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Política
Miércoles 14 de febrero de 2024 - 12:00 PM

Las instituciones no galopamos al ritmo de los tambores de las marchas presidente de la Corte

A pesar de reconocer que existe cierto nerviosismo por la posibilidad del uso de las protestas para presionar a las altas cortes el presidente de la Corte Constitucional José Fernando Reyes insistió en que las instituciones no se pueden dejar coaccionar por los manifestantes

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Colprensa / VANGUARDIA.
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El magistrado José Fernando Reyes Cuartas se estrenó como presidente de la Corte Constitucional con una situación atípica, el asedio sobre el Palacio de Justicia por parte de manifestantes que reclamaban a la Corte Suprema de Justicia la elección inmediata de la nueva Fiscal General.

Aunque Reyes descartó que se tratara de un secuestro de los magistrados de las cuatro cortes que comparten el espacio del Palacio, sí advirtió que no fue un tema menor y sostuvo, en entrevista con Colprensa, que se equivocan quienes creen que los tribunales se mueven al sonar de los atabales de las calles.

Reyes, quien estará en el cargo hasta 2025, recordó que la sociedad es libre de marchar y protestar, pero recordó que los entes judiciales se toman el tiempo necesario para asumir decisiones, dado que “los jueces no tienen partido, solo militan en la Constitución, ese es su credo”.

Tendría que opinar más como académico que como magistrado. Si me pongo a opinar como magistrado, yo digo “ese es el que es”, ese es el que diseñó el Constituyente del 91.

Cuando se discutió en el 91 si la Fiscalía debería pertenecer a la Rama Judicial o, por el contrario, al Ejecutivo, se examinaron todos los pros y los contras para al final decir: “tenemos un fiscal que hará parte de la Rama Judicial y, por lo tanto, la garantía de independencia, autonomía, idoneidad frente a los conflictos”, que era la regla y sigue siendo la regla hoy día.

Luego, ese diseño constitucional es el que está. Ahora, algunos están pidiendo que sea al revés, que el presidente elija de una terna que haga la Corte, no sé qué, pero digamos que eso es parte de la imaginación de los juristas, que tenemos imaginación profusa. Pero, por lo pronto, el diseño constitucional es el que es, es el que ha funcionado, es el que está bien.

Creo que las personas que se han desempeñado en la Fiscalía lo han hecho muy bien, con competencia. Ha funcionado. Seguramente, hay muchas cosas que ajustar; el tema del personal, el tema de la investigación, de los diseños de investigación, etcétera, pero el sistema que hay es el que es.

No. Yo en principio pensaba que un sistema en el que la Fiscalía hiciera parte de la Administración más que de la Justicia tenía una ventaja, y era que toda la impunidad que la sociedad soportaba tenía un culpable, que es el Ejecutivo, porque no dedicaría los suficientes medios de Policía, los suficientes medios de prevención, los suficientes medios de investigación.

Entonces, la impunidad legitimará o deslegitimará a una autoridad. Hoy día uno no puede decir que la impunidad está, haga de cuenta, en la Fiscalía, porque la Fiscalía no maneja sus recursos económicos, por ejemplo, para decir “es que tengo mil policías judiciales y necesito diez mil”. No tiene cómo solventarlo. Luego, no es una responsabilidad, en absoluto, de la Fiscalía.

Por eso, en los países donde la Fiscalía hace parte del Ejecutivo, al final, cuando hay mucha impunidad, quien rinde las cuentas es el Ejecutivo. Tienen una responsabilidad compartida.

En todo lo que parece no funcionar, porque de pronto hay algún interés, la gente dice que tiene un vacío jurídico.

Es posible que eso se pueda reglamentar. Uno podría inventarse unas cosas locas: “Mire, si la Corte a la que se le manda una terna no elige en los seis meses siguientes, entonces, de esa terna, el presidente escogerá al fiscal”. Entonces, una Corte tendría que decir: “miércoles, saquemos al mes esto, lo voy a elegir yo, porque si no, el presidente va a elegir”.

Son cosas que puede un sistema regular, pero no es lo que tenemos. Ni siquiera sabemos si es lo óptimo, ¿cierto? Tampoco hay mecanismos de reemplazo de la dilación o la omisión. En el Consejo de Estado ha habido magistrados que han tardado dos años en ser elegidos, o más, o en la Corte Suprema.

