El hecho investigado corresponde a un contrato para capacitar a adolescentes sobre el tema de la drogadicción, que al parecer no se ejecutó tal y como estaba dispuesto. Por estos hechos, ya fueron condenados el contratista y el supervisor del contrato.
Juan Carlos Prieto García, hermano del exconcejal de Bucaramanga, Alfonso Prieto, aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó por las irregularidades detectadas en un contrato suscrito el 29 de junio de 2011, vinculado al llamado ‘Carrusel de Contratación’ de la Secretaría de Desarrollo Social.
Esto se dio en una audiencia preparatoria ante el Juez 7° Penal del Circuito, donde Prieto García debía responder por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
Según el ente acusador, el imputado fungió como intermediario entre la Alcaldía y el contratista, la Fundación Voces e Imágenes Comunitarias (Avic), para suscribir el contrato 313 de 2011 por $370 millones para capacitar a adolescentes de los estratos 1, 2 y 3 sobre el tema de la drogadicción.
No obstante, durante la ejecución del contrato se habrían apropiado fraudulentamente de unos $185 millones.
El procesado, recluido desde hace un año, además de aceptar los cargos devolvió $40 millones al erario. Como consecuencia de esta misma investigación, ya fueron condenados el supervisor del contrato, Eulises Dueñas Villamizar, y el representante legal de Avic, Luis Antonio Castro Mesa.
El contrato
Según reveló en su momento esta redacción, en septiembre de 2012 la Contraloría Municipal inició una indagación preliminar contra estas personas y el exsecretario de Desarrollo local, José Ludbin Gómez Martínez, ante la sospecha de que se pagaron actividades contratadas que realmente no se habían realizado.
Al contrato 313 de 2011 se sumarían otros que se firmaron en junio de ese mismo año, el 314, el 315 y el 316, todos suscritos con fundaciones de dudosa procedencia que tampoco tenían una sede.
Estos se firmaron para realizar campañas para tratar trastornos alimenticios, la drogadicción o promover la salud sexual y sumaban entre todos unos $1.000 millones.
Como hecho curioso, los contratos 314 y 316 que fueron suscritos con la Fundación Amigos del Mañana, Fundama, y con la Fundación al Servicio de la Población Vulnerable, Funservir, respectivamente, tienen los mismos soportes que el contrato suscrito con Avic.
Además, cuando estalló ese escándalo, Vanguardia Liberal conoció los testimonios de dos enfermeras y un psicólogo, quienes aseguraron que fueron engañados y que sus firmas fueron falsificadas para soportar los controvertidos contratos.
“Cuando me dirigí a la Contraloría me muestran los documentos y me doy cuenta de que mi firma la escanearon, porque era chiquita y yo jamás firmo de esa manera”, le aseguró el psicólogo en su momento a esta redacción.
Carrusel de contratos
Si bien el contrato por el que fue imputado Carlos Prieto García se suscribió en junio de 2011 (antes del gobierno de Héctor Moreno Galvis), se le relaciona con el llamado Carrusel de Contratación que denunció la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal, pues fue realizado por la Secretaría de Desarrollo Social y se identificaron algunos puntos en común.
Entre ellos están que se suscribieron con fundaciones con objetos sociales muy amplios, algunas de ellas sin sedes y en varios casos no existen los soportes para comprobar que estos contratos sí se ejecutaron.
