proyecto.

Así mismo, Suárez Galvis omitió su labor de vigilancia sobre el proceso de selección y compra de tierras pues quedó plenamente demostrado, que los predios ‘San Benito’ y los ‘Cocos’, adquiridos para desarrollar el proyecto urbanístico con destino a los damnificados no eran aptos, pues no acataban las especificaciones ordenas en las disposiciones locales.

Se enriquecieron terceros

Consideró el Ministerio Público que hubo sobrecostos en la compra de los mencionados predios, por un valor de $1.861 millones habida consideración de su ubicación, condiciones físicas, limitaciones geotécnicas al área urbanizable, carencias de servicios públicos, de infraestructura para su prestación y de obras de urbanismo, aspectos que no fueron tenidos en cuenta e inciden notoriamente en el precio de compra.

Esta situación, argumenta la Procuraduría, generó incremento patrimonial para terceras personas en perjuicio del patrimonio estatal y la inversión social a que estaban destinados los recursos.

Se extralimitó

El fallo señala que el Alcalde se extralimitó en sus funciones al suscribir el 24 de octubre de 2005 un acuerdo de Unión Temporal con un ingeniero por valor de $4.850 millones, cuyo objeto consistió en aunar esfuerzos administrativos, económicos, técnicos y humanos para gestionar recursos, adquirir lotes, efectuar estudios de viabilidad del proyecto urbanístico y realizar obras de urbanismo complementarias a fin de conjurar la situación de desastre declarada en el municipio.

Con ello, dice la Procuraduría General de la Nación se violaron los principios orientadores de la contratación estatal, en especial el deber de selección objetiva.

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