Yo creo que son cosas que hay que asumir con calma. En las Cortes hay deliberaciones profundas sobre la conveniencia o inconveniencia de candidatos. Hay cosas que los del público no sabemos, que impiden a los candidatos sacar los votos y etcétera.

Entonces, pues, creo que si se quiere una elección más corta, seguramente el Legislativo tendrá que asumir ese empeño y regularla. Pero ¿si existe vacío? No existe vacío. Lo que no satisface las formas en las que otros quisieran que se resolviera no hace que sea un vacío.

Yo, particularmente, creo que sí. Creo que afecta la libre deliberación. Pero lo que hay que defender es que la gente pueda hacerlo. Puede hacerlo, ni más faltaba.

Pero creo que sí. Tal vez los magistrados se sentirían más tranquilos y en la posibilidad de elegir si no tuvieran estas presiones. Pero lo que no pueden hacer es decir, no sé, “no me presionen, que no elijo”.

La verdad es que la gente puede, libremente, marchar y pedir, y la Corte puede tomarse sus tiempos.

Lo que pasa es que existe por ahí un clima de reforzamiento de la necesidad de decidir en cierto sentido, por parte de los colectivos, que los lleva a marchar y a entender que su voz presiona, suma y ayuda.

Las instituciones no galopamos al ritmo de los tambores de las marchas.

El Congreso sacará sus reformas a la salud, a las pensiones, a lo salarial, según su leal y sabio entender, según la deliberación pública que ellos estimen del caso y según cómo las fuerzas políticas se alíen.

Los jueces podemos tener mil personas o cincuenta mil en la plaza diciéndonos “no al aborto”, y si los jueces creemos que el aborto es un derecho de las mujeres, pues lo sacaremos, incluso si toda esa plaza está en contra de nosotros gritándonos arengas.

A lo que aspiramos es que haya suficiente deliberación para una decisión, que al final la gente entienda que cada quién tiene sus competencias y que, en la medida en que se respete la Constitución para tomarla, la determinación tendrá que ser acatada, por mucho que no les guste.

O sea, mi deber como ciudadano es acatar, inclusive, las medidas que no me gusten. Ponga usted el caso de una marcha contra los impuestos. Como hemos salido a marchar un millón contra el presupuesto equis, el impuesto se tumba. Si eso fuera así, sería muy complicada la vida ciudadana, porque a nadie le gusta pagar impuestos.

En el clima de animosidad, el Gobierno ha tratado de mantener algo de consonancia con la Justicia, con reuniones en la Corte, con medidas para que pudiesen salir aquel jueves, entre otras. Usted ha tenido acercamientos, primero como vicepresidente de la Corte Constitucional y ahora como presidente, así que conoce de cerca la relación entre el Ejecutivo y este otro poder público.

Nosotros tenemos unas relaciones institucionales armoniosas. No existe nada de confrontación.

A veces alguien dice que nosotros somos parte de la oposición. Nosotros somos los jueces; los jueces no tienen partido, solo militan en la Constitución, ese es su credo.

Cualquier clase de choque, de control, de animadversiones, parte del imaginario popular y hay que respetarlo, pero nosotros no tenemos sino las más armoniosas relaciones con el Ejecutivo.

Cuando el presidente ha venido a la Corte, lo hemos recibido con mucho gusto, lo hemos escuchado, lo invitamos al encuentro de la Jurisdicción el año pasado y estuvo, conversamos con él, lo escuchamos con muchísima atención y bien.

Sí, porque la Corte hace lo que tiene que hacer, inclusive si al presidente no le gusta.

Entendemos al presidente, quien como ser humano siente frustración, ni más faltaba. Porque si él se toma el trabajo de sacar todas estas cosas, es porque cree en ello, pero nosotros creemos que no lo hizo conforme a la Constitución y por eso se cayó.

Que el presidente esté molesto, pues tiene que estar molesto, es un ser humano. Pero también quisiéramos que entendiera que ese es nuestro trabajo, que esa es la forma como garantizamos la democracia y que los canales de la democracia deliberativa, que son los del Congreso, son los mejores escenarios para plantear sus iniciativas, que, con toda seguridad, son beneficiosas y ampararán a tanta gente vulnerable en La Guajira.

Usted ha dicho que es un juez de toda la vida. ¿En sus inicios profesionales se imaginaba llegar a la Presidencia de la Corte Constitucional?

