miércoles 16 de septiembre de 2020 - 12:00 AM

La compleja ruta de Metrolínea tras someterse a la Ley de reestructuración de pasivos

¿Qué sigue tras la decisión de la asamblea de accionistas de Metrolínea de acogerse a la ley de saneamiento fiscal?
Escuchar este artículo

La crisis financiera que afecta al Sistema Integrado de Transporte de Bucaramanga, por cuenta de las millonarias deudas que en solo en pasivos judiciales superan los $157 mil millones, conllevó a que el 99% de la Asamblea General de Accionistas de Metrolínea aprobara que el ente gestor se acogiera a la Ley 550 de 1999, como mecanismo de reactivación empresarial y reestructuración de pasivos.

Además: Metrolínea buscará reorganizar el pago de su deuda

Aunque la Gerencia de Metrolínea insiste en que la decisión de la Asamblea de Accionistas de acogerse a la Ley 550 será beneficioso para el ente gestor, toda vez que congela las obligaciones y embargos judiciales, expertos y líderes políticos consideran que la decisión puede ser perjudicial al mediano y largo plazo, ya que no soluciona los problemas de fondo de la entidad.

Sin otra salida

Las millonarias deudas generadas principalmente por los laudos arbitrales en contra de los intereses de Metrolínea, que a la fecha alcanzan los $157 mil millones, además de la disminución del número de pasajeros del ente gestor por cuenta de la pandemia, generó que le entidad entrara en una crisis financiera sin precedentes, tanto así, que desde hace más de mes y medio aún no les cancelan el sueldo a los empleados por falta de liquidez.

Ante este panorama y con la autorización de la Asamblea de Accionistas, Metrolínea le solicitará al Ministerio de Transporte que le permita acogerse a la Ley 550 para llevar a cabo la reestructuración de los pasivos, buscando una negociación con los acreedores de la entidad y así poder reactivar la empresa.

“Desde Metrolínea, en vista de la difícil situación financiera que se viene complicando con el paso de los días y más en esta emergencia, se tomó la decisión de entrar en este trámite con dos propósitos: uno, permitirle a la empresa un proceso de reactivación empresarial derivado de una negociación con los acreedores que incluye la congelación de intereses y liberación de embargos; y dos, garantizar la continuidad de la prestación del servicio a todos nuestros usuarios”, señaló Jaimes Caballero, gerente de Metrolínea.

Una vez elevada la solicitud por el ente gestor, la Superintendencia de Transporte revisará la situación financiera de la entidad con el fin de verificar que Metrolínea cumple con los requisitos para acogerse a la Ley 550. Posterior a ello, la Supertransporte designará a un promotor quien será el encargado de revisar la viabilidad de la empresa para su funcionamiento y el pago pasivos con sus acreedores del ente gestor.

“Metrolínea hace un flujo de cómo podría llegar a proyectarse una negociación para pagarle a los acreedores y una vez se haga ese acuerdo, Metrolínea va a seguir funcionando, pero ya queda bajo unos acuerdos de pago con esos acreedores”, agregó Jaimes Caballero.

Lea también: Laudos arbitrales ahondan la crisis financiera de Metrolínea

Inseguridad jurídica

Si bien, al cogerse a la Ley de reestructuración de pasivos, Metrolínea obtiene beneficios a corto plazo como la suspensión de la generación de intereses de sus pasivos judiciales, así como la congelación de los procesos ejecutivos y órdenes de embargo en contra de la entidad, el ingresar a la Ley 550 también puede suscitar una incertidumbre jurídica para los proveedores del sistema masivo de transporte.

“El acogerse a la Ley 550 también tiene sus implicaciones, toda vez que genera una incertidumbre jurídica para los proveedores de bienes y servicios que no se atreverán a poner en riesgo su capital con una entidad que está en proceso de reestructuración de pasivos, que lo único que hace es aplazar las obligaciones a esos acreedores que llevan años exigiendo el pago de sus deudas y que ahora deberán esperar cinco años más para la cancelación de sus obligaciones”, señaló un exdirectivo de Metrolínea.

Por su parte el concejal de la oposición, Jaime Beltrán, advirtió que el ingreso a la Ley 550, a pesar de ser efectiva en el corto plazo para continuar con el funcionamiento del sistema masivo de transporte, no soluciona de fondo las problemáticas que por años han venido afectando al ente gestor.

“Este es un problema complejo que lleva varios años. Lo primero que hay que decir es que el acogerse a la Ley 550 era la única salida viable que tenía Metrolínea ante la crisis que atraviesa, pero esto no significa que se vaya a dar solución de afondo a los problemas que tiene la entidad. Con la Ley 550 se aplazan el pago de las deudas, pero no se aumenta el número de pasajeros. Esto es como abrir un hueco para tapar otro, hay que tomar decisiones de fondo para cambiar el rumbo de la entidad que ante esta realidad no es autosostenible ni mucho menos rentable”, acotó el concejal de Colombia Justa Libre.

Elija a Vanguardia como su fuente de información preferida en Google Noticias aquí.
Publicado por
Lea también
Publicidad
Comentarios
Comente con Facebook
Vanguardia no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios que aquí se publican son responsabilidad del usuario que los ha escrito. Vanguardia se reserva el derecho de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje soez, que ataquen a otras personas o sean publicidad de cualquier tipo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad