jueves 15 de octubre de 2009 - 10:00 AM

La Corte retomó los procesos de Gil y Riaño por parapolítica

'Eso era previsible'. Sin sorpresa ni expectativa, el abogado apoderado del ex congresista Luis Alberto Gil recibió la noticia de que la Corte Suprema de Justicia retomó los procesos que por parapolítica sigue no sólo contra su prohijado, sino contra el ex representante a la Cámara, Alfonso Riaño.

'En el auto del 15 de septiembre la Corte dio un nuevo marco jurídico procesal y nos estábamos preparando para atender el proceso ante la sala penal de la Corte Suprema', afirmó anoche a Vanguardia Liberal el apoderado Ramón Ballesteros, quien hoy se notificará de la decisión. Gil y Riaño fueron vinculados al proceso en 2008 para investigar sus presuntos nexos con grupos de autodefensas, en concreto con el Bloque Central Bolívar que operaba en esta región.

Una vez conocieron de la indagación preliminar, los dos renunciaron al fuero de congresista para someterse a la justicia por vía de la Fiscalía General, que al finalizar el año pasado dictó medida de aseguramiento consistente en detención intramural contra los dos políticos santandereanos.


En qué está el proceso

Según explicó el abogado apoderado de Gil, en este momento procesal la defensa esperaba que la Fiscalía resolviera un recurso de apelación interpuesto contra la resolución de acusación.

'Nos queda la inquietud sobre qué va a suceder con este recurso de apelación, teniendo en cuenta que en la Corte no hay segunda instancia. La inquietud es si lo dejarán en firme o lo van a naturalizar en recursos de reposición, lo cual sería algo ortodoxo', reiteró Ballesteros.

De todas maneras, los argumentos para defender a Gil están centrados en que la Corte no es competente para investigarlo, pues según el Apoderado, una parte de los hechos por los cuales es procesado ocurrió en una época en que no había sido elegido por primera vez al Congreso, es decir, a finales de 2001 y principios de 2002.

Se trata de las supuestas reuniones realizadas en Puerto Berrío y Medellín, 'que él ha reconocido y justificado en el proceso', señaló el abogado de Gil.

El segundo cargo que 'hemos tachado de mentiroso', tiene que ver con una supuesta reunión en el Hotel Chicamocha de Bucaramanga en el que supuestamente se entregaron mil millones de pesos -dos días antes de las elecciones del Congreso en 2006- a nombre del Bloque Central Bolívar.

Los argumentos de la defensa para contradecir los cargos, es que para esa época la organización ilegal ya se había desmovilizado.

Según explicó el Abogado, de quienes dicen que participaron en tal reunión, es decir, alias ‘Alfonso’, alias ‘Diego Ribera’ y alias ‘Jairo Tarazá’, los dos primeros formaban parte de una Ong mediante la cual se reinsertaron a la vida civil y ‘Tarazᒠestaba –supuestamente- en Medellín, esperando a que fuera postulado al proceso de Justicia y Paz y no pertenecía a la organización armada, 'por lo tanto no puede haber concierto para delinquir', argumenta la defensa.

Todos estos alegatos serán estudiados ahora por los magistrados de la sala penal, que entrarán a resolver todos los procesos de parapolítica que reclamaron a la Fiscalía.

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