Nunca me lo imaginé. Nunca lo soñé. Siempre tuve en mis metas, porque era de la justicia ordinaria, estar en la Corte Suprema. Fui cuatro o cinco veces candidato a magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema, pero eso nunca se dio.

Pero yo siempre he sido profesor de Derecho Constitucional y, además, defensor acérrimo de la jurisprudencia constitucional y de la Corte misma. Cuando el afer del señor (Jorge) Pretelt, por ejemplo, escribí un artículo que se llamó ‘En defensa de la Corte Constitucional’.

Luego, yo siempre tuve mi espíritu aquí, pero nunca soñé ser magistrado ni muchísimo menos presidente. Nunca estuvo en mis cuentas.

Tampoco, porque es una elección muy difícil, porque es mixta, entre jueces —la Corte Suprema, que postula, o el Consejo de Estado— y el Senado de la República, que son 108 personas con las cuales tienes que hablar. Si no hablas con ellos, no votan por ti. Es una campaña larga, difícil, compleja, de mucha entrega, de mucha paciencia.

Entonces, no, no tuve eso en mis cuentas. Sobre todo, porque para los de provincia todo es más difícil.

Ahora, aterrizando en su mandato como magistrado y presidente, ¿qué retos le esperan en este año?

El reto de todos los presidentes es mantener el nombre de la Corte, entender que esta es una Corte muy importante, nacional e internacionalmente, y que su jurisprudencia tiene un prestigio que debe mantenerse.

Pero, además, digamos, la Corte hace parte del sistema de los pesos y contrapesos que en una democracia son la esencia. De suerte que la Corte sigue manteniendo esa característica, que es trascendental para la vida, para la paz del país, para la existencia de la democracia.

Al lado de eso, los programas que los presidentes nos encargamos de echar para adelante: la tecnología; la utilización, en alguna medida, de inteligencia artificial; la pedagogía con todos los sectores públicos, con jueces, con periodistas; la pedagogía con niños, que es absolutamente trascendental; la educación en democracia para los niños, desde la Corte, es trascendental, además de seguir defendiendo sus derechos; insistir en los temas de equidad de género, la perspectiva de género en las decisiones judiciales, en que las Cortes sean paritarias.

Y seguir defendiendo, cómo no, todos los planos de los derechos fundamentales en los que, por la vía de la tutela, la Corte se ocupa en su quehacer diario.

Es decir, la Corte tiene muchísimas tareas. Todas ellas, sin ninguna excepción, hermosas.

La Corte no puede opinar sobre esos temas, porque la Corte tiene que ocuparse de una eventual ley estatutaria que reforme a la justicia.

Pero, en general, quisiera decir, como preocupación particular de un ciudadano, que los temas de la reforma a la justicia no están tanto en el nivel central, en quién elige a los magistrados, cómo se eligen o por cuánto tiempo, sino en el acceso a la justicia, en que la gente vulnerable, joven, campesina o de los territorios tenga un juez expedito, que no esté lleno de trabajo y de procesos, que pueda resolver sus causas pronto, un juez a la mano para la gente que no tenga recursos económicos.

Digamos, el acceso a la justicia es el gran tema, más que otros temas que también son importantes. Creo que quienes se estén ocupando de eso entenderán cuáles son las particularidades, y la Corte, en su tiempo, resolverá lo que tenga que resolver.

Como filosofía es muy importante. En realidad, la tutela es la tutela y los demás procesos son los demás procesos.

Pero la idea de ‘tutelizar’ la justicia, que es una idea que se va volviendo vieja y añosa, es que los procedimientos tienen que ser céleres, que no tienen que ser necesariamente escriturarios, que tienen que estar exentos de tantos ritualismos, de tantos rotulados, de tantas autenticaciones; que la justicia debería ser menos pesada, más llevadera, más dúctil.

En esa medida, los jueces (deberían) usar un lenguaje más simpático. Uno de mis propósitos es lograr que todos escribamos más corto, más transparentes, sin tantos latinazgos, sin tantas frases rebuscadas, sin tantas palabras desconocidas.

Hacer una justicia más a la mano del ciudadano de a pie, de los niños, de las personas migrantes, de las personas con discapacidad; hacer una justicia más amable, más dúctil, más rápida, menos congestionada.

Esa es la idea y tendrá que seguir siendo la idea. Lastimosamente, somos muy procedimentalistas, y eso es un fardo que carga la justicia, del que tendría que liberarse en el corto tiempo.

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Publicado por O.R.

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