domingo 06 de diciembre de 2009 - 10:00 AM

Lesa humanidad: espada sobre más de un parapolítico

La senda de vinculaciones de políticos con delitos de lesa humanidad, a raíz de sus relaciones con grupos armados al margen de la ley, empezó a abrirse paso en Colombia de la mano de la Corte Penal Internacional (CPI).

El primer paso lo dio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el jueves pasado, al imponerle la máxima pena a Salvador Arana Sus, quien deberá permanecer en prisión por 40 años. La razón para que esta pena sea considerada un guiño a dicha posibilidad, que podría cobijar a más de uno de los llamados parapolíticos, es precisamente que la Corte la convierte en el ejemplo a seguir, pues sus pronunciamientos constituyen un precedente jurisprudencial.

No es la única razón. El cóctel de beneficios y relaciones del caso Arana y su cercanía con los grupos paramilitares, se repite de distintas maneras en un grueso número de procesos.

En ellos se deben tener en cuenta cargos como masacres, torturas, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados cometidos con posterioridad al 1 de noviembre de 2002.

'No cabe duda de que quienes fungían como voceros políticos legalmente reconocidos, realmente hacían parte de la cúpula de los grupos paramilitares', señala la Corte al abrir la puerta para evaluar los procesos que le arrebató a la Fiscalía, hace un par de meses.


CONCIERTO PARA DELINQUIR

El pronunciamiento es mucho más amplio: 'También deben ser castigadas en igual medida aquellas conductas preparatorias para la comisión de los delitos que incluyen tanto el acuerdo como el tomar parte en una actividad dirigida a ese fin, como ocurre con el concierto para delinquir agravado'.

Este último delito es precisamente el que cobija a muchos de los investigados en la llamada parapolítica. Esta razón es la que hace que por los pasillos del Palacio de Justicia se especule que la suerte de Arana está hecha para otros de los investigados por nexos con paramilitares.

'El político en su condición de miembro de la organización criminal impulsaba no sólo a obtener la permanencia del irregular grupo, sino que pretendía ejercer en espacios o crear los mismos en procura de resultar funcionales a la empresa delictiva', afirmó la Corte.

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